No emitir regulación alguna

Se evaluó la opción de no emitir regulación alguna; sin embargo, dicha alternativa no resultó viable, ya que implica que la sociedad siga consumiendo productos con sesgos de información que resultan en confusiones al momento de adquirirlos, lo cual redunda en la merma de sus intereses económicos y de consumo.

Esquemas de autoregulación

Se evaluó la alternativa de desarrollar esquemas de autoregulación, se concluyó que la alternativa tampoco es viable ya que los programas de autorregulación y difusión por sí solos no previenen la aparición de riesgos, ni otorgan seguridad jurídica a los destinatarios y a los beneficiarios de la NOM, no obstante pueden ser alternativas complementarias para dar a conocer los alcances de la regulación (NOM) en vigor una vez que se cuente con ella.

Esquemas voluntarios

Se evaluó la alternativa de atender la problemática a través de esquemas voluntarios, al respecto, la alternativa tampoco resulta viable. Una de las múltiples características que identifican a una Norma Mexicana (NMX) es el carácter voluntario de su aplicación; conforme a ello, si se procurara hacer cumplir las disposiciones obligatorias de una Ley Federal mediante un instrumento cuyo cumplimiento se realiza de manera voluntaria, se carecería de la fundamentación adecuada para su aplicación. Como se señaló anteriormente, el etiquetado establecido en una Norma Oficial Mexicana de carácter obligatorio, que refleje una adecuada correspondencia entre la denominación e información ostentadas por un producto y la composición del mismo, es el instrumento idóneo que tiene el consumidor para evitar, teniendo pleno conocimiento de sus líneas de indiferencia y restricciones presupuestales, aquellos productos que adquirir productos que realmente no desea consumir. En este tenor, dicho etiquetado, cuando se encuentra debidamente regulado en una Norma Oficial Mexicana, es el primer contacto que tienen las autoridades para verificar las denominaciones y composiciones de los productos en el mercado y para así, ubicar el origen de situaciones que vulneren los derechos de los consumidores, no siendo este rubro algo que pueda dejarse a normas de carácter voluntario, como es el caso de las normas mexicanas.

Incentivos económicos

Los incentivos económicos no representan una alternativa viable, respecto de establecer y emitir la regulación propuesta, debido a que la problemática planteada en la presente manifestación de impacto regulatorio, no se liga con la capacidad económica de los productores que elaboran bebidas alcohólicas producidas a partir de agave. Lo que se busca es atender la problemática derivada de la falta de información comercial hacia los consumidores, para evitar distorsiones en el mercado que afecten los intereses y patrimonio de estos últimos.

Otro tipo de regulación

Con respecto a la alternativa de implementar otro tipo de regulación, la inclusión de este tipo de disposiciones en Reglamentos o Leyes no es conveniente, ya que éstos documentos no establecen las especificaciones fisicoquímicas de las bebidas alcohólicas de agave, los métodos de prueba que permitan determinar su autenticidad o bien los elementos mínimos que debe cubrir su etiquetado; a su vez, en estos instrumentos jurídicos, la participación de los diversos sectores involucrados es más reducida y limitada que en una Norma Oficial Mexicana, en la que hay un proceso de consenso y de consulta pública.

Protección a los consumidores

De acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (Anexo IV) publicado por la Secretaría de Salud, un total de casi 27 millones de mexicanos (26’828,893) entre 12 y 65 años beben y presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario, por lo cual son consumidores potenciales de las bebidas afectas por la regulación que se propone. Asimismo, la regulación favorece un equilibrio competitivo entre los productores de bebidas alcohólicas destiladas, que son 599 unidades de producción según los Censos Económicos 2009 del INEGI, ya sean éstos productores de bebidas de agave o productores de otras bebidas consideradas bienes sustitutos y competidores, ya que con la regulación propuesta se establecerá un entorno de competencia más apegado al estado de derecho.

Tanto los consumidores como las unidades de producción y comercialización afectadas por esta regulación se ubican dispersos en todo el territorio nacional, por lo que el beneficio generado por la misma tendría un impacto nacional.

La totalidad de agentes antes mencionados: consumidores, productores y comercializadores con presencia en todo el territorio nacional verán, con la regulación propuesta, mitigado el riesgo de contar con información comercial poco clara y de afectación al entorno de competencia. En el caso de los consumidores se les brindará información completa para una adecuada toma de decisiones de compra, a partir de la información comercial que deben contener las etiquetas de los empaques y/o envases de aquellos productos que se ostenten como elaborados a partir de agave. Finalmente, en el caso de los comercializadores, se les brindan los elementos para evitar que indirectamente afecten los intereses de sus clientes al venderles productos que no corresponden en su naturaleza con lo manifestado en la información comercial, que a su vez les han sido suministrados por los productores correspondientes.

El beneficio que recibe el consumidor es la eliminación del riesgo existente al momento de realizar la compra de una bebida alcohólica producida a partir de agave, que no exprese su correcta denominación comercial y, en consecuencia, no tenga acceso al producto que desea por haber adquirido un producto “similar a una bebida alcohólica producida a partir de agave”, que incumple las especificaciones fisicoquímicas necesarias para poder ostentarse propiamente como tal. Una manera de medir el beneficio puede ser a través del diferencial del costo promedio total por cada litro de una bebida alcohólica producida a partir de agave ($233.74) menos el costo promedio total del producto que se denomina como “bebida de agave” cuando en realidad se obtiene a partir de agaváceas ($60), y que confunde al consumidor al momento de realizar su compra (Anexo VI y VII). Es decir, el costo social es de $173 pesos por cada litro de bebida alcohólica producida a partir de agave, ya que ahora, con la regulación propuesta su consumo estaría libre de confusión. Si consideramos que el mercado de bebidas alcohólicas está conformado por 524,884,921 de litros al año (véase grafica 1), y considerando que el 45 % de los productos de bebidas alcohólicas se encuentran en el supuesto de presentar información engañosa en su etiqueta (de conformidad con información del Anexo VIII), además de que aproximadamente el 17 % del consumo de bebidas alcohólicas apócrifas es de bebidas alcohólicas de agave apócrifas, entonces el costo social que con la regulación propuesta se evitaría y que sería igual al beneficio ascendería a $ 6,946,589,487 pesos.

$ 6,946,589,487 pesos.

Los consumidores de bebidas alcohólicas producidas a partir de agave y sus derivados.

173

1

40,153,696

6,946,589,408.00

6,492,139,633.64

Los productores que actualmente comercializan bebidas alcohólicas producidas a partir de agave, mismos que tendrán la necesidad de realizar nuevas etiquetas para los envases de sus productos, con el objetivo de denominarlos conforme las clasificaciones y denominaciones comerciales establecidas en la regulación propuesta.

142

1

40,153

5,701,726.00

5,328,715.89

$ 5,701,825 pesos.

Los costos derivados de la regulación propuesta, se relacionan directamente con la modificación que los productores de bebidas alcohólicas producidas a partir de agave, tendrán que hacer a las etiquetas de sus productos. Determinar con precisión el costo de cada etiqueta no resulta un asunto factible debido a que dicho costo depende de la estrategia comercial que cada uno de los productores elija. Sin embargo, una estimación aproximada del costo de la regulación puede determinarse si se toman en cuenta tres particularidades: a) el número de productos que tendrían que cumplir con los cambios de su etiqueta. La información actual de mercados establece que el mercado de bebidas alcohólicas apócrifas está conformado por 236,198,214 de litros al año, y que aproximadamente el 17% del consumo de bebidas alcohólicas sean de destilados de agave (de conformidad con información del Anexo V), por lo tanto 40,153,696 litros de bebidas alcohólicas a partir de agave sería la cantidad de producto que debería ser reetiquetado para cumplir con los requisitos que la regulación propuesta menciona, b) la presentación de producto más común en el mercado es de 1 litro, con lo que al ser 40,153,696 litros los que se producen de bebidas alcohólicas producidas a partir de agave, ese sería el número total de envases a reetiquetar c) el precio promedio de un millar de etiquetas, a precio de mayoreo de acuerdo con cotizaciones llevadas a cabo en el mercado, es de $142 pesos.

Consulta intra-gubernamental

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)

Se resaltó la importancia de establecer en el instrumento normativo una adecuada relación entre las especificaciones fisicoquímicas que regulan los componentes presentes en las bebidas alcohólicas producidas a partir de agave y las respectivas denominaciones comerciales que éstos productos utilizan al momento de posicionarse en el mercado, así como la necesidad de diferenciarlos plenamente de las demás bebidas alcohólicas presentes en el mercado; para con ello, evitar que se genere confusión en el consumidor, al momento de adquirir los diferentes productos.