El anteproyecto del reglamento sigue siendo discriminatorio constitucionalmente, pues no considera a las investigadoras e investigadores de universidades y centros de educación e instituciones académicas privadas la obtención del estímulo económico una vez obtenido el nombramiento. Este es un atentado en contra de los derechos humanos de quienes estamos asociados a universidades privadas, y por tanto, el Conacyt, y su directora, están incumpliendo gravemente derechos constitucionales.