Mientras que, en los considerandos, se platea que "la selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos se realizará mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad, así como orientados con un claro sentido de responsabilidad social que favorezcan el desarrollo del país", en la a realidad , el proyecto de reglamento se sustenta en un prejuicio por el que se descalifica el sentido público de la investigación que se realiza en las instituciones universitarias y centros de investigación de gestión privada y social. Esto supone una clara incongruencia entre los principios que fundamentan el proyecto y su concreción en normas discriminatorias, claramente inconstitucionales. Las y los investigadores deben ser evaluados con base en el aporte científico, en la pertinencia social y en principios éticos de su labor investigadora, además de la capacidad de aportar, mediante distintos mecanismos a la apropiación social del conocimiento con miras a contribuir al desarrollo nacional y no a partir de su inserción laboral