La propuesta de reglamento continúa discriminando a los investigadores de universidades privadas del pago del estímulo como miembros del SNI. Al menos en los términos de los artículos 32 y 33. Conacyt debe entender que no existe ningún argumento para dejar fuera a las universidades privadas de dichos apoyos, sino que se trata de una flagrante discriminación que tarde o temprano será inconstitucional.