No es de extrañar que la gente del CIDE y ProCiencia se empeñen en desacreditar esta nueva ley porque tienen su propio proyecto de ley, uno que propone más de lo mismo para que puedan conservar los instrumentos que les permitieron cometer los actos de corrupción de los que se pudieron beneficiar. Estas personas no tienen autoridad ni calidad moral para denostar el trabajo realizado por el CONACyT en el combate a la corrupción dentro de su institución así como de sus entidades coordinadas como los centros públicos de investigación, además de los trabajos que realiza para lograr la distribución equitativa y responsable de los recursos que le son asignados; y no tienen autoridad moral porque fueron estas mismas personas las que guardaron silencio mientras algunos se enriquecían con negocios privados millonarios dentro de los centros públicos de investigación, ya sea porque ellos mismos se beneficiaron o porque simplemente toleraron que sus colegas (o, mejor dicho, sus cómplices) se beneficiaran de ese tipo de negocios. Ahí tenemos a los “elefantes blancos” de estos centros que se sirvieron de los Fondos Mixtos para “realizar proyectos de infraestructura para el aumento de capacidades de ciencia, tecnología e innovación” que ni se terminaron, se abandonaron o se utilizaron con otros fines que nada tenían que ver con actividades de CTI, tal es el caso de del Consorcio Tecnológico de Baja California que hoy en día son simples oficinas del gobierno estatal. O que tal el consorcio para el estudio de zonas metropolitanas CentroMet (creado durante el periodo de Enrique Cabrero como director del CONACyT) donde en lugar de ir a trabajar, los responsables de este consorcio se la pasaban de viaje en el extranjero, incluida la esposa del entonces director del consejo… Por eso solicito a las y los legisladores que aprueben este proyecto de ley para que sirva como base para impedir que se vuelva a caer en este tipo de actos de dispendio y corrupción.