La propuesta de ley pretende subordinar la investigación del país a un órgano de gobierno y a su agenda. La ciencia, tecnología e innovación no se hace solo en las instituciones académicas y requiere de la coordinación, la libertad y la autonomía de diversos agentes públicos y privados. Tampoco se puede centralizar en la federación. El proyecto de ley si bien establece principios generales importantes de respeto a la libertad, descentralización y autonomía, en diversos de sus artículos se contradice. Da menos autonomía a las instituciones, pretende hacer de los centros públicos órganos obedientes burocráticos, desestima la pluralidad de razones, fuentes, métodos y aspiraciones de investigación. En el mencionado anteproyecto se confunde gobierno con Estado: se le llama Consejo de Estado (CE) a un órgano gubernamental que regiría el Sistema Nacional de CTI, cuya coordinación ejecutiva recaería en la dirección general del Conacyt, la presidencia la ejercería quien ocupe la Presidencia de la República y además estaría conformado por el total de los titulares de las Secretarías federales. No se considera en este órgano representación y análisis crítico de las instituciones de educación superior (IES), públicas y privadas. Estas tendrían un papel secundario como integrantes de un Consejo de Articulación cuya reducida función estaría, en el mejor de los casos, a promover “la expresión de la comunidad, así como de los sectores social y privado, para la formulación de propuestas relacionadas con políticas y programas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”. Una agenda de Estado no puede ser la agenda de un gobierno particular y la pluralidad de voces y métodos científicos se ven prejuiciados en varios de los apartados de la ley propuesta. El Pronaces es un esquema de priorización de un gobierno específico (el presente). No es necesariamente una agenda de Estado si no se ha generado a través de una participación transparente, amplia, creíble y legítima de IES privadas y públicas, empresas, entidades federativas, sociedad civil (como de hecho Pronaces terminó siendo). Supeditar el financiamiento de proyectos, el ingreso, estabilidad o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, y la definición de becas de posgrado a su supeditación a PRONACES es una forma autoritaria de sesgar la política de ciencia, tecnología e innovación a la discrecionalidad de una agencia gubernamental de un gobierno que puede cambiar prontamente dada la alternancia democrática. La libertad de investigación y la autonomía universitaria serían afectadas negativamente, de facto, a pesar de que en el propio anteproyecto asegura que se respetará la autonomía. El ejemplo actual de la violación de estatutos de varios centros de investigación es un ejemplo de la visión centralizadora y burocrática que esta ley pondría en blanco y negro. En suma, este es un proyecto de ley que da varios pasos atrás al entender la ciencia, tecnología e innovación como actividades supeditadas al control de una agencia gubernamental y un gobierno específico, en contra de los espacios de debate, descentralizados y plurales a través de los cuales la ciencia y la tecnología se desarrolla en centros públicos, IES, empresas, y sociedad civil se desarrollan.