El Anteproyecto de LGHCTI impone costos significativos, incrementa riesgos de pérdida de capacidad de investigación e ingresos para instituciones públicas y privadas. CONACYT no cuenta con personal y recursos para nuevas funciones. Los criterios de propiedad intelectual y derechos de autor y los Mecanismos e Instrumentos Públicos de fomento, imponen costos y general riesgos por: 1. Genera nuevos trámites y negociaciones (párrafos 2 a 4 del Art. 36): a) las obras se consideran patrimonio cultural nacional y CONACYT será titular de los derechos en los proyectos que financie salvo pacto en contrario; b) cuando concurra financiamiento de beneficiarios, terceros y CONACYT los derechos se asignan a prorrata; y c) las licencias y regalías se definen en instrumentos normativos y convenios. Esto genera carga administrativa para las Instituciones y para CONACYT. 2. Participar en el Sistema Nacional de Información (Art. 51 y 52) es obligatorio para universidades, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales, empresas sociales y privadas. Todas deberán colaborar con la integración y actualización del sistemas aún si no reciben fondos de CONACYT. 3. Dar acceso abierto a resultados de investigación genera desventaja a investigadores nacionales y pone en riesgo publicaciones y patentes. 4. Subir al sistema trabajos de titulación y equivalencias de becarios y posdoctorantes pone en conflicto con normas de propiedad de universidades extranjeras y obliga a negociaciones costosas y farragosas. Puede poner en desventaja a mexicanos y cancelar proyectos valiosos.