Defender esta ley es defender a la propia ciencia la cual se encontraba secuestrada por una visión reduccionista y mercantil al servicio de unos cuantos. Además, refrenda al Conacyt en su papel como cabeza del sector en materia de HCTI para articular y aumentar más capacidades nacionales en esta materia, algo que los gobiernos neoliberales dejaron de lado, es más, lo relegaron para dejar que las empresas y otras instituciones usurparan estas facultades para dirigir el rumbo del desarrollo científico del país, degradándolo hasta convertirse en un simple dispersor de recursos públicos destinados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación; lo peor del caso es que esta dispersión era completamente desigual y arbitraria, por ejemplo, a muchos se les olvida como las becas estaban acaparadas y distribuidas conforme a amiguismos y prácticas nepotistas, lo que propició la tan conocida fuga de cerebros que, por la falta de apoyos y estímulos a las y los estudiantes e investigadores en la materia, estos se vieron forzados a salir de su país de origen, al encontrar mejores oportunidades en otros países que sí apostaban por el conocimiento científico y tecnológico para el bienestar de sus propias naciones y esta apuesta se traducía en mayor presupuesto para el desarrollo de dichas actividades, lo cual no se vio reflejado en México y basta con recordar que gracias a la política neoliberal en la materia, de 2013 a 2018 el gasto en investigación científica y desarrollo experimental disminuyó del 0.43% al 0.31% del PIB, cuando esa misma tecnocracia a cargo del sector se había fijado como meta alcanzar el 1%. Se favorecieron proyectos que poco o nada tenían que ver con el desarrollo de CTI, dichos proyectos eran en su mayoría pertenecientes al sector privado quienes se sirvieron de los recursos públicos para financiar sus proyectos particulares y sin devolver nada al Estado, esta supuesta “inversión” que fomentaba la participación del sector privado para desarrollar la “innovación” que tanto necesitan los diversos sectores de nuestro país, incluyendo los de salud e industrial, apostó por la mal llamada “economía basada en el conocimiento” bajo la promesa de impulsar el desarrollo económico del país, promesa que, por cierto, nunca se cumplió y por si fuera poco la dependencia tecnológica continuó acrecentándose. No sólo es irresponsable sino también mezquino afirmar que devolver al Conacyt la rectoría del sector (objeto por el cual fue creado desde un principio) es centralizar la gobernanza de este sector, pues al leer este anteproyecto se puede constatar que su papel será el de ser el agente articulador y vinculador entre la sociedad, academia, sector industrial y gobierno, todo ello, con el propósito de democratizar el desarrollo integral y sustentable del país que, dicho sea de paso, fue completamente ignorado por las administraciones pasadas y se aceptaron condiciones que atentan contra la salud y el medio ambiente, y para prueba de ello hay que recordar algunas de las relaciones heredadas por el TLCAN que propiciaron mecanismos de dependencia económica, científica y tecnológica. Por el contrario, este proyecto apuesta por la democratización de las actividades de HCTI y el fortalecimiento de las capacidades en dichas materias, con la finalidad de atender articuladamente las prioridades regionales, lo cual no podría ser posible sin la valiosa participación de sus centros de investigación. En este orden de ideas, no podemos dejar de remarcar que, para que nuestro país se encuentre en posibilidad de hacer frente a todos los grandes problemas que adolece, es necesario poner todos los esfuerzos y las capacidades posibles a la atención de estos, de modo que lo que estigmatizan como agenda de estado no es más que responder con responsabilidad y justicia a la realidad de nuestro país, anteponiendo el interés nacional y el bienestar de su población a los intereses particulares de unos cuantos, y esto es una deuda histórica que el gobierno de la Cuarta Transformación está tratando de enmendar.