Esta propuesta de ley pretende subordinar toda la investigación pública del país a los sesgos ideológicos, fobias y filias de la directora general de Conacyt. En este proyecto se pueden dilucidar dos amenazas críticas a la libertad de investigación, a la autonomía universitaria y a la capacidad de acción y decisión de las entidades federativas: 1) La concentración del poder para la toma de decisiones y 2) la concentración del dinero para el financiamiento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en una sola institución: Conacyt. Concentración del poder. En el mencionado anteproyecto se confunde gobierno con Estado: se le llama Consejo de Estado (CE) a un órgano gubernamental que regiría el Sistema Nacional de CTI, cuya coordinación ejecutiva recaería en quien ocupe la dirección general del Conacyt, la presidencia la ejercería quien ocupe la Presidencia de la República y además estaría conformado por el total de los titulares de las Secretarías de Estado (19) y solamente 4 ó 5 representantes de las entidades federativas. De esta manera se minimiza a las entidades federativas, y se relega de la toma de decisiones a los sectores social y privado, además de a la comunidad académica en su conjunto (cada uno con un representante -sin voto- designado por el propio Conacyt). No habría en este CE nadie que represente a las instituciones de educación superior (IES). Estas (sólo 5) tendrían un papel secundario como integrantes de un Consejo de Articulación cuya única labor sería promover “la expresión de la comunidad, así como de los sectores social y privado, para la formulación de propuestas relacionadas con políticas y programas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, a ver si alguien les hace caso. Este llamado CE establecería una Agenda de Estado (AE), que en realidad sería la agenda del gobierno federal en turno, que dictaría los temas de investigación en humanidades, ciencia, tecnología e innovación que realice el Estado (ahora sí, incluyendo a todo el sector público). Estos temas serían los destinatarios “preponderantes” de los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo (el dinero). Aún antes de que se apruebe una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy se ejercen estos condicionantes. El financiamiento de proyectos por Conacyt; la entrada, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores y el otorgamiento de becas de posgrado están supeditados a que formen parte en alguno de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Se cierran ya las puertas a temas fundamentales que no están incluidos en dichos programas. Así, de aprobarse la propuesta de ley del Conacyt, las IES ya no tendrían autonomía para definir sus labores de investigación: deberán formular anteproyectos que deberán ser aprobados por el CE para que se les otorgue presupuesto. La aprobación dependería de si se apegan a las prioridades y criterios establecidos por el propio CE. Esto incluiría las nuevas plazas para personal de investigación y la infraestructura que se compre o construya. Concentración del dinero. Para no dejar cabos sueltos, en el mencionado Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se pretende “consolidar” el presupuesto federal total para CTI en el ramo 38 (Conacyt), y ese presupuesto deberá ser aprobado por el CE. Es decir, ya sin financiamiento otorgado por la SEP (que, como el resto de las Secretarías de Estado, ya no manejaría presupuesto para CTI) las IES, incluyendo las autónomas, tendrían que ajustarse estrictamente a lo dictado por el CE. La libertad de investigación y la autonomía universitaria serían violadas de facto a pesar de que en el propio anteproyecto se asegura que no habría “menoscabo de la libertad de investigación, así como de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por Ley”. En conclusión, está en sus manos y quedará para la historia, si promulgan una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que le otorgue al país bases sólidas para su desarrollo científico y tecnológico, base de su progreso, o aceptan una ley para la creación de “fábricas de ciencia”. Debe elaborarse una propuesta por el bien del país y sus habitantes, no de un gobierno que debería ser transitorio.