El Instituto Nacional de Desarrollo Social surge por la necesidad de dar un cause a las demandas de la sociedad civil organizada, para tener un punto de encuentro entre estas organizaciones y el gobierno federal a fin de hacer partícipe a la sociedad de las decisiones que antes correspondían únicamente al ejecutivo. Hoy se desconoce con esta propuesta de reforma el trabajo de toda la sociedad civil, se desvanece la casa de las organizaciones, los programas sociales que las fomentaban, las fortalecían y las capacitaban, en cambio persisten las obligaciones, por lo que queda claro que la perspectiva del gobierno actual no es de diálogo con las organizaciones sino de control. De igual manera esta clara la falta de técnica jurídica al momento de legislar, ya que en lugar de buscar la armonía legislativa, únicamente se realizan propuestas de modificaciones que no persiguen este fin y cuya emisión solo tendrá por resultados la invalidez jurídica de los actos emanados por uno de los órganos más importantes, dado que el artículo 28 bis en su fracción XIV estipula que entre las atribuciones de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social se encuentra fungir como la Secretaria Técnica de la Comisión de Fomento a las Actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en clara contravención a lo estipulado por el artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, la cual indica que se requiere como mínimo un rango de subsecretario u homólogo, por lo que los actos que de esta comisión emanen estarán viciados de nulidad por ser emitidos por una autoridad sin facultades suficiente para ello. No obstante lo anterior, es de notar que el rango de toma de decisión para este órgano es aún mas restrictivo y baja de nivel, por lo que el impacto de sus decisiones es aún menor.