Apoyo este decreto porque contribuye a garantizar los derechos a la alimentación y al medio ambiente sano. Tal como lo establecen el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales a los que México se ha adherido, el decreto reconoce que los derechos humanos deben prevalecer sobre acuerdos o consideraciones comerciales y deben ser garantizados y protegidos. El decreto además impulsa políticas públicas que promueven una transición con enfoque agroecológico para reducir el uso de sustancias químicas tóxicas. Esto resuena con las recomendaciones del Consejo General de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre justicia en materia de salud, ambiente y trabajo, del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que el Estado Mexicano prohíba la importación y uso de cualquier plaguicida que ponga en riesgo la salud de la población infantil, así como del llamado del Relator Especial de Naciones Unidas respecto a las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosos para que los Estados prevengan la exposición a las sustancias químicas tóxicas.