El presente es un instrumento programático que establece directrices que deberán seguir las autoridades competentes en materia de la planeación y operación energética. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, el documento en cuestión puede considerarse como una Política Energética y se debe sujetar al procedimiento de mejora regulatoria previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) y cumplir con los plazos y obligaciones establecidas en la misma. El instrumento propuesto causa afectaciones a la industria eléctrica mexicana, en materia de competencia económica y libre concurrencia, en este sentido y con el objetivo de otorgar certidumbre a los generadores que participan en el mercado, y a las inversiones planeadas y futuras en proyectos de energía, es indispensable un Análisis de Impacto Regulatorio. El instrumento debe trazar un programa para alcanzar precios competitivos de electricidad para los usuarios finales (incluyendo el sector productivo), evitar distorsiones a las condiciones de competencia, evitar afectaciones a las finanzas públicas, crear en el mediano plazo un sistema eléctrico acorde con la capacidad productiva del país, reducir los costos sociales y ambientales de la generación eléctrica. También es menester hacer de conocimiento público el fondo técnico y financiero de cada una de las “Acciones puntuales” identificadas en la sección 7, esto con la finalidad de que los participantes del mercado y otros interesados puedan ser activos en la formulación de soluciones, así como para generar certidumbre a las actividades del sector y a los planes de inversión.