El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC),  el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),  Greenpeace México A.C. y Sustentabilidad y Salud para el Bienestar S.C., presentan los siguientes comentarios al Programa Sectorial de Energía 2020-2024 sometido a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Lo anterior, de conformidad con los artículos 1°, 4°, 25 y 26 constitucionales recordando  que este Programa,  además de establecer los  objetivos y prioridades del sector energético,   está sujeto a las  disposiciones constitucionales  de derechos humanos por lo que su contenido  ha de contribuir al  cumplimiento  de los mismos. Así pues,  este Programa al formar parte del Sistema Nacional de Planeación, debe apegarse además al contenido de  la Ley de Planeación, en cuyo Artículo 23, señala que “los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan (referido al Plan Nacional de Desarrollo) y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán, asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución”.    De acuerdo a las modificaciones del Artículo 26 Bis, señala también que los programas derivados del Plan deberán contener al menos, los siguientes elementos:   I.- Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa, así como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el Plan; II.- Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan; III.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos del programa; IV.- Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas en cada programa indicando la dependencia o entidad responsable de su ejecución; V.- Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del programa,   Mientras que el Artículo 28 (reformado el 16 de febrero de 2018) señala que el Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.   Dichos comentarios fueron también enviados de manera electrónica al correo: contacto@conamer.gob.mx Al respecto, comentamos los siguientes elementos que se presentan por objetivo,  Estrategias/Actividades  y Comentario/ Propuesta   Objetivo 1. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional.   Estrategia prioritaria 1.2 Incrementar la inversión en actividades de exploración y extracción, así como valorar las posibilidades de diversificación de la cartera de proyectos y tomar las medidas emergentes que permitan alcanzar las metas de producción para garantizar el suministro de hidrocarburos en territorio nacional   Incrementar la inversión en las actividades de exploración y extracción de petróleo traerá una mayor dependencia a los combustibles fósiles, que son la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero en México. Lo anterior, pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue adoptado en la Ley General de Cambio Climático y  la de Transición Energética. En torno al señalamiento de que diversificarán los proyectos y se tomarán medidas emergentes que permitan alcanzar las metas de producción, resulta preocupante que dentro de estas estrategias se impulse la explotación de hidrocarburos no convencionales por fracturación hidráulica. Esto en un contexto en el cual el Plan de Negocios de Pemex 2019-2024 incluye la apuesta a este tipo de explotación, cuando se están asignando y ejerciendo presupuesto público a proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requiere el uso de fracturación hidráulica y cuando desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos se han seguido dando permisos para Planes de Exploración en yacimientos no convencionales. Avanzar en este tipo de proyectos supone profundizar un modelo fósil con fuertes impactos sociales, ambientales y climáticos negativos que contraviene las obligaciones y compromisos del Estado mexicano sobre cambio climático, protección ambiental y derechos humanos. En este sentido, es urgente detener el uso de la fracturación hidráulica, tal y como lo comprometió el gobierno en el compromiso 75 de su Plan de Gobierno, mediante medidas administrativas y legislativas para prohibir legalmente su uso.  De acuerdo con la Sexta Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático, la inacción climática, es decir, el no cumplir con las metas de reducción de 22% de emisiones de GEI para 2030, representaría pérdidas económicas en los tres centros urbanos más importantes del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) de más de 1,000 millones de dólares durante el decenio que comprende 2020 y 2029. Estrategia prioritaria 1.3 Incrementar la inversión en mantenimiento, rehabilitación y reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación (SNR), así como asegurar la inversión requerida para la construcción de una nueva refinería y la implementación de almacenamiento de petrolíferos   Asegurar la inversión para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.   El terreno elegido para la construcción de Dos Bocas, además de no presentar condiciones de viabilidad pues es una zona altamente inundable,  implicó la destrucción de manglares, especies amenazadas, protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059, en un sitio prioritario de este ecosistema, que proporcionan un sin número de servicios ecosistémicos de gran valor económico, como la protección de las costas y la producción de especies de peces de importancia comercial.    La refinería emitirá 2.16 millones de  toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) de manera anual, incluyendo emisiones con fuertes impactos negativos en la salud, como los óxidos de nitrógeno, el   monóxido de carbono, el dióxido de azufre y las partículas suspendidas.  Con un costo estimado en 190,400 millones de pesos su  construcción supondría 45 años de presupuesto operativo para programas de   calidad del aire en todo el país y un aumento significativo de emisiones de   gases de efecto invernadero. En 20 años se estima que emitirá 42.3 MtCO2e, lo que es incompatible con los compromisos de México para reducir emisiones y  evitar un aumento de la temperatura global por encima de 1.5 grados centígrados y de la disminución del 36% (GEI) establecido en el aumento de ambición climática de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).   Se exige que el PROSENER integre una evaluación exhaustiva así como un plan en el cual se establezcan los riesgos e impactos ambientales, económicos, climáticos y sociales negativos de la refinería y las posibilidades de que estos sean evitados. De no ser esto posible, el proyecto no debe ser implementado.  Estrategia prioritaria 1.6 Desarrollar proyectos de generación de energías renovables para contribuir a la soberanía energética de manera ordenada y sostenible.   Establecer en la planeación del SEN, en las Reglas del MEM, en las Bases del mercado y Manual de liquidaciones, lineamientos para la incorporación de energías renovables intermitentes, de manera que asegure la eficiencia, calidad, Confiabilidad, seguridad y sustentabilidad.    Se destinó 95.7% de los recursos de la SENER a la explotación de fuentes fósiles, frente a la asignación de tan solo 1.3%  a actividades que permiten lograr una transición energética en México. En este sentido, los compromisos incluidos en el Programa Sectorial de Energía deben ser traducidos en una asignación y ejercicio de presupuesto público que permita poner en marcha una transición energética justa desde el sector público.   El Acuerdo de Política de   Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico  Nacional actualmente suspendido, no puede ser la base del Prosener. Este Acuerdo limita la penetración de fuentes de energía renovables al ofrecer una mayor participación de plantas de generación eléctrica nocivas, tales como las termoeléctricas a base de combustóleo o las carboeléctricas.   A esta estrategia es fundamental integrar el compromiso de que habrá un plan de inversión pública para alcanzar la transición hacia fuentes de generación de energía renovable, primariamente, solar, eólica y geotérmica.  Asimismo, se requieren políticas para reducir la intensidad energética de la sociedad mexicana, lo que incluye una serie de acciones transversales a todos los sectores del Estado y la sociedad. La transición debe hacerse desde una visión de justicia social y de garantía, promoción, respeto y protección de los derechos humanos y los derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales, autonomía y consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. En este sentido, resulta clave lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de que se “impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a pequeñas comunidades aisladas”, aunado a que “la transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo”.   Objetivo 2. Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.   Estrategia prioritaria 2.2 Fortalecer a Pemex para garantizar la Rectoría del Estado, y la seguridad y soberanía en materia de producción y suministro de hidrocarburos   Pemex se encuentra en estado de franco endeudamiento, y reducir el presupuesto del aparato público para “salvar” a Pemex tiene un gran riesgo económico y  pone en riesgo  el cumplimiento  de otras obligaciones del Estado mexicano  en el sector salud,  social y ambiental.   Es necesario que se presente un plan sobre el origen de los recursos que usarán para realizar el fortalecimiento de Pemex y en donde se haga un análisis costo-beneficio de dichas inversiones. Además, es imperativo que el sector público fortalezca sus instituciones para la transición energética, en lugar de seguir apostándole a la empresa productiva del Estado encargada de explotar gas y petróleo. Ante la emergencia climática y los compromisos del Estado mexicano para reducir emisiones, es urgente sentar las bases institucionales para la transición energética justa.    Objetivo 3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la transición energética de México a lo largo del siglo XXI.   Estrategia prioritaria 3.1 Coordinar y aumentar todas las capacidades de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas, en relación con la energía, para formar masas críticas que permitan la Transición Energética Soberana de México.   Alinear a los institutos y fondos públicos del sector a la Agenda, para reducir los costos de producción y la dependencia tecnológica de las EPE; promover el desarrollo industrial nacional y el mercado interno, y avanzar hacia la transición energética soberana y sustentable.   Establecer y coordinar una política integral, en el marco de la Agenda, para la transición del transporte de bienes y personas basado en hidrocarburos; hacia un sistema de vehículos eléctricos de producción nacional, que utilicen energías renovables generadas con equipos producidos en México.   Es necesario que SENER presente dentro de su planeación, propuestas para incentivar el uso de vehículos eléctricos en actual comercialización, particularmente para transporte público, y no solo hablar de vehículos que se producirán nacionalmente, sino aquellos que ya pueden ser vendidos en territorio nacional y que hoy cuentan con importantes barreras en cuanto a aranceles se refiere y que requieren de infraestructura de recarga para hacerse operativos.   Estrategia prioritaria 3.2 Alinear investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación de especialistas del INEEL e ININ, con las necesidades actuales y prospectivas de la industria eléctrica, así como acelerar su incorporación a los procesos productivos de la CFE   Coordinar la investigación científica y tecnológica de las aplicaciones para usos pacíficos de la energía nuclear, en los sectores salud, agrícola e industrial.   Coordinar la instrumentación de proyectos de cooperación internacional, para impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el sector energético nacional.   Conducir los esfuerzos de cooperación hacia puntos de interés focal para México, tomando en cuenta los aportes diversos de las contrapartes internacionales, con el objeto de alcanzar capacidades científicas superiores en México.   Se habla de la coordinación científica y tecnológica para aplicación de energía nuclear, pero en ningún lado se señala el actual plan para tratamiento de Laguna Verde. Es fundamental que toda discusión en materia de energía nuclear se lleve a cabo bajo criterios sociales, ambientales y económicos. La energía nuclear tiene severos impactos socio-ambientales de largo alcance, cuya mitigación a través del tratamiento adecuado de residuos es altamente costoso, recursos con los que actualmente México no cuenta, y cuyo uso debería enfocarse en la diversificación energética con fuentes renovables y control de la demanda. En general, la ampliación de la energía nuclear no debe ser una opción para México por sus altos costos económicos y sociales y ambientales.  Es fundamental que el programa establezca con mayor claridad la manera en que se llevará a cabo la cooperación internacional para lograr la transición energética con fuentes renovables.  Objetivo 4. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el territorio nacional.   Estrategia prioritaria 4.1 Establecer una política en materia de diversificación de fuentes de energía, aprovechando de manera óptima todos los recursos de la nación, avanzando en el uso de Energías Limpias y renovables, para garantizar una Transición Energética Soberana y ordenada   Incorporar a la planeación de la transición energética, criterios para decisiones de inversión en energías primarias, según demandas y disponibilidades, considerando el balance energético, los costos e impactos ambientales y los compromisos internacionales relacionados con el Cambio Climático.   Incorporar a la normatividad de planeación urbana y territorial, criterios que reduzcan la demanda energética en las actividades económicas y sociales, para satisfacer los requerimientos de transporte público, movilidad de la población, así como de mercancías y servicios. Establecer en la política de eficiencia energética, el aumento del rendimiento de equipos de iluminación en procesos productivos, espacios públicos y domésticos; y el uso de energías renovables, sistemas de almacenamiento, conversión de corriente y tecnologías de interconexión a la red eléctrica.    Es necesario que “los costos e impactos ambientales y los compromisos internacionales relacionados con el Cambio Climático”, se tomen en cuenta en toda la política energética y  no solo para el aprovechamiento de fuentes de energía renovable. Los proyectos energéticos de cualquier índole deben garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos y los derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales, autonomía y consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas y campesinas.  Estrategia prioritaria 4.2 Reducir la emisión de GEI mediante tecnologías aplicables a los diversos procesos; así como capturar por medios naturales y mitigar las emisiones, a través de acciones de eficiencia y aumento del rendimiento energético   Incorporar el efecto de la política de ampliación de los recursos forestales de la nación, que se lleva a cabo mediante el Programa Sembrando Vida, como mecanismo natural de captura de emisiones de GEI, y contribuir a su ampliación y consolidación. Fomentar cambios tecnológicos y normativos para transitar hacia la generación eléctrica, conectada y no conectada a la red, con fuentes renovables.   El Programa Sembrando Vida no es capaz de absorber las emisiones que la política de hidrocarburos trae consigo, por lo que se demanda que la Secretaría de Energía presente un plan en el que se establezca con claridad cuál será el plan de mitigación de gases de efecto invernadero derivados de proyectos como Dos Bocas y la rehabilitación de refinerías, además de la operación de Termoeléctricas como la de Tula. En este sentido, la única medida de verdad eficaz para reducir emisiones es limitar la explotación y quema de gas y petróleo, por lo que se requiere un plan público encaminado a llevar a cabo esta transición. Estrategia prioritaria 4.3 Incrementar la producción de DUBA Impulsar los proyectos para la reducción de azufre en la producción de diésel en las refinerías del SNR para contribuir a la disminución de emisiones contaminantes    Pemex lleva más de 10 años de incumplimeinto de la norma para desulfurización de diesel, primero norma 086 y ahora 016. En este sentido, es fundamental que se presente un plan para dar cumplimiento a dicha norma y se distribuya diesel de ultra bajo azufre en todo el país, así como que se garantice que la rehabilitación de las refinerías, y la propia Refinería cuente con tecnología para producir diesel de ultra bajo contenido de azufre. Para ello es fundamental que se presente un plan presupuestal anual.  Estrategia prioritaria 4.4 Optimizar el uso de combustóleo y reducir su contenido de azufre para su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica Aprovechar el combustóleo para la generación eléctrica, con la aplicación de tecnologías de reducción de emisiones y reducción de azufre, que haga posible la utilización de infraestructura existente ya amortizada, a precios razonables para Pemex y CFE, en función de las necesidades de suministro  -  Las 30 termoeléctricas que operan en México, son grandes fuentes de contaminación. El ejemplo es la Termoeléctrica de Tula, que utiliza combustóleo al 80%, mismo que es un residuo de la refinación de petróleo, con más de 4% de azufre. La operación de esta termoeléctrica emite el 56% de las partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), que tienen severos impactos a la salud de la población; además de emitir el 75% de los Óxidos de Azufre, y el 43% de los Óxidos de Nitrógeno en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula. Lo anterior también es causa de la lluvia ácida con afectaciones en la agricultura. Se estiman un impacto de 14,000 muertes prematuras anuales en Tula y en la Zona del Valle de México a causa de la operación de la termoeléctrica. Por lo anterior es insostenible ambiental y socialmente que Pemex venda combustóleo a CFE para operación de termoeléctricas o de cualquier otra actividad. En este sentido, es fundamental que se establezca  con claridad el plan que será implementado para reducir el azufre del combustóleo  y que se presente un plan de atención ante daños ambientales y sociales derivados del uso de dicho combustible.   Estrategia prioritaria 4.5 Implementar instrumentos de planeación acorde a las metas establecidas en la LTE y la LGCC, que permitan incorporar acciones concretas enfocadas a la diversificación de la matriz energética para reducir la pobreza y dependencia energéticas   Colaborar con la información estadística que se incluya en la plataforma oficial de información del sector energético, para la actualización del diagnóstico de vulnerabilidad del sector energético, programas y estrategias integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.   Incrementar el uso de la energía termosolar, geotérmica, eólica, hidroeléctrica, oceánica, cogeneración eficiente, gas natural y de biogás para su aplicación doméstica e industrial. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios y de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. El presente programa tiene como objetivo fortalecer la industria de hidrocarburos, lo que lo hace incompatible con los compromisos adquiridos por México en materia de cambio climático. Por ello, solicitamos que el presente programa establezca un claro plan que permita hacer compatible la política energética con las metas de cambio climático, plasmadas en la Ley General de Cambio Climático, a través de un plan de descarbonización que permita la reducción real de emisiones de GEI del sector energético. Lo anterior integrando un análisis de costos y una estrategia de inversión pública durante la operación del programa.  Objetivo 5. Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo.   Estrategia prioritaria 5.1 Implementar mecanismos que permitan disminuir la pobreza energética de la población con rezago social y económico. Aumentar el nivel de electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Atender las necesidades en materia energética en las unidades de producción rural, a través de tecnologías renovables que tiendan a la autosuficiencia energética.   Para avanzar en esta dirección en el contexto de emergencia climática, es necesario que se establezca un plan público que permita que las comunidades puedan acceder a energía generada por fuentes renovables y participar de su generación. En este sentido, cabe recordar los señalado en el PND 2019-2024 de que se “impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a pequeñas comunidades aisladas”, aunado a que “la transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo”. Las políticas, programas, proyectos y acciones en esta materia deben garantizar, promover, proteger y respetar los derechos humanos y los derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales, autonomía y consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas y campesinas.  Es imperativo que la atención a esta estrategia no se haga mediante el impulso de nuevos proyectos de generación de energía basados en combustibles fósiles, cuyos impactos ambientales, climáticos, sociales y en derechos humanos no permiten atender la pobreza energética desde una visión de justicia social de las presentes y futuras generaciones. Estrategia prioritaria 5.4 Promover la integración de poblaciones y comunidades en los proyectos del sector energético. Impulsar la implementación de los planes de gestión social que permita la sostenibilidad de los proyectos a través de la ejecución de medidas de mitigación, compensación y de maximización de los impactos sociales positivos. Implementar la consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas que sean susceptibles de ser afectadas por un proyecto del sector energético. Implementar la consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas que sean susceptibles de ser afectadas por un proyecto del sector energético. Propiciar negociaciones para la ocupación superficial de tierras para el desarrollo de proyectos del sector energético que sean transparentes, justas y equitativas. Impulsar la evaluación de la conveniencia de instrumentar programas de apoyos focalizados a poblaciones vulnerables. Es fundamental que para reducir la pobreza energética se cuente con una estrategia de involucramiento de comunidades y poblaciones no conectadas a la red. En este sentido, es importante que las políticas, programas, proyectos y acciones en esta materia  garanticen, promuevan, protejan y respeten los derechos humanos y los derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales, autonomía y consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, promoviendo esquemas que incorporen a las comunidades en las decisiones e implementación de las políticas y proyectos, cuando así lo decidan y tal como se establece en el PND 2019-2024. Lo anterior como una vía para generación de empleos y para democratizar la tecnología renovable haciéndola de acceso universal. Esto último requiere de generación de incentivos y de esquemas financieros que permitan a poblaciones de escasos recursos acceder a dichas tecnologías.  Aunado a ello, es fundamental que la SENER establezca un plan de intervención y se cuente con una tercera institución que facilite dichas negociaciones cuando se trate de proyectos de la CFE, en cuyo caso debe haber imparcialidad.  Objetivo 6. Fortalecer el sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas. Estrategia prioritaria 6.4 Generar y mantener condiciones de apoyo y de servicios administrativos óptimas, para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la gestión pública en el sector energético   Garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información, de petición y de protección a los datos personales de los ciudadanos, así como promover la cultura de la transparencia.   El sector energético es fundamental para el desarrollo social, ambiental y económico del país, por ello es fundamental que se establezcan procesos transparentes y  en donde se establezcan diálogos amplios con diversos actores de la sociedad, académico, gubernamental, civil, indígena, y en donde haya procesos de toma de decisiones sin violentar los derechos humanos de la mayoría.  Se demanda que en este Objetivo 6 se integre un plan claro que asegure que las políticas del sector energético se apeguen al respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales, autonomía y consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, así como que garanticen la equidad de género. Igualmente, deben garantizar la sustentabilidad del sector en el corto, mediano y largo plazo, a través de la diversificación energética. Estrategia prioritaria 6.4 Generar y mantener condiciones de apoyo y de servicios administrativos óptimas, para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la gestión pública en el sector energético   Administrar los recursos destinados al desarrollo de los programas transversales presupuestarios relacionados con ciencia, tecnología e innovación; Proigualdad; Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Limpios; y para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático.   Incorporar las tareas dispuestas en torno al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.   Es fundamental que el Programa del sector integre una estrategia económica, fiscal y financiera que permita reducir la carga fiscal al sector, y que permita la generación de ingresos que ayuden a implementar los proyectos de diversificación energética y eficiencia energética que se requieren.