Con fundamento en los artículos 35 fracción II y 41 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la regulación propuesta impacta directamente en alguna actividad económica, además de ser un instrumento que representa beneficios notoriamente superiores a sus costos en términos de la competitividad y eficiencia de los mercados. Por lo anterior, la regulación propuesta requiere de un análisis de impacto regulatorio y debe ser sometida a consulta pública.