Proyecto de Posición Institucional de FinTech México sobre el Proyecto de Disposiciones aplicables a las Redes de Medios de Disposición La Asociación FinTech México propone ser el articulador que coordine mesas de trabajo con sus más de 200 afiliados. Esto, con el ánimo de que las autoridades conozcan de primera mano la posición del gremio FinTech al elaborar una regulación que se ajuste a las necesidades y características del mercado mexicano, contribuyendo a la construcción de acuerdos de industria que impulsen el mercado digital, la inversión y la inclusión financiera en el país. México vive una profunda transformación impulsada por la tecnología y los servicios financieros digitales. El sector FinTech se ha consolidado como motor estratégico para el desarrollo económico y la inclusión social, creciendo a un ritmo cercano al 20% anual. Hoy, más de 70 millones de personas utilizan servicios FinTech en el país y se estima que, para 2027, esta cifra ascenderá a 86 millones. Las empresas FinTech han demostrado su capacidad para ampliar el acceso y mejorar la inclusión financiera, especialmente para segmentos desatendidos, permitiendo abrir cuentas, realizar pagos y acceder al ahorro sin necesidad de acudir a una sucursal física. Modelos alternativos de evaluación, como el uso de datos transaccionales y comportamiento digital, han permitido que usuarios sin historial o sin relación previa con la banca accedan por primera vez a tarjetas de crédito y débito, incorporándose al sistema financiero formal. La tecnología ha permitido a las FinTech ofrecer productos más eficientes diseñados a la medida del usuario y operando un modelo de negocios que permite ofrecer productos sin comisiones, pero que a su vez hace su viabilidad más dependiente de la cuota de intercambio. A la vez, muchos comercios que antes no tenían acceso a servicios financieros aceptan hoy pagos con tarjeta gracias a los esfuerzos que los emisores FinTech han realizado por incluir financieramente a la base de la pirámide que había estado excluida por los jugadores tradicionales; y a la penetración de los servicios de los agregadores y adquirentes no bancarios que han atendido a un mercado tradicionalmente excluido. En este contexto, entendemos la disposición de las autoridades por poner a consulta un proyecto de regulación sobre el cual construir con el ánimo de avanzar hacia un mercado de pagos más eficiente e incluyente. Un ecosistema en el que distintas redes de pago puedan competir en igualdad de oportunidades con sus propios atributos: (i) estándares de mensajería, (ii) reglas operativas, y (iii) cuotas de intercambio. Lo anterior garantizando la interoperabilidad entre ellas. No obstante, nos permitimos señalar tres aspectos de mejora de la regulación para garantizar que dicha interoperabilidad y competencia efectivamente se den. Primero, reconocemos el avance que implica el reconocimiento de múltiples redes de pago, pero advertimos que la falta de reglas claras sobre interoperabilidad perpetúa los límites a la competencia y dificulta la entrada de nuevos actores. Al respecto, FinTech México considera relevante la publicación para consulta pública de la regulación complementaria -emitida por Banxico- donde se establezcan explícitamente los criterios de interoperabilidad a fin de establecer claramente los principios para la interoperabilidad, y garantizar la seguridad jurídica y continuidad operativa. Igual de importante es eliminar toda referencia a los acuerdos de interoperabilidad entre los participantes de redes. Este régimen ha probado ser inefectivo en el pasado, por lo que conservarlo perpetuaría el statu quo. Una solución previamente acordada por la industria y reguladores es que, en el caso de transacciones cruzadas en donde el adquirente y el emisor seleccionan diferentes redes de pago, gobernarán los atributos de la red elegida por el adquirente. Es necesario que las reglas de interoperabilidad ofrezcan seguridad a todos los participantes, lo que significa evitar cargas a los Emisores y Adquirentes, por operaciones completadas en redes distintas a las que hayan seleccionado, incluyendo costos o modificaciones posteriores a la interconexión. Es fundamental que las reglas de interoperabilidad sean objetivas y explícitas, evitando ambigüedades que la limiten o la imposibiliten. Recomendamos que la regulación permita la diferenciación técnica y operativa entre redes, y clarifique la gobernanza de cada red, para asegurar un ecosistema dinámico y abierto a la innovación. Para ello es fundamental que se reconozca la figura del operador de red como responsable de definir los atributos o en su caso establecer claramente si serán los Titulares de Marca o las Cámaras de Compensación quienes los determinen. La falta de claridad del anteproyecto al respecto genera incertidumbre jurídica y produciría un nuevo impasse en cuanto a la definición e implementación de aspectos clave para la operación y el desarrollo de las redes. Es imperativo transitar del statu quo en el que los participantes están obligados a aceptar el único conjunto de estándares que existe en el mercado mexicano, a un mercado competitivo en el que los participantes puedan elegir en qué red o redes participar conforme a sus atributos y mecanismos de gobernanza. Segundo, entendemos la necesidad de avanzar en la aceptación de pagos con tarjeta y somos conscientes de que el mercado presenta áreas de mejora en cuanto a contar con mejores condiciones de acceso y precios competitivos a lo largo de la cadena. Los límites máximos a las cuotas de intercambio propuestos en la iniciativa distorsionarían el balance de incentivos para adquirentes, agregadores y emisores, conforme a las características y niveles de adopción del mercado mexicano. Y por lo tanto podrían generar importantes efectos negativos como los que señalamos a continuación: 1) desincentivar la inversión y la innovación en el sistema de pagos con tarjeta (i.e. implementación de soluciones de seguridad o antifraude); 2) inhibir la inclusión financiera que los distintos participantes del ecosistema financiero han impulsado; 3) generar un efecto cama de agua que afecte a los consumidores a través de compensar la pérdida de ingresos por este concepto a través del incremento de otros precios y/o la disminución de beneficios; 4) reducir la competencia en el segmento emisor del mercado al favorecer a los incumbentes más grandes, potencialmente provocar la salida de algunos emisores y desmotivar la entrada de más participantes; 5) generar una señal negativa a la inversión en todos los segmentos de la cadena ante la incertidumbre sobre la libertad de precios en otras actividades. En este contexto, es esencial reconocer que los participantes del ecosistema, especialmente las FinTech, desempeñan un papel clave en la expansión de la inclusión financiera al ofrecer productos accesibles, digitales y sin fricción que permiten a nuevos usuarios integrarse al sistema formal. Este avance requiere un entorno que fomente la inversión continua en tecnología, infraestructura, gestión de riesgo y educación financiera, asegurando la sostenibilidad operativa de los modelos que impulsan la digitalización de pagos y el acceso al crédito. Por ello, cualquier ajuste regulatorio debe fortalecer las condiciones que permitan mantener y ampliar dicha contribución, promoviendo la competencia y la innovación en beneficio de los usuarios y de la economía en su conjunto. Sugerimos que, antes de considerar una medida como la propuesta, la autoridad otorgue a los miembros del ecosistema de pagos la oportunidad de aportar información y evidencia para definir un mecanismo que impulse la reinversión adecuada en el crecimiento de la red. Por ejemplo, que la regulación privilegie esquemas flexibles y progresivos con cuotas de intercambio diferenciadas para actividades económicas específicas (como ya ocurre hoy en mercados como ferreterías, estéticas, misceláneas, entre otros), por segmento de empresas (i.e. empresas pequeñas), o por tecnología; incentivando la adopción de pagos digitales entre los pequeños y medianos negocios. En este sentido, resulta clave que el proyecto de regulación contemple un ajuste a la Cuota de Intercambio de agregación que favorezca los incentivos a la adquirencia de micro y pequeños comercios —los más excluidos del sistema—y a la par, eficientar el acceso de todos los participantes a la tasa natural y, en su caso, a la tasa natural por excepción, cuidando mantener los incentivos para que la emisión siga atendiendo a estas poblaciones excluidas. En cualquier caso, se debería priorizar la solución de los problemas estructurales y buscar que los precios respondan a mecanismos de mercado y en casos excepcionales y justificados, las intervenciones específicas deben estar basadas en evidencia y metodologías claras cuidando mantener los incentivos a la inversión, la inclusión y la competencia. El impacto de una regulación debe centrarse en su contribución al crecimiento y fortalecimiento del ecosistema de pagos. Es necesario valorar los resultados que genere en materia de inclusión y adopción, y alinear los incentivos de todos los participantes hacia estos objetivos, de manera que cada ajuste contribuya a acelerar la digitalización de la economía, ampliar la base de usuarios y comercios conectados, y fortalecer la infraestructura financiera del país promoviendo un desarrollo equilibrado del ecosistema de pagos. La Asociación reitera su posición de colaborar y ser el espacio para encontrar puntos de equilibrio entre los actores de mercado en beneficio de los objetivos perseguidos por los reguladores. Tercero, valoramos la transparencia y la supervisión como mecanismos para incrementar la eficiencia del mercado. Sin embargo, observamos que las nuevas obligaciones de registro y reporte pueden resultar desproporcionadas para participantes de menor escala. Cargas excesivas y duplicadas generan costos operativos elevados, dificultan la innovación y pueden convertirse en barreras para la inclusión financiera. El anteproyecto introduce obligaciones de registro, reporte y documentación que, aunque persiguen fines legítimos, resultan en muchos casos redundantes o desproporcionadas. Por ejemplo, el plazo de 30 días para registrar comisiones limita la flexibilidad contractual; los reportes diarios, mensuales y trimestrales generan cargas considerables, especialmente para participantes pequeños; y la obligación de mantener inventarios documentales permanentes carece de beneficio regulatorio equivalente. Asimismo, consideramos que ciertas obligaciones de transparentar y publicar información estratégica de negocio como contratos, costos o niveles de rentabilidad, podría restar competitividad a las empresas y generar riesgos de usos anticompetitivos de la información. Por lo anterior, recomendamos alinear las cargas regulatorias al perfil y riesgo de cada institución, simplificar los esquemas de reporte privilegiando mecanismos automatizados y uso de datos existentes, fortalecer la coordinación entre autoridades para evitar duplicidades y promover un entorno regulatorio eficiente y predecible y eliminar requerimientos excesivos de transparentar y publicar información confidencial. La Asociación FinTech México reitera su compromiso de trabajar de manera constructiva y colaborativa con las autoridades y el sector, aportando evidencia y experiencia técnica para lograr una regulación que impulse el crecimiento, la inversión y la inclusión financiera. Invitamos respetuosamente a la autoridad a abrir un canal de diálogo permanente y a considerar la instalación de una mesa técnica de trabajo con la industria, para asegurar que el marco regulatorio fortalezca el ecosistema digital y permita que más personas y empresas accedan a servicios modernos, seguros y competitivos.