En AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO estamos convencidos de que la colaboración cercana y continua entre el sector público y privado es clave para consolidar un entorno normativo moderno, eficiente, que impulse la competitividad, fomente la innovación y fortalezca la integración económica de la región de Norteamérica. Por ello, consideramos prioritario que el marco normativo mexicano, particularmente en materia de comercio electrónico, esté alineado con los compromisos internacionales asumidos por México, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), y que se diseñe con visión de largo plazo. Es por ello que ponemos a su consideración las siguientes observaciones al expediente número 03/0033/300725, consistente al Anteproyecto de Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2025 publicado el 30 de julio de 2025, particularmente sobre el Proyecto 6: “Comercio Electrónico – Disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos y servicios”. El comercio electrónico en México ha experimentado un crecimiento sostenido y significativo, contribuyendo de forma importante al Producto Interno Bruto, a la formalización de la economía, a la inclusión financiera y al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Este ecosistema ya opera bajo un marco jurídico robusto que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como diversas Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con publicidad, protección al consumidor y firma electrónica. Adicionalmente, las empresas del sector cumplen con obligaciones fiscales y de comercio exterior, y se encuentran sujetas a la supervisión de autoridades competentes como la PROFECO y el SAT. En este contexto, consideramos que emitir una nueva NOM específica para comercio electrónico no es necesario y podría ser contraproducente. El marco normativo vigente ya prevé las obligaciones aplicables, por lo que la verdadera necesidad radica en fortalecer su cumplimiento. Una nueva norma generaría requisitos redundantes y cargas adicionales que afectarían especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, desincentivando la formalización y la adopción del canal digital. Además, el comercio electrónico es un sector dinámico que evoluciona con gran rapidez; una regulación rígida podría volverse obsoleta en poco tiempo, limitar la adaptación a nuevas tecnologías y modelos de negocio, y restar atractivo a la inversión extranjera. Asimismo, es importante considerar el contexto internacional. Ante un escenario de creciente escrutinio bilateral y en vísperas del proceso de revisión del TMEC en 2026, sobrerregular el comercio electrónico podría generar fricciones innecesarias en la negociación de nuestro país frente a nuestros socios comerciales. En este sentido, resulta relevante tomar en cuenta el Memorándum Presidencial emitido por el Gobierno de los Estados Unidos el 21 de febrero de 2025, titulado Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties. Este instrumento señala que las “regulaciones impuestas a compañías de los Estados Unidos por gobiernos extranjeros que podrían inhibir el crecimiento o el funcionamiento previsto de compañías de los Estados Unidos” constituye una acción contraria a los intereses comerciales de ese país. Disposiciones de esta naturaleza, aunque sean internas, pueden ser interpretadas bajo esta categoría y derivar en respuestas comerciales o diplomáticas que afecten la cooperación bilateral y el comercio transfronterizo. Por lo anterior, recomendamos que, en lugar de emitir una nueva NOM específica, se potencie la colaboración público-privada para garantizar la protección efectiva de los consumidores, promover la innovación y el crecimiento inclusivo del sector, y mantener un marco regulatorio ágil, claro y adaptado a la realidad digital. Reiteramos nuestro compromiso de seguir contribuyendo, desde el sector empresarial, al diseño y desarrollo de políticas públicas que fortalezcan las capacidades institucionales y regulatorias en México. AMCHAM es una organización apartidista dedicada a promover un entorno competitivo para los negocios, facilitar el intercambio comercial, así como a impulsar la prosperidad regional de Norteamérica. Nuestras más de 1,400 empresas de diversos sectores representan aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de México, alrededor del 50% de la Inversión Extranjera Directa y emplean a más de 11 millones de mexicanos.