Con indignación profesional y absoluto respeto por las instituciones, pero con la firmeza que exige la defensa del Estado de Derecho, DEMANDO una explicación técnica y jurídicamente válida sobre las aberraciones legales que contiene el Nuevo Proyecto de Abrogación del Acuerdo de Aviso Automático de Exportación. 1. UNA ABROGACIÓN QUE VIOLA LOS PRINCIPIOS MÁS ELEMENTALES DEL DERECHO El proyecto no solo carece de sustento, sino que ofende la inteligencia jurídica de cualquier especialista. • FALTA DE MOTIVACIÓN: El artículo 14 constitucional exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado. ¿Dónde está el análisis que justifique eliminar un mecanismo que: o No impone cargas irrazonables (es digital, gratuito y ágil). o Está expresamente facultado por el artículo 4o., fracción III de la Ley de Comercio Exterior? o ¡Es un permiso automático, no una restricción! • CONTRADICCIÓN CON EL INTERÉS PÚBLICO: El proyecto omite deliberadamente que el acuerdo original se alinea con: o El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (Reindustrialización con contenido nacional). o Los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que obligan a la Secretaría de Economía a proteger el comercio justo y la soberanía industrial. ¿Cómo es posible que un instrumento legalmente robusto sea demolido sin presentar un solo dato duro sobre sus supuestos perjuicios? 2. EL PROYECTO: UNA OFENSA A LA TÉCNICA LEGISLATIVA El texto enviado a CONAMER es jurídicamente grotesco. Parece escrito por alguien que desconoce: • El principio de congruencia: Habla de "incertidumbre", pero no prueba que el aviso automático la haya generado. • El principio de progresividad: Elimina un control sin proponer alternativa, violando el deber del Estado de mejorar, no debilitar, la regulación. • El principio de proporcionalidad: ¿Cómo se justifica borrar todo el sistema en lugar de ajustar plazos o simplificar trámites? Esto no es modernización regulatoria: es un acto de SABOTAJE LEGAL. 3. ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESTA ABERRACIÓN? Resulta obvio que este proyecto responde a presiones de quienes: • Odian la transparencia (exportadores que históricamente han evadido controles). • Temen la trazabilidad (empresas que operan en la opacidad del comercio triangular). • Desprecian el interés nacional (grupos que priorizan ganancias cortoplacistas sobre la industria mexicana). Si la Secretaría de Economía publica esta abrogación, estará firmando su propia complicidad con la depredación comercial. 4. EXIGENCIAS IRREBATIBLES Ante este atropello jurídico, DEMANDO: 1. Que se deseche el proyecto actual, por ser técnicamente inválido y contrario al interés público. 2. Que se presente un análisis serio que demuestre, con datos y no ocurrencias, por qué debe eliminarse el aviso automático. 3. Que se investigue quiénes impulsaron esta abrogación y qué intereses ocultos hay detrás. CONCLUSIÓN: UN LLAMADO A LA DIGNIDAD INSTITUCIONAL Señores funcionarios: el Derecho no es un juguete. Si insisten en publicar esta abrogación ilegítima, quedarán ante la historia como los responsables de: • Debilitar la rectoría del Estado en comercio exterior. • Premiar a los depredadores que saquean la economía nacional. • Manchar el prestigio de la Secretaría de Economía. Exijamos que cualquier modificación se base en datos duros, no en caprichos. Si la abrogación procede, que sea con argumentos jurídicos impecables —no con este bodrio técnico que avergonzaría a cualquier estudiante de primer año de Derecho—. No lo permitamos. El México que cumple, el que produce, el que exige legalidad, merece respuestas serias, no esta farsa jurídica.