Es un acierto por parte de la autoridad la abrogación del Acuerdo publicado el 3 de junio de 2025, que establecía un mecanismo de “aviso automático de exportación” para ciertas mercancías estratégicas. Si bien dicho aviso se presentó como una herramienta informativa, en la práctica funcionaba como un requisito adicional que podía entorpecer innecesariamente la cadena de suministro, especialmente para la industria manufacturera de México. La información que dicho mecanismo buscaba recolectar ya es accesible a través de otros instrumentos existentes en el ecosistema del comercio exterior. Por tanto, mantenerlo habría implicado una redundancia normativa que no solo es innecesaria, sino que va en contra de los principios de simplificación administrativa que promueve el propio gobierno federal. Uno de los objetivos iniciales del acuerdo era monitorear el flujo comercial en tiempo real. Sin embargo, esta función ya puede cumplirse mediante herramientas y registros a los que las autoridades tienen acceso, como los que provee el INEGI, el SAT y los sistemas aduanales. Reinstaurar un mecanismo adicional no mejoraría la trazabilidad, pero sí agregaría fricción al proceso exportador, desincentivando la eficiencia operativa. El exceso de requisitos documentales y procedimientos puede convertirse en un factor que disminuye la competitividad, especialmente si las medidas no se aplican de forma equilibrada entre sectores. Si se impone un esquema que favorece a ciertas industrias bajo el argumento de trazabilidad o control, sin justificación técnica, se corre el riesgo de caer en prácticas de proteccionismo encubierto. Esto no solo distorsiona el mercado interno, sino que también afecta la calidad y costo de los productos, al reducirse la presión competitiva. En ausencia de competencia abierta y sana, es probable que surjan comportamientos ineficientes, desactualización tecnológica y una pérdida de dinamismo en sectores clave. Eliminar este aviso automático representa una decisión alineada con la racionalización del comercio exterior, la mejora regulatoria y la modernización operativa. Lejos de debilitar la capacidad del Estado, esta medida apuesta por la eficiencia, la confianza en los mecanismos ya existentes y la competitividad internacional del país. En un entorno global donde la agilidad, la trazabilidad y la transparencia ya están garantizadas por herramientas modernas, mantener requisitos redundantes resulta contraproducente. México debe avanzar hacia un marco normativo inteligente, no más complejo.