¡ALTO A LA DESREGULACIÓN QUE BENEFICIA SÓLO A LOS DEPREDADORES DEL COMERCIO EXTERIOR! Señores funcionarios, analicemos con seriedad lo que realmente dicen estos documentos. El acuerdo original del 3 de junio de 2025 no es un simple trámite más: es el fruto de un cuidadoso diseño técnico para blindar nuestros intereses nacionales. Cuando revisamos sus considerandos, encontramos argumentos sólidos basados en el artículo 4o. fracción III de la Ley de Comercio Exterior que faculta expresamente al Ejecutivo para regular exportaciones estratégicas. ¿Por qué entonces quieren tirar por la borda este instrumento legalmente fundamentado? El anteproyecto de abrogación comete el pecado capital de la inconsistencia técnica. Habla de "incertidumbre empresarial" pero omite mencionar que el artículo CUARTO del acuerdo original establece plazos máximos de 10 días hábiles para resolver los avisos, un tiempo más que razonable en cualquier administración eficiente. Peor aún, pretende eliminar todo el sistema sin proponer alternativa alguna, dejando un vacío peligroso en la supervisión de fracciones arancelarias sensibles como los convertidores catalíticos (8421.32.01) o los componentes electrónicos (partida 8471), donde México ha sido víctima histórica de triangulaciones y subvaluaciones. Los que exigen esta abrogación son los mismos que se benefician de la opacidad. Grupos con capital extranjero que operan bajo el radar, que no quieren que nadie supervise cómo declaran sus mercancías, qué valor real reportan o a qué destinos finales envían nuestros productos estratégicos. El acuerdo original, en su artículo QUINTO, ya establece salvaguardas claras: sólo se pide documentación adicional cuando hay sospechas fundadas. ¿Tan intolerable les resulta cumplir con lo mínimo? El colmo del cinismo está en que el anteproyecto ignora por completo los avances del sistema SNICE mencionado en el artículo TERCERO, una plataforma digital que precisamente agiliza estos procesos. En lugar de proponer mejoras técnicas -como cualquier empresario serio haría-, optan por la solución facilista de destruir todo el mecanismo. Esto no es modernización regulatoria: es un sabotaje a la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas del juego. Y hay algo más grave: la abrogación sería una puñalada al corazón del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que tanto se cita en el acuerdo original. ¿Cómo pretendemos lograr la "reindustrialización con contenido nacional" si renunciamos a saber qué sale de nuestro territorio? ¿Cómo defenderemos los intereses mexicanos en el T-MEC sin datos confiables sobre nuestras exportaciones? Esto no es teoría: son preguntas concretas que el anteproyecto de abrogación evade miserablemente. Señores autoridades, los documentos hablan por sí solos. De un lado, un acuerdo técnicamente robusto, con sustento legal claro, que respeta los plazos razonables y protege sectores estratégicos. Del otro, un anteproyecto vago, carente de análisis serio, que no presenta evidencia de supuestos daños y que beneficiaría principalmente a operadores opacos. La decisión es clara: mantener el aviso automático no es cuestión de ideología, es pura defensa del interés nacional. ¡No nos dejemos engañar por cantos de sirena neoliberal! ¡Exijamos que cualquier cambio en esta política se base en datos duros, no en presiones de grupos privilegiados! El México que trabaja, el que cumple, el que quiere competir con reglas claras, merece herramientas serias de supervisión comercial. ¡Mantengamos el aviso automático! ¡Transparencia sí, complicidad no!