El decreto que establece la Productora de Semillas para el Bienestar (PROSEBIEN) como organismo descentralizado representa un intento por recuperar la rectoría del Estado en la producción estratégica de semillas, abandonada desde la liquidación de PRONASE en 2007. Sin embargo, adolece de graves omisiones —particularmente la exclusión del conocimiento y experiencia de lxs campesinxs y naciones indígenas— así como de grandes riesgos de replicar viejos vicios del modelo paraestatal. 1. Bases jurídicas y contradicciones prácticas El marco legal del decreto (artículos 4°, 25 y 27 constitucionales, junto con reformas recientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública) es sólido en teoría: busca garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía agroalimentaria. No obstante, choca con la realidad de un campo fracturado: Fortalezas: Reconoce la crisis en cultivos básicos (solo 4.7% de cobertura en semilla certificada de frijol) y prioriza su atención. Debilidades: Ignora lecciones del fracaso de PRONASE (corrupción, ineficiencia) y no delimita claramente sus funciones frente al SNICS o programas sociales existentes, como Producción para el Bienestar. 2. Objetivos loables, mecanismos difusos La promesa de abastecer semillas accesibles para pequeñxs productorxs es urgente, pero el decreto: "Acierta" al vincularse con programas sociales (Fertilizantes para el Bienestar) para evitar intermediarios -no obstante esta vinculación genera sospechas por las posibles alianzas con los oligopolios agroquímicos- Falla al no especificar cómo evitar el acaparamiento o cómo distribuirá las semillas en zonas marginadas, donde PRONASE fue inoperante. Riesgo añadido: Si la investigación agronómica depende de presupuestos fluctuantes, PROSEBIEN podría repetir el error de depender de variedades obsoletas. 3. Estructura centralista vs. participación local La Junta de Gobierno —integrada por secretarías federales— refleja un enfoque vertical: Problema: No incluye a actorxs clave: organizaciones campesinas, comunidades indígenas, o redes de custodixs de semillas nativas. Esto reproduce un modelo donde las decisiones las toman burócratas, no quienes cultivan la tierra. Ejemplo crítico: En Chiapas y Oaxaca, los maíces nativos resisten mejor las sequías que los híbridos industriales. Si PROSEBIEN ignora estos saberes, podría acelerar la erosión genética: impactando negativamente en la agrobiodiversidad de estas regiones, y por ende en la soberanía agroalimentaria 4. Financiamiento opaco y riesgos de corrupción o alianzas con los oligopolios agroquímicos  El patrimonio de PROSEBIEN dependerá de asignaciones presupuestales y donaciones (bajo que términos serían estas donaciones, a favor de quien, del pueblo o de los oligopolios?), pero: No se define un fondo inicial claro, lo que podría limitar su operatividad desde el inicio. El órgano de control interno prevé auditorías, pero la experiencia con paraestatales como LICONSA muestra que esto no basta para evitar malversaciones. 5. La omisión intolerable: los pueblos originarios y campesinxs El decreto invisibiliza a los guardianes históricos de la agrobiodiversidad: Saberes ancestrales: El 60% de los cultivos en México dependen de semillas nativas, conservadas por generaciones (aproximadamente durante los últimos 10,000 años). PROSEBIEN prioriza semillas certificadas, despreciando variedades criollas mejor adaptadas al cambio climático. Derechos vulnerados: No menciona el Protocolo de Nagoya (protección de conocimientos tradicionales) ni la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos (2018), que exige consulta previa. 6. Alternativas ignoradas Existen experiencias exitosas de autogestión campesina que el decreto pasa por alto: Bibliotecas/Santuarios/Bancos comunitarios de semillas (Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca). Redes de intercambio campesinxs Escuelas agroecológicas  Escuelas campesinas (como las que se desarrollaron a través del programa Producción para el Bienestar Conclusión: ¿Hacia dónde debe ir PROSEBIEN? El decreto es un avance necesario, pero peligrosamente incompleto. Para no convertirse en otro "elefante blanco", se sugiere: Incluir a representantes campesinxs e indígenas en la Junta de Gobierno y en el diseño de variedades. Financiar bancos de semillas comunitarios y ferias locales de intercambio. Establecer metas claras (ej. "20% de cobertura en frijol para 2030") con auditorías independientes. Respetar la consulta previa (Convenio 169 OIT) y proteger los derechos colectivos. Última reflexión: La soberanía alimentaria no se decreta desde escritorios. Si PROSEBIEN no se abre al diálogo con quienes sostienen el campo, será un proyecto más que, bajo la bandera del "bienestar", profundice la dependencia y la pérdida de identidad agrícola. ¿Reformarlo o repetir el fracaso?