Como representantes del sector de la industria de la masa y la tortilla, manifestamos nuestra preocupación ante el contenido del anteproyecto para la creación del organismo descentralizado “Productora de Semillas para el Bienestar (PROSEBIEN)”. Si bien reconocemos la importancia de garantizar el acceso a una buena semilla, consideramos que el enfoque planteado en el decreto puede tener consecuencias adversas para la soberanía alimentaria, la diversidad genética del maíz y la viabilidad de nuestra industria, que se encuentra en un proceso de integración en el uso de maíces nativos en su producción para fomentar su siembra y consumo. Nuestra actividad depende directamente del maíz y los efectos de precios internacionales afectan directamente nuestros costos de producción en detrimento de la economía de nuestros consumidores, las familias mexicanas.  Las variedades nativas  no sólo son la base de las variedades híbridas mejoradas, también son parte esencial del patrimonio cultural y gastronómico de México.  La estandarización y certificación de semillas bajo criterios técnicos únicos puede desplazar estas variedades, afectando tanto a pequeños productores como a transformadores de maíz. Desde la perspectiva de nuestra industria, es fundamental que el decreto garantice: 1. El respeto a la diversidad genética del maíz y a las semillas locales utilizadas tradicionalmente en la elaboración de masa y tortilla. 2. La participación activa de los sectores productivos vinculados al maíz —como la industria de la masa y la tortilla— en el diseño y operación del organismo. 3. La promoción de esquemas de producción de semillas que reconozcan los saberes campesinos y comunitarios, y no únicamente las semillas registradas bajo parámetros industriales. 4. La no imposición de un modelo único de semilla “certificada”, que pueda limitar la disponibilidad de maíz criollo y con ello, incrementar los costos y reducir la calidad de nuestras materias primas. Solicitamos que el decreto sea revisado bajo los principios establecidos en los artículos 4° y 27 constitucionales, garantizando el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como la protección de los recursos bioculturales del país. De no hacerlo, podría afectarse gravemente la cadena productiva del maíz y poner en riesgo la subsistencia de miles de familias que dependen de esta noble industria.