Es fundamental que se expliquen las razones por las cuales este sexenio, la SADER parece estar debilitando las medidas de protección al maíz, especialmente tras los esfuerzos históricos que han permitido reconocer que los transgénicos no pueden ser contenidos como se prometía. Estos organismos, diseñados únicamente para beneficiar a empresas y grandes productores, generan consecuencias que recaen directamente en la sociedad mexicana, como desconfianza, riesgos para la salud y afectaciones a la calidad de vida. Estos aspectos deberían ser una prioridad para la SADER, que está llamada a representar los intereses de la población en el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum. ¿Por qué la SADER decide empeorar las propuestas presentadas el 5 de febrero de 2024? ¿Qué fundamento respalda su decisión de dejar de evitar el consumo humano de maíz genéticamente modificado? La eliminación de la redacción explícita que incluía “maíces genéticamente modificados, como los transgénicos” suaviza el marco de protección frente a tecnologías cuya seguridad y beneficios aún no han sido comprobados. Estas decisiones parecen privilegiar los intereses de la agroindustria de Estados Unidos y China sobre la soberanía alimentaria de México. Además, ¿por qué se elimina el transitorio que obligaba a realizar evaluaciones de riesgo considerando las condiciones específicas de uso, comercialización, consumo y ambiente de México? Esta omisión es preocupante, ya que debilita la capacidad del país para proteger su biodiversidad, dejando la puerta abierta a la introducción indiscriminada de maíz GM. ¿Es acaso una señal de falta de voluntad para exigir lo que nos corresponde como socios comerciales? Aunque la comercialización de maíz GM para la alimentación animal pueda implicar menores riesgos para la salud humana, es indispensable subrayar que, en cualquier caso, las semillas deben ser quebradas para facilitar su digestión y evitar que sean excretadas sin aprovechar sus nutrientes. Este proceso, ya común, no representaría costos adicionales si se implementara de manera masiva, planificada y ordenada por región. Además, esta práctica podría asegurar que las semillas no sean viables para germinar, reduciendo así el riesgo de contaminación genética. De lo contrario, aunque se prohíba formalmente la siembra de maíz GM, su presencia seguirá infiltrándose en el maíz nativo y el híbrido blanco, que constituyen la base del consumo nacional. Lo que también falta en esta propuesta es un mandato claro para que todas las secretarías adopten al maíz como eje transversal en sus políticas. La protección del maíz no debe limitarse únicamente a evitar su modificación genética, sino que también debe abordar otros temas cruciales, como: - Políticas de acceso al agua que actualmente limitan su siembra en el norte del país, además de garantizar sistemas de riego eficientes y bancos de semillas para los productores. - Reformas legislativas que permitan la conservación de semillas para ciclos futuros. - Regulaciones que prevengan la privatización del patrimonio genético nacional mediante patentes y derechos de obtentor. - Investigación sobre los impactos ambientales y de salud en las áreas contaminadas con maíz GM. - Creación de bancos de germoplasma vinculados a laboratorios comunitarios para el monitoreo y la protección de maíces libres de modificaciones genéticas. - Promoción de mercados que favorezcan la comercialización de maíces nativos y fomenten su revalorización. Esta reforma al 4 y 27 de la constitución, ignora la relación integral del maíz con aspectos fundamentales como la política, la economía, la migración, el medio ambiente y la investigación, áreas que fueron consideradas con mayor profundidad en propuestas anteriores. La presidenta ha dejado claro que este proyecto debe incluir la protección de la diversidad genética y cultural del maíz. Sin embargo, parece que en la SADER han pasado por alto las directrices y prioridades expresadas en las conferencias matutinas. Este descuido contradice lo que México necesita, lo que su gente ha votado y lo que su presidenta ha pedido explícitamente: la preservación de nuestra soberanía alimentaria y de un elemento central de nuestra identidad.