Nuestro país fue internalizando la importancia del medio ambiente durante los 70’s y 80’s, fue desde la cumbre de la Tierra en 1992 que se gestó un cambio en la conciencia ambiental en México que trasminó en lo político y en nuestra sociedad con nuevas estructuras gubernamentales que atienden el tema de forma profesional y una sociedad organizada que busca legitimidad y que es apoyada con organizaciones internacionales presentes en el país. Ya en el marco de la Agenda 21 se asumen compromisos de país como consolidar la protección de espacios naturales emblemáticos, representativos e importantes para la biodiversidad mexicana; dando así apertura para la generación de propuestas sólidas que incidan en las políticas públicas que tengan como componente la protección de la biodiversidad y que tengan el respaldo técnico científico suficiente para consolidarlas dentro del marco jurídico nacional. Esto generó al mismo tiempo la necesidad de generar información sobre el estado de nuestra biodiversidad, ordenar y tamizar la existente y proponer a la comunidad académica las líneas y pautas para la generación de conocimiento sobre su actualidad, y ponerlas al servicio del estado para que sean traducidas en norma. Es así que se formula la gestación de instituciones que, desde una perspectiva de la sociedad, pero con el reconocimiento y validez gubernamental, atiendan a esta creciente demanda de información para demostrar que México atiende a sus compromisos con sus ciudadanos y a nivel internacional. Este fue el caso de la CONABIO, la cual se pensó como un organismo autónomo, pero de carácter intersecretarial encabezada por los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría que aborde el tema (SEMARNAT), que cumpliera con la característica de ser trans-sexenal (permanente) y con el reconocimiento técnico científico que se requería. El caso de la propuesta que se comenta, hace necesario el revisar los motivos y razones técnicas y administrativas, así como las de gasto público, que originaron la propuesta de incorporación a la SEMARNAT de las atribuciones conferidas a esta tercera parte que hasta la fecha ha funcionado como observador de la política pública y de sus efectos sobre el medio ambiente, una premisa consagrada en nuestra Carta Magna, que determina la procuración de un medio ambiente adecuado para la sociedad mexicana; y no se está ante la propuesta de una simple disminución presupuestal y control administrativo del tema, en una institución que a la distancia que tomaron la administración, solamente ha anquilosado los procedimientos y la emisión de respuestas a la sociedad por trámites bajo su responsabilidad.