La norma niega a la Comunidad de Investigadoras e Investigadores de las universidades y de las instituciones particulares de educación superior el derecho humano básico para participar en la elaboración y la evaluación de la política pública. Esto viola Acuerdos Internacionales firmados por México y priva al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la sociedad en general de las aportaciones de una parte vibrante y creciente de la comunidad humanística y científica. El hecho de que la norma establezca en el artículo 6, último párrafo, que su participación depende de una decisión administrativa arbitraria y que su participación sea únicamente con voz pero sin voto, representa una violación flagrante a los derechos humanos, ya que se sustenta en una norma excluyente. Adicionalmente, la Constitución prohíbe la emisión de normas privativas y especiales.