La Procuraduría Agraria promoverá que el Servicio Jurídico Agrario se conforme por abogados agrarios capacitados bajo altos estándares académicos y profesionales, impulsando acciones para que se especialicen con base en el sistema de evaluación y certificación sustentados en indicadores que permitan medir objetivamente el desempeño y los resultados obtenidos, lo que contribuirá a mejorar la calidad en la atención de los servicios brindados, fortaleciendo los vínculos éticos y profesionales entre éstos y los sujetos y núcleos agrarios.
Asimismo, se fomentará la actualización permanente de los abogados agrarios a través de modelos de formación integral, que incorporen aspectos jurídicos, sociales, culturales y ambientales propios del ámbito agrario. Además, se otorgará el reconocimiento institucional y social como agentes clave en la protección de estos derechos, contribuyendo activamente a la seguridad jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, incluyendo la de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con pleno respeto a sus derechos.