Consiste en dar a conocer la lista oficial de personas autorizadas para actuar como árbitros en procedimientos arbitrales relacionados con derechos de autor durante el año 2025. Su objetivo principal es garantizar que las controversias en esta materia sean resueltas por expertos calificados y que la información de contacto de estos árbitros sea accesible al público, promoviendo transparencia y confianza en los procesos. Además, establece que las partes pueden designar árbitros externos, siempre que cumplan con los requisitos legales.