En la legislación nacional, el referente normativo en materia de vivienda se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece en su artículo 4o. que todas las familias tienen el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En cumplimiento a lo anterior, la Ley de Vivienda establece que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional, y que el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia por sí y con la participación de los sectores social y privado. Asimismo, este ordenamiento legal determina que el Estado contará con un Programa Nacional de Vivienda que contendrá entre otros aspectos, los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de la vivienda de la Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado; la estrategia general habitacional que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de las distintas modalidades de atención, las metas y prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social y; la identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de recursos necesarios para las acciones de vivienda, así como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la vivienda. Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Vivienda dispone que el Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en dicho ordenamiento y, en lo conducente, en la Ley de Planeación y en la Ley General de Desarrollo Social.

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