El “Programa Institucional 2025-2030 del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (en lo sucesivo Programa), formulado en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, definido en el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los artículos 9, 12, 17, fracción II, 22, 24, 26 Bis, 27 y 29, tercer párrafo, de la Ley de Planeación y aprobado por la Junta de Gobierno el 25 de septiembre de 2025, es el documento que orienta y guía el quehacer del Instituto, contiene sus objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2025-2030 y el Programa Especial para la Eficiencia de la Gestión Pública 2025-2030. El documento establece cinco objetivos para el Instituto: 1) Disponer de un marco jurídico que permita generar mayores recursos para destinarlos, con enfoque social, al bienestar de la población; 2) Lograr una eficaz, eficiente y transparente administración, liquidación y destino de las empresas, activos financieros y encargos responsabilidad del INDEP; 3) Efectuar con eficacia, eficiencia y transparencia la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes transferidos al INDEP; 4) Actualizar la normativa del instituto y fortalecer el control interno a efecto de lograr eficacia y eficiencia en la administración, enajenación, destrucción, liquidación y destino de los bienes, activos y empresas; y 5) Basar el funcionamiento del INDEP en personas servidoras públicas con una capacidad profesional y técnica de excelencia, con una sólida ética y compromiso institucional.

El Programa es un documento de planeación estratégica interna, todas las acciones previstas en el mismo están a cargo del Instituto y no genera costos de cumplimiento para los particulares conforme a los siguiente: I. No crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes; II. No modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento para los particulares; III. No reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares; y, IV. No establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares.

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