La regulación propuesta tiene como propósito facilitar y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, teniendo como objetivos eliminar requisitos innecesarios, simplificar la gestión de solicitudes, establecer nuevas homoclaves, crear un formato único y reducir plazos de respuesta por parte del Instituto.

La regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para los particulares, toda vez que no se crean nuevos requisitos, se homologan trámites y reducen tanto requisitos como tiempos de respuesta. Tampoco se crean nuevas obligaciones, cargas administrativas ni requerimientos documentales que impliquen un costo económico adicional para los usuarios. En ese sentido, el anteproyecto contribuye a la actualización y estandarización de trámites, reduciendo costos y tiempos para el cumplimiento de procedimientos relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

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