El Decreto tiene por objeto cumplir con el mandato del párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se establece que el juicio en la vía sumaria deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asimismo se realizan ajustes en torno a los principios que conforman el derecho de tutela judicial, debido proceso e igualdad procesal.

El instrumento en comento no genera costos de cumplimiento para los particulares, es decir, no crea nuevas obligaciones ni hace más estrictas las obligaciones existentes a los particulares; no reduce ni restringe derechos o prestaciones para los particulares y no crea o modifica trámites; y no establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones ni cualquier otro término de referencia que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura afecte o pueda afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares.

No

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