A continuación y por claridad, se precisan los artículos de la LCNBV y de la LRITF que facultan a la CNBV para emitir disposiciones de carácter general en la materia objeto de la presente Propuesta Regulatoria que se somete: LCNBV: “Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: I. a IV.-. . . V.- Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades; VI. a XXXVIII.-. . .” LRITF: “Artículo 57: Las ITF deberán reportar a la CNBV, a la CONDUSEF y al Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, aquella información relacionada con sus actividades y las Operaciones que determine la Autoridad Financiera que corresponda en disposiciones de carácter general, con la periodicidad que en dichas disposiciones señale”. “Artículo 70: Las ITF estarán obligadas a proporcionar a la CNBV y al Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, la información que dichas Autoridades Financieras les requieran sobre sus Operaciones y aquellas realizadas entre sus Clientes, incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil a la CNBV o al Banco de México para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones, en la forma y términos que las propias Autoridades determinen. El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual.” Basado en los artículos anteriores, la CNBV tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar su sano y equilibrado desarrollo, en protección de los intereses del público. En tal sentido, la CNBV, atendiendo al crecimiento que ha demostrado el sector IFPE, resulta necesario que dicha autoridad cuente con información oportuna para la supervisión del sector y para implementar procesos de recepción de información automatizada, monitoreo y supervisión con analítica de datos, controles regulatorios y herramientas de alertamiento temprano, dando la posibilidad a las IFPE de migrar hacia una supervisión moderna que aproveche las ventajas de las telecomunicaciones actuales y orientada a riesgos. Si bien, actualmente las Instituciones de Tecnología Financiera, en específico las IFPE, proporcionan a la CNBV al amparo de las Disposiciones Fintech, información básica de las mismas, esta resulta insuficiente, ya que no se reporta información sobre los clientes y las operaciones de la IFPE, lo que complica la supervisión de dichas Entidades. Al respecto, la presente Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera (Propuesta Regulatoria) tiene como objetivo que mediante la incorporación de un nuevo reporte regulatorio a las Disposiciones Fintech, la CNBV cuente con el detalle operativo de las actividades de negocio de las IFPE, permitiéndoles contar con información oportuna para la supervisión del sector y la implementación de procesos de recepción de información automáticos, monitoreo y supervisión con analítica de datos, controles regulatorios y herramientas de alertamiento.

El artículo 57 de la LRITF establece que las ITF deben reportar a la CNBV en el ámbito de su competencia aquella información relacionada con sus actividades y las operaciones que determine en disposiciones de carácter general Atendiendo lo anterior, las Disposiciones Fintech son uno de los ordenamientos por virtud del cual se establecen en su Título Cuarto “De los reportes regulatorios”, Capítulo I “De los reportes en general”, la regulación aplicable a los reportes que las instituciones de Tecnología Financiera deben proporcionar a la CNBV, en cuanto a las IFPE los reportes que deben entregar se encuentran indicados en el artículo 100 de las mencionadas disposiciones. En esta tesitura, las Disposiciones Fintech vigente si bien establecen una serie de reportes que deben entregar las IFPE a la CNBV, que permiten conocer la información financiera básica de las IFPE, dichos reportes regulatorios resultan insuficientes para que esta autoridad tenga información más detallada de su operación, es decir, respecto de la emisión, administración, transmisión y redención de fondos de pago electrónico; por lo que, a efecto de contar con datos de su operativa y conocer los niveles de transaccionalidad que han alcanzado cada una de las IFPE, resulta indispensable poder contar con información de las cuentas de fondos de pago electrónico y de las operaciones que a través de ellas realizan sus clientes, tales como características de los clientes, saldos promedio y monedas de denominación de las cuentas, canales más utilizados para el ingreso y retiro de recursos, comisiones cobradas, operaciones más frecuentes, entre otros aspectos, situación por la cual se considera necesario la implementación de la Serie R24 “Información operativa“ y el reporte G-2470 “información relativa a Clientes y Operaciones

Esquemas de autorregulación

No se consideró viable la emisión de un esquema de autorregulación, dado que: (i) no se tendría un marco integral; (ii) no se atenderían las situaciones que dan origen a la intervención gubernamental, y (iii) no permitiría la estandarización de las normas aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera. Adicionalmente, la emisión de otro tipo de regulación crearía incertidumbre jurídica hacia los destinatarios de la norma. En tal sentido, la autorregulación –entendiéndose como tal a los controles o normas establecidos entre sujetos de derecho privado para organizarse o regularse por sí mismos- resulta incompatible con los fines del derecho público y con la misión que tiene la CNBV como autoridad reguladora del Sistema Financiero Mexicano, y su implementación no puede sustituir las responsabilidades de la Administración Pública Federal, trasladando las funciones y responsabilidades públicas a particulares -en este caso, la emisión de normatividad de carácter secundario- para complementar e implementar los marcos jurídicos derivados de la legislación ordinaria, originada por los cambios económicos, sociales y tecnológicos. Derivado de lo antes señalado, los esquemas de autorregulación en la especie no podrán constituir una opción para facilitar la función garante que tiene atribuida el Estado, porque: (i) la emisión de la normatividad que rige a las entidades financieras reguladas y supervisadas por la CNBV, para el caso en concreto, a las Instituciones de Tecnología Financiera, se encuentra expresamente establecida en las leyes financieras y no da lugar a la implementación de un modelo o esquema diverso; (ii) no contribuyen a hacer efectiva la desregulación administrativa de la normativa financiera y, consecuentemente, no podría ser un medio que sustituya el ejercicio de la potestad reglamentaria de la CNBV y sus facultades para prevenir y, de ser el caso, sancionar a los transgresores del marco normativo, y (iii) no contribuyen a la seguridad jurídica de los destinatarios de la norma y de los usuarios de la banca.

Esquemas voluntarios

No se estimó una opción viable la emisión de esquemas voluntarios toda vez que, como ya se señaló, la Propuesta Regulatoria modificaría a la regulación secundaria aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera y que ya se contiene en un instrumento normativo que son las “Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera”, por lo que generar otro tipo de esquema daría lugar a incertidumbre jurídica al existir dos pautas diferentes regulando un mismo tema. Adicionalmente, los esquemas voluntarios de ninguna forma podrán constituir una opción para facilitar la función garante que tiene atribuida el Estado, porque la emisión de la normatividad que rige a las entidades financieras reguladas y supervisadas por la CNBV se encuentra expresamente establecida en las leyes financieras, en este caso la LRITF y no da lugar a la implementación de un modelo o esquema diverso. De igual forma, los esquemas voluntarios podrían tener el inconveniente de representar diferencias notables entre los estándares establecidos por las propias entidades financieras, utilizando este tipo de esquemas frente a lo que dispone la legislación aplicable, por lo que su implementación ocasionaría: i) una no deseada vinculación a los esquemas voluntarios en detrimento a la observancia de la regulación; ii) la implementación de sanciones no previstas en las leyes financieras; iii) que el uso de esquemas de autorregulación se aleje de los objetivos y fines que persiguen las políticas públicas; iv) incertidumbre sobre la aplicación e interpretación de las normas autorregulatorias que, consecuentemente, derivarían en la presentación de consultas de las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, solicitando opinión sobre la aplicación e interpretación de preceptos contenidos en los esquemas voluntarios adoptados por dichas entidades; v) que las entidades financieras presentarán solicitudes de autorización ante la CNBV para abstenerse del cumplimiento de ciertos requisitos u obligaciones previstos en la legislación aplicable, por considerar que los esquemas voluntarios implementados por ellas mismas les dan mayores ventajas, ocasionando un arbitraje regulatorio, y (vi) que el cumplimiento de la normativa legal y la expedida por las autoridades financieras sea potestativo, lo cual es contrario al espíritu de cualquier marco normativo expedido por el Estado. Lo anterior, se traduciría en incertidumbre e inseguridad jurídica para los destinatarios de la norma e impactaría negativamente en el Sistema Financiero Mexicano en su conjunto.

Incentivos económicos

No se estimó una opción viable la emisión de un esquema de incentivos económicos, debido a que ello implicaría la expedición de un instrumento jurídico distinto a las normas contenidas en la Propuesta Regulatoria y que, tal y como se ha señalado a lo largo del presente AIR, se trata de aspectos que no podrían regularse de una manera distinta a la actualmente prevista para ello. En tal virtud, de establecerse incentivos económicos, lejos de atender la problemática que nos ocupa, se daría lugar a incertidumbre jurídica en cuanto a la aplicación de la regulación correspondiente. De igual forma, no se estimó viable la emisión de un esquema de incentivos económicos, pues las normas materia de la presente Propuesta Regulatoria, versan sobre facultades de la CNBV previstas en la LRITF aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera de manera concreta, por lo que el cumplimiento a las leyes no puede estar supeditado a la obtención de un beneficio económico por parte de los particulares. Adicionalmente, los incentivos económicos no podrán constituir una opción para facilitar la función garante que tiene atribuida el Estado porque la emisión de la normatividad que rige a las entidades financieras reguladas y supervisadas por la CNBV, se encuentra expresamente establecida en las leyes financieras y, en este caso, en la LRITF, por lo que no da lugar a la implementación de un modelo o esquema diverso, o bien al otorgamiento de alguna prebenda que se traduzca en beneficios económicos por el cumplimiento de alguna norma, porque éste debe tener lugar sin que medie algún incentivo de este tipo. Es importante señalar también que, no se estimó viable el otorgamiento de incentivos económicos para estimular o alentar la realización de conductas o el apego a lo dispuesto en la legislación financiera aplicable por parte de los destinatarios de la norma, ya que no resulta aplicable el criterio económico que señala que, “cuanto mayor sea el incentivo ofrecido, mayor será el esfuerzo de quien lo recibe y mejor su resultado”; dado lo anterior, en el mediano plazo, cuando esos incentivos no puedan ser pagados, se perderá la motivación para la realización de esas conductas o la observancia de la ley. Por último, no debe perderse de vista que las facultades de la CNBV en materia regulatoria se encuentran expresamente previstas en las distintas leyes financieras, por lo que el otorgamiento de esos incentivos distorsionaría e iría en sentido contrario de las normas de derecho público y, de concederse dichos incentivos, impactaría negativamente en las finanzas públicas al tener que preverse recursos presupuestarios para dicho fin, en menoscabo de tareas prioritarias del Estado Mexicano.

No emitir regulación alguna

El no emitir regulación no se consideró una alternativa viable en razón de que, como ya se ha mencionado, el no llevar a cabo la actualización normativa tendría un impacto negativo, ante la realidad actual, el avance de la tecnología y las capacidades de supervisión de la CNBV, por lo que en un corto plazo las Disposiciones Fintech vigentes resultarían inoperantes debido a su desactualización u obsolescencia, rezagarían el crecimiento del Sistema Financiero Mexicano lo que conllevaría a perderle confianza y limitaría la presencia de una mayor diversidad de productos, inhibiendo la competencia en el Sistema Bancario Mexicano.

Otro tipo de regulación

No se estimó viable emitir otro tipo de regulación que no sea la contenida en la Propuesta Regulatoria, dado que la materia sobre la que ésta recae debe ser, por mandato de la LRITF, disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV. Por otra parte, una de las finalidades de la normatividad secundaria es que dichos preceptos jurídicos sean instrumentos normativos auto contenidos que eviten distorsiones, confusión entre los destinatarios y desorden en los mercados financieros. En complemento a lo anterior, no resulta procedente la emisión de otro tipo de regulación ya que, como se ha señalado anteriormente, las Disposiciones Fintech vigentes son el instrumento jurídico mediante el cual la CNBV cumple con el mandato de la LRITF al ejercer su facultad para emitir la regulación aplicable para las instituciones de Tecnología Financiera. En tal virtud, la emisión de otro tipo de regulación daría lugar a incertidumbre jurídica y se perdería el orden normativo que prevalecería con la presente Propuesta Regulatoria y que, además, permite la existencia de un Sistema Financiero Mexicano ordenado, seguro y eficiente en protección de los intereses de los destinatarios de la norma y de los usuarios. Adicionalmente, el tipo de regulación que emite la CNBV tiene su fundamento en las leyes financieras y esta autoridad solo puede emitir las normas expresamente señaladas para cada materia a regular -disposiciones de carácter general, reglas y lineamientos, según corresponda-, las cuales tienen la misma naturaleza jurídica en la esfera administrativa de aplicación.

Modifica

Obligación

Indefinida

Formato, en términos de la Serie R 24 del Anexo 19 de las Disposiciones Fintech

Presentar en términos del Anexo 19 Serie R 24 de las Disposiciones Fintech

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico

No aplica

Mensual

100; 101, fracción I, inciso a); 103 párrafo primero y Anexo 19 de las Disposiciones Fintech. Se establece la obligación para las IFPE de presentar mensualmente a la CNBV, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente al periodo que se reporta la información contenida en el reporte G-2470 “Información relativa a Clientes y Operaciones” contenido en la Serie R24 “Información Operativa” del Anexo 19 de las Disposiciones Fintech

Presentación de información mensual periódica que deberán enviar las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico

CNBV-2023-016-016-A

No Aplica

Instituciones de Tecnología Financiera

VÉASE: Anexo denominado “MONETIZACIÓN COSTOS VS BENEFICIOS ”

Instituciones de Tecnología Financiera

VÉASE: Anexo denominado “MONETIZACIÓN COSTOS VS BENEFICIOS ”

No aplica