La finalidad primordial de la Propuesta Regulatoria es realizar precisiones a las Disposiciones, en atención al contexto social y tecnológico vigente, tomando en cuenta el dinamismo que ha impactado en la prestación de servicios de banca y crédito a través de Comisionistas a nombre de las instituciones de crédito, a fin de dar opciones a las instituciones de crédito y contemplar que los comisionistas contratados por estas para ofrecer los productos y servicios bancarios, puedan operar a través de canales digitales, dando la posibilidad a los usuarios de no tener que acudir forzosamente a una sucursal o a un establecimiento mercantil. Cabe mencionar que, los avances tecnológicos de los últimos años han facilitado el acceso de personas y empresas a medios de comunicación y herramientas más eficientes y flexibles; cambios que se han dado en todos niveles socioeconómicos y en la mayoría de los servicios y productos ofrecidos a nivel mundial, respecto de los cuales México no se encuentra excluido de esta transición hacía la digitalización. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), la cual puede consultarse en la liga https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2022/, se tiene la siguiente información: • Se ha incrementado el número de personas usuarias de Internet de 57% de la población en 2015 a 78% en 2022. • Del porcentaje anterior, el 97% reporta utilizar un teléfono inteligente para navegar por la red, lo que sugiere una fuerte integración entre el uso de Internet y dichos dispositivos. • El porcentaje de personas que cuenta con un teléfono celular con conexión móvil a Internet se ha incrementado de 27% en 2015 a 61% en 2021. De esto resulta relevante que una gran parte de la población ya cuenta potencialmente con conexión a Internet disponible en todo momento y, como consecuencia de ello, tendrían también acceso a servicios bancarios a través de estos medios. Al respecto, la digitalización de estos servicios ha mostrado una aceptación importante entre la población usuaria de servicios financieros, en específico de aquellos proporcionados por las instituciones de crédito. Ahora bien, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, la cual puede visualizarse en la liga https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/, el 52% de las personas con una cuenta de depósito reportaron utilizar la aplicación celular para realizar consultas de saldo o realizar movimientos; lo que supera el uso de los canales tradicionales como los cajeros (38%) y las sucursales (18%). Entre las cifras de la ENIF, se destaca que la población más joven (18 a 29 años) es la más asidua al uso de las nuevas tecnologías, ya que el 69% reporta usar la aplicación celular y son también los que reportan con mayor frecuencia utilizar los medios electrónicos para abrir una cuenta bancaria o solicitar un crédito. Sin embargo, existe aún oportunidad para avanzar en la inclusión financiera de una parte importante de la población en México. De acuerdo con cifras de la ENIF 2021, entre las personas adultas que cuentan con un celular inteligente, el 25% no cuenta con algún producto financiero; por lo que la modificación al marco regulatorio podría permitir que las instituciones de crédito estén en posibilidad de atender a un aproximado de 17 millones de adultos en el país que actualmente no están bancarizados pero que cuentan con algún dispositivo que permite el acceso digital, incluyendo aquel sector que, a pesar de contar con un dispositivo electrónico, se encuentran en localidades que no tienen sucursales bancarias y a las cuales, les toma más de media hora llegar a algún Comisionista contratado para realizar sus operaciones. Actualmente, la red de comisionistas ha permitido la expansión de la cobertura geográfica del sistema financiero, esto es ya que, según cifras de la base de datos de inclusión financiera publicada por la CNBV al cierre de 2022, el 75% de los municipios del país (1,859) contaba con al menos un comisionista, lo que supera la cobertura que presentan las sucursales (37%) e incluso los cajeros automáticos (63%). Sin embargo, si bien los comisionistas están ubicados en 1,859 municipios del país (75% del total), la cobertura celular 3G se extiende a 2,098 municipios (85% del total), lo cual representa la oportunidad de obtener una exposición adicional de 239 municipios al integrar a las plataformas digitales y, con el fin de atender esa brecha de oportunidad, resulta conveniente que las instituciones de crédito, en especial aquellas que no poseen infraestructura física o incluso aplicaciones, integren sus servicios a plataformas digitales que ya cuentan con una base consolidada de clientes, incluso entre aquellos con difícil acceso a establecimientos físicos, o bien, aquellos que no disfrutan de servicios bancarios. Adicionalmente, la implementación de operaciones a través de medios digitales también mitiga algunos de los inconvenientes de la atención por canales presenciales, como pueden ser: i. Riesgos y costos asociados al uso de efectivo. ii. Los costos de traslado del público a los establecimientos. iii. Tiempo de traslado de la población a los establecimientos. iv. Tiempo de atención para la operación que se desee realizar. Por otro lado, por lo que hace a los tiempos que ocupa la población para acudir a los establecimientos físicos, de acuerdo con cifras de la ENIF 2021, el tiempo que emplea la población es mayor para las personas que habitan en la zona rural que para la urbana, esto es debido a que, para llegar a una sucursal en la zona rural, las personas hacen en promedio treinta y nueve minutos, mientras que la urbana el tiempo de traslado oscila entre los dieciséis minutos, aunque el traslado de la población hacia los comisionistas es menor que al de un cajero o sucursal, no obstante, en zonas rurales sigue siendo elevado con veinticuatro minutos en promedio. En conclusión, la implementación de comisionistas de base digital permitiría reducir este tiempo a prácticamente cero y al mismo tiempo atacar potencialmente la brecha entre zonas rurales y zonas urbanas. De todo lo anteriormente expuesto, es dable concluir lo siguiente: • La cobertura de redes de telecomunicación es mayor que el de establecimientos físicos, lo cual se puede aprovechar para aumentar la exposición de los servicios bancarios mediante el uso de las plataformas digitales, que buscan crear alianzas con las instituciones de crédito para ofrecer servicios financieros a sus clientes, pero que carecen de la experiencia o la autorización necesaria para hacerlo por sí mismas. • Dicha cobertura tiene una presencia alta incluso en estratos socioeconómicos bajos, por lo que existe la oportunidad de abonar a la inclusión financiera de estos sectores de la población, además de presentar ventajas como la eliminación de tiempos y costos de traslado a establecimientos físicos para realizar operaciones como, por ejemplo, la recepción de remesas. • Aprovechando la base de clientes de un potencial comisionista, que posea una plataforma digital de comercio firmemente establecida en el mercado, las instituciones de crédito tienen la oportunidad de expandir su propia base de clientes. • Dado que el comisionista realizará con su infraestructura tecnológica cierto conjunto especifico de operaciones en nombre de la institución de crédito de que se trate, se deben establecer claramente los límites y responsabilidades en el manejo de la información personal de los clientes, en especial de los datos personales y de autenticación. Es por ello por lo que el proceso de autenticación deberá ser responsabilidad exclusiva de las instituciones de crédito. Por lo anterior, esta CNBV considera procedente emitir la Propuesta Regulatoria consistente en la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Disposiciones) a efecto de: • Expandir la figura de comisionistas hacia plataformas digitales en línea, permitiendo que se puedan ofrecer y realizar, en nombre de las instituciones de crédito, operaciones desde dichas plataformas, con el objetivo de promover la sinergia entre las instituciones de crédito y las plataformas digitales, integrando en estas últimas los servicios bancarios y agilizando el intercambio de productos y servicios. • Establecer las obligaciones contractuales que las instituciones de crédito y comisionistas deberán cumplir, así como las operaciones que estos últimos podrán ofrecer y realizar en nombre de la institución de crédito. • Mitigar el riesgo de robo de identidad al establecer la responsabilidad exclusiva de las instituciones de crédito en el proceso de autenticación de los clientes y las condiciones en que se debe realizar. • Abonar a la inclusión financiera en México considerando que, al aprovechar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en zonas geográficas que carecen de sucursales, cajeros o comisionistas, se ampliará la exposición de los servicios bancarios.

La LIC es el ordenamiento por virtud del cual se regulan a las instituciones de crédito y donde se establece la posibilidad de que dichas instituciones puedan pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones previstas en el artículo 46 de la referida Ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. En esa tesitura, las Disposiciones vigentes que derivan de la LIC, establecen en su Título Cuarto, Capítulo XI, el marco regulatorio aplicable a los Comisionistas y que, actualmente, únicamente contemplan la figura de comisionistas con establecimientos físicos. Por lo tanto, resulta necesario actualizarlas a la situación actual por la cual se requiere que los Comisionistas operen a través de medios digitales ya que, considerando la población, cobertura de red y de Internet, las necesidades y el dinamismo tecnológico, es posible y viable que se establezca la figura de los Comisionistas digitales, con la finalidad de permitir que las operaciones que se lleven a cabo entre los usuarios y los Comisionistas, sea a través de plataformas y canales digitales que, a la vez impacte de manera positiva en la inclusión financiera, en el número de operaciones que puedan realizarse, la facilidad para realizarlas, reducir el riesgo, atender cuestiones para evitar el robo de identidad, reducir los costos y tiempo de traslado, a la vez de ofrecer productos financieros a más población. En este orden de ideas, las Disposiciones son la regulación secundaria aplicable a las instituciones de crédito; sin embargo ante los constantes y vertiginosos cambios económicos, tecnológicos y sociales, representa un reto permanente para la CNBV a fin de mantenerlas actualizadas, pues en un primer escenario, el marco normativo resulta bastante efectivo al cumplir con sus objetivos, pero el paso del tiempo y la misma evolución social y el surgimiento de determinados acontecimientos relevantes en cualquier ámbito, podrían desactualizar la hipótesis normativa, convirtiéndola en obsoleta, por lo que la Propuesta Regulatoria que en esta ocasión se presenta a la consideración de esa CONAMER tiene por objeto robustecer dicho marco jurídico para adecuarlo a las necesidades actuales.

Esquemas de autorregulación

No se consideró viable la emisión de un esquema de autorregulación, dado que: (i) no se tendría un marco integral; (ii) no se atenderían las situaciones que dan origen a la intervención gubernamental, y (iii) no permitiría la estandarización de las normas aplicables a las instituciones de crédito. Adicionalmente, la emisión de otro tipo de regulación crearía incertidumbre jurídica hacia los destinatarios de la norma. En tal sentido, la autorregulación –entendiéndose como tal a los controles o normas establecidos entre sujetos de derecho privado para organizarse o regularse por sí mismos- resulta incompatible con los fines del derecho público y con la misión que tiene la CNBV como autoridad reguladora del sistema financiero mexicano, y su implementación no puede sustituir las responsabilidades de la Administración Pública Federal, trasladando las funciones y responsabilidades públicas a particulares -en este caso, la emisión de normatividad de carácter secundario- para complementar e implementar los marcos jurídicos derivados de la legislación ordinaria, originada por los cambios económicos, sociales y tecnológicos. Derivado de lo señalado, los esquemas de autorregulación en la especie no podrán constituir una opción para facilitar la función garante que tiene atribuida el Estado porque: (i) la emisión de la normatividad que rige a las entidades financieras reguladas y supervisadas por la CNBV, para el caso en concreto, a las instituciones de crédito, se encuentra expresamente establecida en las leyes financieras y no da lugar a la implementación de un modelo o esquema diverso; (ii) no contribuyen a hacer efectiva la desregulación administrativa de la normativa financiera y, consecuentemente, no podría ser un medio que sustituya el ejercicio de la potestad reglamentaria de la CNBV y sus facultades para prevenir y, de ser el caso, sancionar a los transgresores del marco normativo, y (iii) no contribuyen a la seguridad jurídica de los destinatarios de la norma y de los usuarios del sistema financiero.

Esquemas voluntarios

No se estimó una opción viable la emisión de esquemas voluntarios toda vez que, como ya se señaló, la Propuesta Regulatoria modificaría a la regulación secundaria aplicable a las instituciones de crédito y que ya se contiene en un instrumento normativo que son las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, por lo que generar otro tipo de esquema daría lugar a incertidumbre jurídica al existir dos pautas diferentes regulando un mismo tema. Adicionalmente, los esquemas voluntarios de ninguna forma podrán constituir una opción para facilitar la función garante que tiene atribuida el Estado porque la emisión de la normatividad que rige a las entidades financieras reguladas y supervisadas por la CNBV se encuentra expresamente establecida en las leyes financieras y no da lugar a la implementación de un modelo o esquema diverso. De igual forma, los esquemas voluntarios podrían tener el inconveniente de representar diferencias notables entre los estándares establecidos por las propias entidades financieras utilizando este tipo de esquemas frente a lo que dispone la legislación aplicable, por lo que su implementación ocasionaría: i) una no deseada vinculación a los esquemas voluntarios en detrimento a la observancia de la regulación; ii) la implementación de sanciones no previstas en las leyes financieras; iii) que el uso de esquemas de autorregulación se aleje de los objetivos y fines que persiguen las políticas públicas; iv) incertidumbre sobre la aplicación e interpretación de las normas autorregulatorias que, consecuentemente, derivarían en la presentación de consultas de las entidades sujetas ante CNBV solicitando opinión sobre la aplicación e interpretación de preceptos contenidos en los esquemas voluntarios adoptados por dichas entidades; v) que las entidades financieras presentarán solicitudes de autorización ante la CNBV para abstenerse del cumplimiento de ciertos requisitos u obligaciones previstos en la legislación aplicable por considerar que los esquemas voluntarios implementados por ellas mismas les dan mayores ventajas, ocasionando un arbitraje regulatorio, y (vi) que el cumplimiento de la normativa legal y la expedida por las autoridades financieras sea potestativo, lo cual es contrario al espíritu de cualquier marco normativo expedido por el Estado. Lo anterior, se traduciría en incertidumbre e inseguridad jurídica para los destinatarios de la norma e impactaría negativamente en el sistema financiero en su conjunto.

Incentivos económicos

No se estimó una opción viable la emisión de un esquema de incentivos económicos, en razón de que ello implicaría la expedición de un instrumento jurídico distinto a las normas contenidas en la Propuesta Regulatoria y que, tal y como se ha señalado a lo largo del presente AIR, se trata de aspectos que no podrían regularse de una manera distinta a la actualmente prevista para ello. En tal virtud, de establecerse incentivos económicos, lejos de atender la problemática que nos ocupa, se daría lugar a incertidumbre jurídica en cuanto a la aplicación de la regulación correspondiente. De igual forma, no se estimó viable la emisión de un esquema de incentivos económicos, pues las normas materia de la presente Propuesta Regulatoria, versan sobre facultades de la CNBV previstas en la LIC aplicables a las instituciones de crédito y sus Comisionistas de manera concreta, por lo que el cumplimiento a las leyes no puede estar supeditado a la obtención de un beneficio económico por parte de los particulares. Adicionalmente, los incentivos económicos no podrán constituir una opción para facilitar la función garante que tiene atribuida el Estado porque la emisión de la normatividad que rige a las entidades financieras reguladas y supervisadas por la CNBV, se encuentra expresamente establecida en las leyes financieras y no da lugar a la implementación de un modelo o esquema diverso, o bien al otorgamiento de alguna prebenda que se traduzca en beneficios económicos por el cumplimiento de alguna norma, porque este debe tener lugar sin que medie algún incentivo de este tipo. Es importante señalar también que, no se estimó viable el otorgamiento de incentivos económicos para estimular o alentar la realización de conductas o el apego a lo dispuesto en la legislación financiera aplicable por parte de los destinatarios de la norma, ya que no resulta aplicable el criterio económico que señala que, “cuanto mayor sea el incentivo ofrecido, mayor será el esfuerzo de quien lo recibe y mejor su resultado”; dado lo anterior, en el mediano plazo, cuando esos incentivos no puedan ser pagados, se perderá la motivación para la realización de esas conductas o la observancia de la ley. Por último, no debe perderse de vista que las facultades de la CNBV en materia regulatoria se encuentran expresamente previstas en las distintas leyes financieras, por lo que el otorgamiento de esos incentivos distorsionaría e iría en sentido contrario de las normas de derecho público y, de concederse dichos incentivos, impactaría negativamente en las finanzas públicas al tener que preverse recursos presupuestarios para dicho fin, en menoscabo de tareas prioritarias del Estado Mexicano.

No emitir regulación alguna

El no emitir regulación no se consideró una alternativa viable en razón de que, como ya se ha mencionado, el no llevar a cabo la actualización normativa tendría un impacto negativo, ante la realidad actual y el avance de la tecnología, por lo que en un corto plazo las Disposiciones vigentes resultarían inoperantes, rezagarían el crecimiento del sistema financiero en México y su confianza y limitarían la presencia de una mayor diversidad de productos, inhibiéndose la competencia en el sistema bancario en México y en general en el sistema financiero mexicano en su conjunto. Es importante resaltar que la Propuesta Regulatoria también abona a incrementar la inclusión financiera de la población, así como la certeza y solvencia en las operaciones de las entidades financieras destinatarias de la norma, ya que se precisan elementos respecto de la información que deben presentar y revelar periódicamente a la CNBV. Adicionalmente, la emisión de regulación es una obligación dada por ministerio de ley a la CNBV y, por tanto, no emitir regulación devendría en responsabilidad administrativa a este órgano desconcentrado.

Otro tipo de regulación

No se estimó viable emitir otro tipo de regulación que no sea la contenida en la Propuesta Regulatoria, dado que la materia sobre la que ésta recae, por mandato de la LIC, es materia de disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV, en este caso, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Por otra parte, una de las finalidades de la normatividad secundaria es que dichos preceptos jurídicos sean instrumentos normativos auto contenidos que eviten distorsiones, confusión entre los destinatarios y desorden en los mercados financieros. En complemento a lo anterior, no resulta procedente la emisión de otro tipo de regulación ya que, como se ha señalado anteriormente, las Disposiciones vigentes son el instrumento jurídico mediante el cual la CNBV cumple con el mandato de la LIC al ejercer su facultad para emitir la regulación aplicable para las instituciones de crédito. En tal virtud, la emisión de otro tipo de regulación daría lugar a incertidumbre jurídica y se perdería el orden normativo que prevalecería con la presente Propuesta Regulatoria y que, además, permite la existencia de un Sistema Financiero Mexicano ordenado, seguro y eficiente en protección de los intereses de las destinatarias de la norma y de los clientes de ellas. Adicionalmente, el tipo de regulación que emite la CNBV tiene su fundamento en las leyes financieras y esta autoridad solo puede emitir las normas expresamente señaladas para cada materia a regular -disposiciones de carácter general, reglas y lineamientos, según corresponda-, las cuales tienen la misma naturaleza jurídica en la esfera administrativa.

Crea

Obligación

Indefinida

escrito libre

enlace directo a la lista de certificados

instituciones de crédito

No aplica

Cada evento

Artículo 319 Bis, fracción VII Las Instituciones podrán celebrar contratos de comisión mercantil con terceros que actúen en todo momento a nombre y por cuenta de aquéllas ante los clientes o potenciales clientes por medio de las páginas de Internet o aplicaciones informáticas de dichos comisionistas y, para tales efectos, deberán cumplirse diversos requisitos, entre los que se encuentra que las instituciones de crédito deberán publicar en su página de Internet la lista de los certificados y llaves públicas de sus comisionistas, previamente verificada, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 319 Bis 1. Además, las Instituciones deberán proporcionar a la Comisión el enlace directo a dicha lista, a fin de que la Comisión lo ponga a disposición del Público Usuario para su consulta en su página de Internet. Para efectos de lo anterior, las Instituciones deberán verificar de forma periódica la validez de los certificados y llaves públicas que estén contenidas en dicha lista. Asimismo, las Instituciones deberán avisar a la Comisión sobre cualquier cambio o actualización que se realice al enlace o en el contenido de dicha lista. Lo anterior, con la finalidad de dar seguridad al público que realice operaciones a través de comisionistas por cuenta de las instituciones de crédito, respecto de la lista de certificados y claves de los comisionistas.

Envío a la Comisión del enlace directo a la lista de certificados y llaves públicas de sus comisionistas.

N/A

Crea

Obligación

Indefinida

solicitud de autorización

Solicitud de autorización, requerimientos técnicos del Anexo 59 y proyecto de contrato de comisión mercantil.

instituciones de crédito

Negativa

Cada evento

Artículo 321, primer párrafo y fracción III, así como Anexo 59 Cuando las Instituciones pretendan realizar operaciones distintas a las señaladas en el plan estratégico que les fue autorizado conforme al artículo 320, o bien, pretendan operar con nuevos comisionistas no previstos en el plan autorizado o implementar una nueva tecnología para operar con comisionistas o Administradores de Comisionistas previamente autorizados y solo que se trate de operaciones que se realicen con comisionistas digitales de conformidad con las operaciones que tienen autorizado llevar a cabo conforme a lo establecido en el artículo 319 Bis, fracción I, deberán solicitar autorización a la Comisión acompañando a su escrito de solicitud lo siguiente: a) Los requerimientos técnicos que señala el Anexo 59 de las presentes disposiciones y, en su caso, la descripción de la nueva tecnología y su implementación. b) El proyecto de contrato de comisión mercantil para operar con el comisionista, el cual contemple los aspectos a que se refieren los Artículos 318, fracción III y 324, con excepción del párrafo segundo de la fracción I, de las presentes disposiciones, de conformidad con el plan estratégico de negocios autorizado.

Solicitud de autorización para realizar operaciones distintas a las autorizadas u operar con nuevos comisionistas no previstos en el Plan

N/A

Crea

Obligación

Indefinida

solicitud de autorización

Solicitud de autorización para operar con comisionistas digitales, junto con el plan estratégico de negocios.

instituciones de crédito

Negativa

cada evento

Artículo 320 Si bien ya existe el trámite aplicable a comisionistas tradicionales, se propone a través de la propuesta regulatoria que la autorización a que se refiere dicho artículo aplique también para aquellas instituciones que celebren comisiones mercantiles que tengan por objeto llevar a cabo las operaciones a que se refiere el artículo 319 Bis, es decir, a través de canales digitales y, para dichos efectos, se deberá realizar la solicitud de autorización ante la Comisión, previo a la firma del contrato de comisión mercantil, junto con un plan estratégico de negocios que contemple las operaciones previstas en el artículo 319 Bis que podrán realizar. Adicionalmente, se establece que el plan estratégico referido deberá establecer las fechas de implementación de cada una de las operaciones que sean señaladas.

Solicitud de autorización para realizar operaciones con comisionistas digitales.

N/A

Otras

Artículo 318, fracción VI; 321, primer párrafo, fracción II; 321 Bis 1, último párrafo y 324, último párrafo.

Precisiones de texto. Se realizan ajustes a la redacción contenida en dichos preceptos legales, con el fin de darle claridad y coherencia al contenido de la regulación. Lo anterior, no genera costos de cumplimiento ya que se trata únicamente de precisiones de texto para el entendimiento de la norma.

Otras

Artículo 1, fracción XXXI, XLIV Bis y LXXXIII.

Definiciones- Se incorporan y modifican los términos definidos utilizados en la regulación, a fin de hacerla congruente y que su lectura sea coherente. Lo anterior, no genera costos de cumplimiento ya que se trata únicamente de referencias que dan claridad a la redacción y entendimiento de la regulación.

Otras

Artículo 318, fracción I, segundo párrafo, así como fracción III, inciso b) numeral 1, 320, primer párrafo; 321, segundo párrafo; 324, fracción VII, inciso a)

Referencias Se realizan ajustes en las referencias contenidas en el texto de la regulación vigente, a fin de hacerla consistente con la implementación de nuevos preceptos legales en la Propuesta Regulatoria. Esto no genera costos de cumplimiento, ya que se trata únicamente de precisiones sobre referencias a artículos de la misma norma.

Establecen obligaciones

Artículo, artículo 318, fracción II

Establecer un flujograma Se establece que, las instituciones de crédito, al contratar cualquiera de los servicios o al celebrar las comisiones mercantiles a que se refiere el Título Quinto, Capítulo XI de las Disposiciones vigentes, deberán contar, además del informe sobre procesos operativos y de los requisitos que actualmente se requieren en la regulación vigente, con un flujograma y que ambos deben contemplar la información intercambiada en dichos procesos, la ubicación física de los servidores de la Institución y del comisionista de base tecnológica, así como el nombre, domicilio y el contrato que los comisionistas de base tecnológica pacten con terceros para la prestación de servicios de cómputo bajo demanda y de infraestructura tecnológica a través de Internet para soportar su operación.

Establecen obligaciones

Artículo 318, fracción III, inciso a), numerales 3, 6 en relación con el Anexo 58 y 7; así como inciso b), numeral 1, segundo y tercer párrafos, 3 y 6, en relación con el artículo 324, fracciones IV Bis, VII, XII y XIII.

Modificaciones al contrato de prestación de servicios Se realizan precisiones a la información que deben contener los contratos que se celebren entre las instituciones de crédito con los terceros o comisionistas. En ese tenor, además de la información que actualmente deben establecer en dicho documento, se deberán realizan los siguientes ajustes: 1. Se deberá agregar de manera expresa que, a solicitud de la institución, deberán entregar cifras de control, estructuras de información, informes, pruebas de operación y documentos en general que documenten, acrediten y tomen evidencia en relación con cumplimiento de estas Disposiciones. 2. Se deberá establecer que toda la información a que hace referencia dicho numeral 3, podrán ser entregados digitalmente y firmados mediante Firma Electrónica Avanzada o Fiable. 3. Se adiciona el numeral 6 a dicha fracción, con la finalidad de incluir en el contrato que los empleados o funcionarios de los comisionistas digitales, que tengan a su cargo ejecutar los procesos pactados en el contrato de comisión mercantil con la institución de que se trate, deberán ser identificados por el comisionista de base tecnológica en términos del Anexo 58 de las presentes Disposiciones. 4. Se precisa que las Instituciones deberán pactar con los comisionistas a los que se refiere el párrafo anterior, la entrega por escrito de un documento que contenga diversa información de identificación, el cual deberá ser firmado por el empleado o funcionario del comisionista, para lo cual estos podrán utilizar su Firma Electrónica Avanzada. 5. Se establece que, en caso de que exista un cambio del empleado o funcionario del comisionista, el comisionista deberá notificar a la Institución dicho cambio dentro de los dos días hábiles que se haya efectuado la designación correspondiente en los términos señalados en este numeral. 6. Se precisa que el contrato debe contemplar que se debe intercambiar la información de los clientes con la Institución correspondiente a través de un canal seguro observando como mínimo los requisitos previstos en el artículo 319 Bis 1 para aquellos comisionistas que se presenten ante el Público Usuario a través de sus páginas de Internet o aplicaciones informáticas. 7. En el inciso b), se realizan precisiones adicionales al contrato de prestación de servicios, en el cual deberá establecerse que el tercero subcontratado no podrá llevar a cabo operaciones y funciones por cuenta propia o distintas a las que se pacten en el contrato de prestación de servicios o comisión respectivo. 8. Se ajusta que los terceros con los que las instituciones contraten no podrán subcontratar los servicios o comisiones a que se refiere el artículo 319 Bis de las Disposiciones, con excepción de la contratación de servicios correspondientes a cómputo bajo demanda y de infraestructura tecnológica a través de Internet para soportar su operación. 9. Por lo que hace a la solución de disputas, del numeral 3, del inciso b), en el contrato se deberá prever los mecanismos para la solución de disputas relativas al contrato entre el comisionista y un tercero subcontratado. 10. Por lo que hace a los términos, condiciones y procesos para la transferencia, devolución y eliminación de información y tratándose de los comisionistas digitales, las instituciones deberán requerir de éstos que observen los requerimientos para el manejo seguro de la información en términos de la Sección Octava Bis “De la seguridad de la información”, del Capítulo VI “Controles Internos” del Título Segundo “Disposiciones Prudenciales” a fin de proteger la información de los clientes, potenciales clientes y de la Institución. Finalmente, en adición a los requerimientos antes citados, el artículo 324, adiciona una fracción IV Bis, con el fin de precisar que, en los contratos de mérito y tratándose de los comisionistas que se presenten ante los clientes o potenciales clientes a través de sus páginas de Internet o aplicaciones informáticas, se deberá cumplir con lo previsto en los artículos 319 Bis, 319 Bis 1, 319 Bis 2, 319 Bis 3, 319 Bis 4 y 319 Bis 5, conforme a la fracción VII se ajustan las prohibiciones para las instituciones de crédito que celebren contratos de comisión mercantil a través de medios digitales, ya que no podrán condicionar la realización de operaciones a la adquisición de un producto o servicio o contratar condiciones de exclusividad con la institución de que se trate.

Otras

Título Quinto, Capítulo XI

Para dar claridad a la norma, se realizan precisiones en el Título Quinto, Capítulo XI a fin de realizar una distinción entre la regulación aplicable de manera general a los comisionistas y aquella regulación que aplicará para comisionistas digitales.

Establecen obligaciones

Artículo 319 Bis

Requisitos para la celebración de contratos de comisión mercantil con comisionistas de base tecnológica. Se establece que las instituciones podrán celebrar contratos de comisión mercantil con terceros que actúen en todo momento a nombre y por cuenta de aquéllas ante los clientes o potenciales clientes por medio de las páginas de Internet o aplicaciones informáticas de dichos comisionistas, con excepción de las páginas de Internet o aplicaciones informáticas que realizarán la Autenticación del cliente, cambio o actualización de los Factores de Autenticación y actualización del medio de contacto del cliente. En ese tenor, además de los requisitos que deben cumplir conforme a lo establecido en el artículo 318 vigente y sus respectivas modificaciones derivado de la implementación de la presente propuesta regulatoria, se establecen requisitos especiales para este tipo de comisionistas, a saber, los siguientes: 1. Se enlistan las operaciones que podrán celebrar las instituciones de crédito con comisionistas digitales. 2. Se establece la obligación para las instituciones de crédito de establecer mecanismos y procedimientos para asegurarse de que, a través de las páginas de Internet o aplicaciones informáticas del comisionista de que se trate, se le proporcione a los clientes o potenciales clientes de las instituciones información personalizada, suficiente y clara; sobre las responsabilidades del comisionista y de la institución, el reconocimiento de que el servicio contratado es con la Institución de crédito, no con el comisionista y los procesos de autenticación que se utilizarán, así como el derecho del cliente para utilizar el Factor de Autenticación de Categoría 2 definido por este en los términos del Artículo 319 Bis 2. 3. Se determina la obligación para las instituciones de establecer en el contrato con el comisionista que este último no podrá procesar, transmitir, guardar, modificar o copiar en ninguna circunstancia la información de los Factores de Autenticación asociados a los clientes de la Institución. 4. Se instruye a las instituciones la obligación de pactar con el comisionista que la información agregada y desagregada que se derive de la relación contractual con la Institución no podrá usarse, compartirse, venderse u otorgarse a algún tercero distinto a los previstos en el artículo 318, fracción III, inciso a) numeral 7). 5. Se establece la obligación de contratar con los comisionistas que los periodos de inactividad de la sesión mencionada en el artículo 319 Bis 2 no podrán durar más de cinco minutos y la duración total de la sesión no podrá exceder de los veinte minutos. 6. Se determina que las Instituciones deberán contratar con el comisionista que las páginas de Internet o aplicaciones informáticas del comisionista proporcionen a los clientes, a través de su correo electrónico, un registro de todas las operaciones e instrucciones realizadas durante la sesión a la que se refiere el artículo 319 Bis 2. 7. Se determina que las instituciones de crédito deben publicar en su página de Internet la lista de los certificados y llaves públicas de sus comisionistas, previamente verificada. Lo anterior, con la finalidad de precisar en los contratos respectivos las operaciones y obligaciones a cargo de las instituciones de crédito y de los comisionistas, respectivamente, a fin de dar seguridad tanto a las partes como al cliente que haga uso de dichas plataformas.

Establecen obligaciones

Artículo 319 Bis y Artículo 319 bis 1

Estipular que la identificación y segregación de la Infraestructura Tecnológica Se adiciona el artículo 319 Bis 1, el cual establece que las Instituciones deberán estipular con los comisionistas digitales, la identificación y segregación de la Infraestructura Tecnológica, páginas de Internet y aplicaciones informáticas que son propiedad de la Institución y las del comisionista, respectivamente, a efecto de que establezcan un canal seguro para el intercambio de información de Autenticación de los clientes y sus operaciones. Para tales efectos, se establece en dicho artículo los requisitos con los que deberá contar el canal para el intercambio de información, entre los que se encuentran los siguientes requisitos: 1. Que el intercambio de información entre las Infraestructuras Tecnológicas de las Instituciones y comisionistas deberá ir cifrada utilizando, al menos, un método de la Criptografía Matemática Asimétrica. 2. Solicitudes que deben realizarse al cliente, una vez que se encuentre en la infraestructura tecnológica de la institución. 3. Al momento en que se lleve a cabo el redireccionamiento, tanto la infraestructura tecnológica del comisionista y de la institución deberán informar en un mensaje explícito, claro y visible para el cliente, los motivos por los cuáles se está llevando el redireccionamiento respectivo y en qué paso del proceso de Autenticación se encuentra el cliente. 4. Las instituciones deberán permitir a sus clientes que utilicen el Factor de Autenticación de Categoría 2 definido por estos en los términos del presente artículo, para Autenticarse en los servicios de Banca Móvil o Banca por Internet de la Institución que corresponda Lo anterior, derivado del uso de canales digitales; por lo que resulta necesario establecer las características de la operación y del uso de medios digitales, a través de información cifrada y de factores de autenticación que permitan la verificación de identidad del cliente.

Establecen obligaciones

Artículo 319 bis 1

Requisitos que deberán pactarse con el comisionista digital Si bien se establecen cuestiones que deberán ser pactadas en el contrato de comisión mercantil, también debe considerarse que, para dar estricto cumplimiento, además de pactarse contractualmente, se debe contar con sistemas y personal suficiente para llevar a cabo el cumplimiento de las condiciones pactadas. Es decir, se debe realizar intercambio de información entre infraestructuras tecnológicas de la Institución y del comisionista, proporcionarse entre ambos un listado con llaves y certificados públicos asociados a la infraestructura tecnológica, así como verificar la fiabilidad de las llaves y certificados públicos del comisionista de base tecnológica a fin de identificar aquellas que pudiera resultar apócrifas; además establecer un protocolo de autenticación para permitir el intercambio de los permisos asociados a la autenticación del cliente y sus operaciones y, una vez que se lleve a cabo el intercambio de información, deberá ser firmada utilizando la llave privada del emisor de la información y, posteriormente, cifrada con la llave pública del receptor de la información.

Establecen obligaciones

Artículo 319 bis 2

Autenticación de posibles clientes A través de este artículo se establece el marco jurídico que deberá ser cumplido por las instituciones que pacten con comisionistas digitales, la apertura de cuentas nivel 2 y otorgamiento de crédito por montos inferiores a 3,000 UDIS, como lo es lo siguiente: 1. Informar al cliente o potencial cliente que su Autenticación se realizará por la Institución correspondiente. 2. Solicitará un Factor de Autenticación Categoría 2 y un Factor de Autenticación Categoría 3 3. Informar al cliente que para que se lleve a cabo dicha Autenticación, se le redireccionará a la Infraestructura Tecnológica de la institución. 4. Requerir del cliente que defina su factor de autenticación y un correo electrónico. 5. Verificar su factor de autenticación, ingresando el factor de autenticación 3 en los medios electrónicos de la institución. 6. Otorgar al comisionista los permisos necesarios para poder acceder a la información del cliente y al cliente se le redirigirá a la página de Internet o aplicación informática del comisionista para que este pueda realizar la apertura de cuenta. Cabe recalcar que, tanto en la Infraestructura Tecnológica de los comisionistas como en los de las instituciones, según sea el caso, deberán informar en un mensaje explícito, claro y visible para el cliente, los motivos por los cuáles se está llevando el redireccionamiento respectivo y en qué paso del proceso de Autenticación se encuentra el cliente. Lo anterior, con la finalidad de determinar el uso de factores de autenticación necesarios para la celebración de operaciones y así, dotar de seguridad al cliente en la celebración de operaciones.

Establecen obligaciones

Artículo 319 bis 3

Informar al cliente que se solicitará factor de autenticación categoría 2 Se precisa mediante la adición de este artículo que, las instituciones que pacten con los comisionistas digitales la celebración de operaciones deben informar a los clientes, previo a la ejecución de la operación, que se le solicitará el Factor de Autenticación Categoría 2 que definió previamente con la Institución y que ingrese un Factor Categoría 3, para que este pueda ser Autenticado por la Institución. Lo anterior, con la finalidad de determinar el uso de factores de autenticación necesarios para la celebración de operaciones y así, dotar de seguridad al cliente en la celebración de operaciones. Además, se establece que, una vez que el cliente se encuentre en la Infraestructura Tecnológica de la Institución, se le deberá solicitar el factor de autenticación 2, para verificar su identidad, y 3. Después de que la Institución haya realizado la Autenticación del cliente, la Institución le otorgará al comisionista los permisos necesarios para poder acceder a la información del cliente. A la vez, establece que en los momentos que se realicen los redireccionamientos en la página electrónica, deberán informar en un mensaje explícito, claro y visible al cliente, los motivos por los cuáles se está llevando la redirección respectiva y en qué paso del proceso de Autenticación se encuentra el cliente

Establecen obligaciones

Artículo 319 bis 4

Cifrado de información Se establece la obligación para los comisionistas, a fin de que las instrucciones de los clientes que se realicen a través de la infraestructura tecnológica de los comisionistas, se realicen con cifrado, el cual deberá cifrar con, al menos, la llave o el certificado público del comisionista, la cual (i) deberá estar previamente cargada en las páginas de Internet o aplicaciones informáticas del comisionista o (ii) deberá actualizarse por una instrucción de la Infraestructura Tecnológica del comisionista.

Establecen obligaciones

Artículo 319 bis 5

Modificación del factor de autenticación categoría 2 Las instituciones deberán permitir a los clientes modificar el Factor de Autenticación Categoría 2, así como su correo electrónico o medio de contacto de mensajería instantánea que utilice protocolos de comunicación Cifrados por el cual recibe el Factor de Autenticación Categoría 3, que definió en términos del artículo 319 Bis 2, para lo cual, la página de Internet o la aplicación informática del comisionista deberá prever una opción o enlace explícito, claro y visible que realice el redireccionamiento hacia la infraestructura tecnológica de la institución, a fin de modificar dichos Factores de Autenticación, correo electrónico o medio de contacto de mensajería instantánea que utilice protocolos de comunicación Cifrados.

Establecen prohibiciones

Artículo 321 Bis 1

Proporcionar al público usuario, folletos con información sobre sus comisionistas Se realizan precisiones al artículo vigente, a fin de contemplar que la información que comparta la institución de crédito no se debe limitar a sus clientes bancarios, sino que deba ser puesta a disposición del público en general, ya sea a través de su página en Internet o en sucursales, para dar a conocer los comisionistas que tengan habilitados para realizar operaciones. En ese tenor, se precisa la información que debe hacerse pública por parte delas instituciones de crédito respecto de dichos comisionistas, lo cual no genera un costo de cumplimiento adicional, ya que dicha información puede hacerse del conocimiento vía electrónica o con el uso de recursos existentes en las sucursales que actualmente ya cuentan con dicho presupuesto porque materialmente se encuentran visibles, en su página de Internet o en las aplicaciones bancarias, así como en los espacios físicos de las sucursales.

Establecen obligaciones

Artículo 324, fracción VII, incisos a) y g)

Dentro de las prohibiciones que se encuentran establecidas para el comisionista mercantil, se precisa que no se pueden condicionar la realización de operaciones bancarias a la adquisición de productos o servicios, así como tampoco contratar condiciones de exclusividad con la Institución de que se trate, sin perjuicio de los deberes de confidencialidad de la información por parte del comisionista frente a cada Institución con la que pacte los servicios a que se refiere el presente artículo.

Establecen obligaciones

Segundo Transitorio

Cumplimiento y modificación de los contratos existentes de comisión mercantil Se precisa el plazo con el que contarán las Instituciones para modificar los contratos que tengan celebrados con los terceros a que se refiere el Capítulo XI de estas Disposiciones, por lo que respecta a las reformas aplicables previstas en los artículos 318, fracciones II y III, inciso a), numeral 3 e inciso b), numeral 1, párrafo segundo y numeral 3; artículo 321 Bis 1; artículo 324, fracción VII, inciso g); Anexo 58, fracción I, numeral 5, párrafo segundo, fracción III, numeral 2, segundo párrafo, inciso b) e inciso d), párrafo tercero, inciso b) y Anexo 59, numeral 2 y 6.

Instituciones de crédito

VÉASE: Anexo denominado “Monetización costos vs beneficios”

Instituciones de crédito

VÉASE: Anexo denominado “Monetización costos y beneficios”

Circulación del borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios

Circulación del borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios instituciones de crédito, Banco de México y Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Se incluyó en la Propuesta Regulatoria.