
Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio

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Conforme a los dispuesto en artículo tercero del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de febrero de 2007, donde se menciona: “… ARTÍCULO 3.- A efecto de garantizar la calidad de la regulación, las dependencias y organismos descentralizados podrán emitir o promover la emisión o formalización de la misma, únicamente cuando demuestren que el anteproyecto de regulación respectivo se sitúa en alguno de los supuestos siguientes: I. Que la regulación pretenda atender una situación de emergencia, siempre que: a) Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una sola ocasión por un periodo igual o menor; b) Se busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía, y c) No se haya solicitado previamente trato de emergencia para un anteproyecto con contenido equivalente; II. Que con la emisión de la regulación, la dependencia u organismo descentralizado cumpla con una obligación establecida en ley, así como en reglamento, decreto, acuerdo u otra disposición de carácter general expedidos por el titular del Ejecutivo Federal; III. Que con la regulación se atiendan compromisos internacionales; IV. Que la regulación, por su propia naturaleza, deba emitirse o actualizarse de manera periódica; V. Que los beneficios aportados por la regulación, en términos de competitividad y funcionamiento eficiente de los mercados, entre otros, son superiores a los costos de su cumplimiento por parte de los particulares, o VI. Que se trate de reglas de operación de programas que se emiten de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. …” El anteproyecto de propuesta regulatoria presente cumple con la fracción V del artículo tercero del Acuerdo de Calidad Regulatoria. Se propone conforme a los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos y las obligaciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, los artículos 56 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, donde se tipifican las sanciones. Como resultado de las omisiones de los permisionarios, lo procedente sería que la Comisión inicie los procedimiento administrativo de sanción, así como las negaciones de las solicitudes de cesión que sean aplicables; sin embargo dichas acciones no garantizaría la continuidad a las actividades de expendio de hidrocarburos, el fomento del desarrollo eficiente de la industria y la protección de los usuarios finales; ello tomando en consideración que la actividad de expendio de hidrocarburos es necesaria para garantizar el suministro en territorio nacional, como se establece en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: “La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.” Por todo lo anterior, la Comisión se ve en la necesidad de proveer de un procedimiento de regularización que fomente el desarrollo eficiente de la industria, y con ello incentivar la vigilancia y supervisión de las obligaciones de los permisionario; que como conclusión garantizaría la protección de los usuarios finales, es decir, a la población en general. Por lo anterior, es atribución de esta Comisión presentar el anteproyecto de propuesta regulatoria conforme al marco legal vigente. Finalmente, este proyecto demuestra tener beneficios mayores a los costos de la regulación.
1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta#1 - Simplificar el procedimiento administrativo de sanción a través de un procedimiento voluntario de regularización. - Emitir sanciones mínimas establecidas en el artículo 86 fracción II inciso (j de la Ley de Hidrocarburos. - Brindar un esquema de regularización eficiente, que permita dar continuidad a las actividades reguladas a través del cual se brinde certeza jurídica a los permisionarios, respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en su título de permiso y la Ley de Hidrocarburos. - Ordenar el mercado de Hidrocarburos, a fin de atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. - Proteger los intereses de los usuarios finales, garantizando la continuidad en la actividad de expendio al público de hidrocarburos en beneficio del interés público - Generar seguridad jurídica evitando discrecionalidades que producen ventajas o desventajas para los permisionarios. |
Es atribución de esta Comisión establecer los requisitos y lineamientos para las actividades reguladas, los cuales se presentan en el anteproyecto de propuesta regulatoria conforme al marco legal vigente. La Comisión tiene las atribuciones de emitir acuerdos, directivas y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus facultades con autonomía técnica, operativa y de gestión, vigilar y supervisar su cumplimiento. Aunado a ello, de conformidad con los artículos 81 fracción I de la Ley de Hidrocarburos y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, la Comisión debe regular, promover y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. La Comisión de manera colegiada otorga permisos a los solicitantes interesados, con el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en normatividad aplicable a cada mercado; dichos permisos tienen aparejados el cumplimiento de obligaciones, que se establecen en el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, así como en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Derivado de la evaluación y el análisis realizado a los permisos vigentes de expendio al público de hidrocarburos se identificó que el noventa por ciento de los mismos se encuentran en incumplimiento de sus obligaciones del permiso; siendo los incumplimientos más frecuentes, los siguientes: • Contratación de la póliza anual de seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. • Obtención en tiempo y forma de los dictámenes anuales de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan. • Pago de supervisión anual del ejercicio fiscal correspondiente a la fecha en que se presente la solicitud de modificación por cesión del Permiso, así como de los demás ejercicios fiscales anteriores con adeudos. • Haber realizado la cesión de los derechos de la estación de servicio sin autorización previa de la Comisión. Los incumplimientos anteriores son tipificados por la Ley de Hidrocarburos como infracciones, por lo que la Comisión cuenta con atribuciones para imponer sanciones administrativas consistentes en revocación o multa, según corresponda de conformidad con los artículos 56 y 86 de la Ley de Hidrocarburos. En relación con lo anterior, la Ley de Hidrocarburos en su artículo 53 establece que para poder autorizar una modificación por cesión a un permisionario, el mismo debe cumplir con tres requisitos, que se enlistan a continuación: i) Los permisos se encuentren vigentes; ii) El cedente haya cumplido con todas sus obligaciones, y iii) El cesionario reúna los requisitos para ser permisionario y se comprometa a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. Como resultado de las omisiones de los permisionarios, lo procedente sería que la Comisión inicie los procedimiento administrativo de sanción, así como las negaciones de las solicitudes de cesión que sean aplicables; sin embargo dichas acciones no garantizaría la continuidad a las actividades de expendio de hidrocarburos, el fomento del desarrollo eficiente de la industria y la protección de los usuarios finales; ello tomando en consideración que la actividad de expendio de hidrocarburos es necesaria para garantizar el suministro en territorio nacional, como se establece en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: “La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.” Por todo lo anterior, la Comisión se ve en la necesidad de proveer de un procedimiento de regularización que fomente el desarrollo eficiente de la industria, y con ello incentivar la vigilancia y supervisión de las obligaciones de los permisionario; que como conclusión garantizaría la protección de los usuarios finales, es decir, a la población en general. Lo anterior expuesto de conformidad a los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XVII, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 34, 36 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, primer párrafo, 2, fracciones III y IV, 5 párrafo segundo, 48, fracción II, 50, 51, 53, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, fracción II, inciso j), 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2 y 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción V, 7, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52 y 53 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12, 16, 18, fracciones; corresponde a la Comisión Reguladora de Energía emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, vigilar y supervisar su cumplimiento, así como otorgar autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas.
Acuerdo
Disposiciones jurídicas vigentes#1 a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos b. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética Esta disposición es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y establecer sus competencias. c. Ley de Hidrocarburos En la misma se establen en su Título Tercero las obligaciones de los permisionarios, como lo son remitir la contratación, así como mantener vigente los seguros por daños, incluyendo daños a terceros; presentar el o los dictámenes anuales de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que le son aplicables a los permisos de expendio, así como las sanciones aplicables a los permisionarios por los incumplimientos de sus obligaciones. d. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Se estipula que la Administración Pública Centralizada contará con Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. e. Ley Federal de Procedimiento Administrativo En este ordenamiento se establece la obligación de la Administración Pública Federal de facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones de los particulares. f. Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía Establece que la Comisión cuenta con facultades para expedir, a través de su Órgano de Gobierno, las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, acuerdos aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia e interpretar para efectos administrativos las disposiciones normativas y actos administrativos que emitan en atención a sus facultades. |
Alternativas#1 No emitir regulación alguna La Comisión dentro de sus facultades cuenta con la facultad de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro. Al no emitir esta regulación, se podrían dar por terminados a solicitud de los permisionarios diversos permisos que tiene la intensión de ceder los mismo, pero por incumplimientos en algunas de sus obligaciones no se puede autorizar por la Comisión, en atención a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Hidrocarburos. Aunado a lo anterior, se incentiva un actuar irregular de los permisionarios, lo cual vulnera los intereses de los usuarios finales al no garantizar una adecuada cobertura nacional, así como atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad del suministro. De acuerdo con lo anterior, se concluye que no existen las condiciones necesarias para la viabilidad de esta alternativa por los impactos negativos que serían absorbidos por la población en general por una afectación directa en el suministro. Conforme a lo anterior, los costos vinculados con la carga administrativa se incrementarían para el Estado y, los impactos negativos serían absorbidos por la población en general por una afectación directa. No emitir regulación alguna implicaría a los Permisionarios pagar la multa correspondiente, de conformidad con el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos. Costo que, planteando un escenario promedio, de conformidad con el análisis realizado en la Comisión Reguladora de Energía, contemplaría la omisión de 4 pólizas, dos dictámenes técnicos y dos dictámenes de calidad. El detalle de la evaluación se puede consultar en el documento “Análisis Costo-Beneficio regularización obligaciones, 3. Costos y beneficios, Simplificar el procedimiento administrativo de sanción a través de un procedimiento voluntario de regularización”. Del análisis antes descrito y los cálculos realizados, se obtiene que el costo de no emitir regulación equivale a $15,216,114.74. No se identifican beneficios para esta alternativa de regulación. Costo final: $15,216,114.74. | |
Alternativas#2 Otras Alternativa 2: Inicio de procedimiento administrativo de sanción. Descripción de las alternativas y estimación de los costos y beneficios 2: La Comisión cuenta con la facultad de vigilancia y supervisión de las actividades reguladas, es decir, de los permisos otorgados, por ello, al detectarse una omisión en el cumplimiento, por consiguiente se debe iniciar a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y con la aprobación del Órgano de Gobierno los procedimientos administrativos de sanción que se establece en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en los artículos 70, fracciones II, V y VI, 72, 73, 74 y 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Mismos que contempla: a) Las sanciones administrativas podrán consistir en la imposición de multas, clausura temporal o permanente, parcial o total y la prevista en el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos. b) En atención de las facultades de supervisión y vigilancia la Unidad de Hidrocarburos remitirá a la Unidad de Asuntos Jurídicos reporte de incumplimientos detectados del actuar del permisionario. c) La Unidad de Asuntos Jurídicos con la información remitida por la Unidad de Hidrocarburos someterá a aprobación del Órgano de Gobierno el inicio del procedimiento de sanción, para lo cual; d) Se deberá de notificar el inicio del procedimiento de sanción al permisionario: e) El permisionario contará con quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente. f) Una vez oído al permisionario, admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el permisionario, la Comisión fundará y motivará su resolución, dentro de los siguientes diez días, considerando: I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad del incumplimiento; IV. La reincidencia del incumplimiento. g) Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las modalidades previstas en el Artículo 70 de la Ley, salvo el arresto. h) Cuando en una misma resolución se hagan constar diversos incumplimientos, las multas se determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda. i) Las sanciones por incumplimientos se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a las omisiones en que, en su caso, incurran los infractores. Las cuales se calcularán de conformidad con el artículo 86 fracción II inciso j) de la Ley de Hidrocarburos, que establece lo siguiente: j) Las demás violaciones al Título Tercero de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la regulación, lineamientos y disposiciones administrativas competencia de la Comisión Reguladora de Energía, serán sancionadas con multa de entre quince mil a cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; j) La facultad de la Comisión para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua. Conforme a lo anterior, los costos vinculados con la carga administrativa se incrementarían para el Estado, toda vez que los procedimientos de sanción son extensos con la aplicación de sanción mayor a la que establece el acuerdo. Iniciar procedimiento de sanción de conformidad con el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos, no solo contemplaría el costo regulatorio de no emitir regulación y pagar la multa a la que se haría acreedor. Además, se considera el costo de honorarios por el asesoramiento legal para llevar el procedimiento administrativo de sanción, lo cual se estima por un año en aproximadamente $297,198 por asesoramiento de cuatro horas diarias durante los días hábiles del año, de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios del Gobierno de México. Del análisis antes descrito y los cálculos realizados, se obtiene que el costo de iniciar procedimientos administrativos de sanción de $15,216,114.74+$297,198 = $15,164,683.8 No se identifican beneficios para esta alternativa de regulación. Costo final: $15,513,312.74 | |
Alternativas#3 Otras Alternativas 3: Emisión de resoluciones negativas Descripción de las alternativas y estimación de los costos y beneficios 3: En la alternativa que nos ocupa, una de las vías que tendría la autoridad reguladora en atención a sus facultades y atribuciones sería la de negar aproximadamente 534 proyectos de modificación por cesión solicitados a la Comisión Reguladora de Energía, lo anterior al no cumplir con el artículo 53 de la Ley de Hidrocarburos que dispone que la cesión de los permisos o de la realización de las actividades reguladas al amparo del permiso, sólo podrá realizarse previa autorización de ésta, siempre que: a) Los permisos se encuentren vigentes; b) El cedente haya cumplido con todas sus obligaciones, y c) El cesionario reúna los requisitos para ser permisionario y se comprometa a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. Sin embargo, las negaciones no sentarían las bases para establecer un esquema de regularización, así como la continuidad de la actividad de expendio al público de hidrocarburos en beneficio del interés público. Al establecer que los permisos de las actividades reguladas no puedan ser cedidos, tiene resultado que no se garantice la continuidad de las actividades de expendio de hidrocarburos, tomando en consideración que la actividad es necesaria para garantizar el suministro en territorio nacional. Con todo lo anterior, se concluye que al negarse las solicitudes existiría una afectación mayor para los permisionarios, así como los usuarios finales. Emitir resoluciones negativas sobre el otorgamiento de los permisos, afectaría como costo cualitativo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Por otro lado, el permisionario no podrá obtener la modificación solicitada, por lo que todo lo realizado durante el trámite sería un costo regulatorio que tendría que cubrir. El detalle de la evaluación se puede consultar en el documento “Análisis Costo-Beneficio regularización obligaciones, 3. Costos y beneficios, Primera sección. Ejemplo costo administrativo, desistimiento”. Del análisis antes descrito y los cálculos realizados, se obtiene que el costo para el Permisionario de emitir resoluciones negativas es de $29,774.68. No se identifican beneficios para esta alternativa de regulación. Costo final: $29,774.68. |
Que del análisis realizado por la Unidad de Hidrocarburos del volumen de permisos de expendio al público en materia de Hidrocarburos se ha detectado que la mayoría de los permisionarios han incumplido de manera total o parcial en sus obligaciones establecidas en la normatividad aplicable, lo cual, de conformidad con los incisos del artículo 86, fracción II de la Ley de Hidrocarburos, siendo los incumplimientos más frecuentes: a) Contratación de la póliza anual de seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. b) Obtención en tiempo y forma de los dictámenes anuales de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan. c) Pago de supervisión anual del ejercicio fiscal correspondiente a la fecha en que se presente la solicitud de modificación por cesión del Permiso, así como de los demás ejercicios fiscales anteriores con adeudos. d) Haber realizado la cesión de los derechos de la estación de servicio sin autorización previa de la Comisión. Dichos por dichos incumplimientos se aplican las sanciones administrativas que van desde la multa de entre quince mil a cuatrocientas cincuenta mil veces el importe de la Unidad de Medida y Actualización, hasta la revocación del permiso. En el Acuerdo de regularización que se plantea, no es de aplicación obligatoria para los permisionarios, es decir, los mismos tienen la potestad de adherirse o no al mismo, por así convenir a sus intereses, teniendo como objeto establecer un esquema voluntario de regularización eficiente, que permita a esta Comisión dar continuidad a las actividades reguladas, permitiendo ordenar el mercado, proteger los intereses de los usuarios finales, sin que ello implique dejar a un lado las atribuciones de supervisión y sanción de la Comisión por el actuar irregular de los permisionarios. Y a través de este programa fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional, atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro, y la prestación de los servicios. Como Primer punto, el procedimiento de atención planteado en el Acuerdo de Regularización es mejor en tiempo y esfuerzo para los permisionarios, así como la utilización de los recursos humanos y materiales de la Comisión, toda vez que se planeta en seis pasos, salvaguardando en el mismo, la garantía de audiencia y el debido proceso de los permisionarios, que se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es importante aclarar, que si bien el Acuerdo de referencia plantea la aplicación de una multa, la misma es única y se establece en relación con la multa mínima planteada en el artículo 86, fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos, sin realizar el análisis previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como se indicó en la alternativa 2 incisos h) e i) de este instrumento. En relación con lo anterior, los costos de pagos para los permisionarios que voluntariamente se adhieran al acuerdo serán menores a los que se les impone a los permisionarios por la omisión de mantener actualizadas sus pólizas de seguro, así como remitir los dictámenes de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. Como segundo punto, el presente Acuerdo inhibe la emisión de resoluciones en sentido negativo para todos aquellos permisionarios que deseen modificar su permiso a través de una cesión y que tengan un trámite iniciado o pretendan ingresar uno y los mismos no cumplan con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones como lo establece el artículo 53 de la Ley de Hidrocarburos. Derivado de lo anterior, se garantiza la continuidad en el suministro y así proteger los intereses de los usuarios finales, entendiendo a estos como la población en general. En conclusión, la propuesta de Acuerdo tiene impactos positivos y significativos en comparación con los costos que implicaría su implementación. Considerando además que la propuesta tiene como principal propósito la regularización del mercado de Hidrocarburos, aunado a que los permisionarios estarían en posibilidad de poder ceder sus permisos y no darlos por terminado o actuar en la irregularidad.
Accion#1 Crea Beneficio 3 meses Electrónico • El interesado deberá formular una solicitud en escrito libre que incluya los aspectos siguientes: i. Expresión unilateral de la voluntad de desistimiento del trámite de cesión con el que se cuente, según sea el caso, indicando el número de turno de ingreso. ii. Manifestar bajo protesta de decir verdad que se adhiere voluntariamente al presente acuerdo, con el objeto de regularizar el actuar de su permiso iii. Dicho escrito deberá contar con la firma autógrafa del representante legal acreditado ante esta Comisión. • Desistimiento de la Solicitud de modificación de permiso. • Allanar o realizar las manifestaciones de la imputación del incumplimiento de obligaciones y en su caso realizar las manifestaciones que a su derecho convenga. • Cumplimiento de la sanción correspondiente (pago). • Acreditar ante la Comisión el cumplimiento de la sanción. A los permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no cuenten con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones y deseen regularizarse de manera voluntaria. A los permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no cuente con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones y cuenten con un trámite de modificación por cesión en curso y deseen regularizarse de manera voluntaria. A los permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no cuente con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones y requieran iniciar un trámite de modificación por cesión y deseen regularizarse de manera voluntaria. No aplica 65 días hábiles desde el inicio de la solicitud El Proyecto de Acuerdo crea un trámite con una vigencia de tres meses a través del cual se busca regularizar de manera voluntaria el actuar de los permisionarios de expendio al público con fin especifico de Hidrocarburos, que se encuentren en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, el título de su permiso y demás normatividad aplicable, a través de un trámite electrónico con los siguientes requisitos: El interesado deberá formular una solicitud en escrito libre que incluya los aspectos siguientes: i. Expresión unilateral de la voluntad de desistimiento del trámite de cesión con el que se cuente, según sea el caso, indicando el número de turno de ingreso. ii. Manifestar bajo protesta de decir verdad que se adhiere voluntariamente al presente acuerdo, con el objeto de regularizar el actuar de su permiso iii. Dicho escrito deberá contar con la firma autógrafa del representante legal acreditado ante esta Comisión. Desistimiento de la Solicitud de modificación de permiso. Allanar o realizar las manifestaciones de la imputación del incumplimiento de obligaciones y en su caso realizar las manifestaciones que a su derecho convenga. Cumplimiento de la sanción correspondiente (pago). Acreditar ante la Comisión el cumplimiento de la sanción. La sanción planteada en el proyecto de Acuerdo contempla la sanción mínima establecida en el artículo 86 fracción II inciso (j de la Ley de Hidrocarburos, es decir, la misma se encuentra fundada en un ordenamiento jurídico. Finalmente, de los análisis costo beneficio, se concluye que la emisión del presente acuerdo favorece la mejora regulatoria, el actuar de los permisionarios; así como las actividades de la Comisión. Programa de regularización Se asignará por CONAMER |
Obligaciones#1 Establecen requisitos De conformidad a los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XVII, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 34, 36 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, primer párrafo, 2, fracciones III y IV, 5 párrafo segundo, 48, fracción II, 50, 51, 53, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, fracción II, inciso j), 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2 y 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción V, 7, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52 y 53 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12, 16, 18, fracciones; corresponde a la Comisión Reguladora de Energía emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, vigilar y supervisar su cumplimiento, así como otorgar autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas. Este proceso genera costos administrativos contemplados en la evaluación “Análisis Costo-Beneficio regularización obligaciones” | |
Obligaciones#2 Condicionan un beneficio De conformidad a los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, X, XVII, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 34, 36 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, primer párrafo, 2, fracciones III y IV, 5 párrafo segundo, 48, fracción II, 50, 51, 53, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, fracción II, inciso j), 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2 y 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción V, 7, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52 y 53 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12, 16, 18, fracciones; corresponde a la Comisión Reguladora de Energía emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, vigilar y supervisar su cumplimiento, así como otorgar autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas. Simplificar el procedimiento administrativo de sanción a través de un procedimiento voluntario de regularización. Esta acción regulatoria promueve la regularización de las obligaciones señaladas en el acuerdo regulatorio, con la finalidad de brindar continuidad a la atención de las solicitudes de modificación. | |
Obligaciones#3 Establecen obligaciones Artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Promover la continuidad de la actividad de expendio con fin específico de hidrocarburos en beneficio del interés público. Promover la cobertura nacional para el suministro energético de la población, atendiendo lo establecido en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. |
Grupo o industria al que le impacta la regulación#1
Para la evaluación de costos de la propuesta de proyecto regulatorio, se calculó el costo administrativo. El costo administrativo es la suma de los costos regulatorios de cada trámite establecido en la presente propuesta regulatoria para el proceso de regularización. Para efecto de este análisis, se describirá el cálculo del costo regulatorio utilizado para los trámites. Cada requisito se calculó mediante el costo regulatorio, el cual se define como la suma del costo del requisito y la carga administrativa. Los requisitos para la regularización de obligaciones son: • El interesado deberá formular una solicitud en escrito libre que incluya los aspectos siguientes: i. Expresión unilateral de la voluntad de desistimiento del trámite de modificación por cesión con el que se cuente, según sea el caso, indicando el número de turno de ingreso. ii. Manifestar bajo protesta de decir verdad que se adhiere voluntariamente al presente acuerdo, con el objeto de regularizar el actuar de su permiso iii. Dicho escrito deberá contar con la firma autógrafa del representante legal acreditado ante esta Comisión. • Desistimiento de la Solicitud de modificación de permiso, en caso de existir. • Allanamiento de la imputación del incumplimiento de obligaciones o en su caso realizar las manifestaciones que a su derecho convenga. • Cumplimiento de la sanción correspondiente (pago). • Acreditar ante la Comisión el cumplimiento de la sanción. Para cada uno de ellos se estimó el costo del trámite (los costos son aproximados, pueden variar dependiendo del estado de la república en el que se realice el trámite, de la fuente de consulta, principalmente): • Cuotas de trámites de modificación de Expendio con fin específico de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y Petrolíferos expedidos mediante oficios SHCP-UPINT oficio 349-B-255 del 14 de junio de 2023, SHCP-UPINT oficio 349-B-255 del 14 de junio de 2023 y SHCP-UPINT oficio 349-B-255 del 14 de junio de 2023 respectivamente emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: $20,927.97 gas natural, $21,844.18 gas licuado de petróleo, $22,127.63 petrolíferos. • Copia del documento o escaneo. Entre cincuenta centavos y dos pesos MXN Adicionalmente, se consideraron los costos administrativos de la siguiente manera: • Tipo de cambio de la UMA, estimación realizada con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, factor que se refleja en el cálculo de la UMA: $107.81, https://www.inegi.org.mx/temas/uma/#informacion_general. • Computadora. $45.9 por hora (computadora con depreciación de tres años: shorturl.at/csEMO) • Renta de oficinas. $250 MXN + IVA (https://www.ofirent.com.mx/Renta-Oficinas.php) • Abogado o ayudante para brindar asesoría legal o realizar actividades administrativas como cargar documentos en las plataformas de la Comisión, 308.7 MXN/h y 100.53 MXN/h respectivamente (con base en el tabulador de sueldos salarios por una hora de servicio). Los costos administrativos son los siguientes: El desglose detallado se presenta en el Anexo: “Análisis Costo-Beneficio regularización obligaciones”. Para este ejercicio se contemplaron tres actividades Expendio al Público mediante estación de servicio con fin específico para Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y Petrolíferos, por lo que, para todo aquel trámite que los involucrara directamente, se calculó una fracción de participación dividida con la frecuencia de cada trámite entre la total; esa fracción de participación se multiplicó por la contribución de cada trámite individual para obtener un costo total. Costo administrativo: $1,661,933.22 Costos por acciones regulatorias: Del análisis realizado se determinó que la propuesta regulatoria no cuenta con costos por acciones regulatorias, diferentes a los contemplados en los costos administrativos, como se observa en el Anexo: “Análisis Costo-Beneficio regularización obligaciones”. Conclusión de costos El costo total del anteproyecto regulatorio es igual a la suma del costo administrativo total más el costo total por nuevas acciones regulatorias, por lo anteriormente expuesto, el costo total de la regulación asciende al costo administrativo. Costo administrativo = $1,661,933.22 | |
Grupo o industria al que le impacta la regulación#2 Grupo o industria al que le impacta la regulación: 1. A los permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no cuenten con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones y deseen regularizarse de manera voluntaria. 2. A los permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no cuente con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones y cuenten con un trámite de modificación por cesión en curso y deseen regularizarse de manera voluntaria. 3. A los permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no cuente con la totalidad del cumplimiento de sus obligaciones y requieran iniciar un trámite de modificación por cesión y deseen regularizarse de manera voluntaria.
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Grupo o industria al que le impacta la regulación#3
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No, cualquier permisionario de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que no se cuente al corriente de sus obligaciones, de manera voluntaria puede realizar la solicitud descrita en el Acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos, y las actividades administrativas previas.
Grupo o industria al que le impacta la regulación#1 Grupo o industria al que le impacta la regulación: 1. Permisionarios de expendio al público mediante estación de servicio con fin específico de hidrocarburos que actualmente cuentan con algún permiso y quieran realizar una modificación de permiso que no se encuentre al corriente de sus obligaciones y quiera regularizarse. 2. Usuarios finales que reciben el bien o servicio por parte de los permisionarios. Describa y estime los beneficios: Los beneficios por acciones regulatorias se calcularon de manera análoga para los costos administrativos, cuantificando el valor regulatorio, cuando así corresponda, y las actividades asociadas para las nuevas acciones regulatorias. El detalle se muestra en la en el Anexo: “Análisis Costo-Beneficio regularización obligaciones”. A continuación, se enuncian las acciones regulatorias y los beneficios asociados a las mismas: Acción Regulatoria Beneficio/Costo Descripción Cuantificación unitaria Promover la continuidad de la actividad de expendio con fin específico de hidrocarburos en beneficio del interés público Beneficio Al mantener la continuidad de la actividad, se promueve la cobertura nacional para el suministro energético de la población, atendiendo lo establecido en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Beneficio cualitativo Beneficio Al mantener la continuidad de la actividad, los sujetos regulados obtienen su costo de oportunidad por participar en el mercado de hidrocarburos. $ 2,278,429.80 Simplificar el procedimiento administrativo de sanción a través de un procedimiento voluntario de regularización Beneficio No hacerse acreedor de una multa por el incumplimiento de las obligaciones. $ 12,937,684.94 Costo Los costos son administrativos y se contemplan en el apartado 2. Requisitos procedimiento. N/A Beneficio por nuevas acciones regulatorias $ 15,216,114.74 El beneficio por nuevas acciones regulatorias asciende a: $15,216,114.74 pesos. Beneficios Netos = Beneficios - Costos Beneficios Netos = $15,216,114.74 - $1,661,933.22 = $13,554,181.5 Conclusión: Los beneficios son superiores a los costos |
De conformidad con lo evaluado en el apartado de Costos y Beneficios, se observa que los beneficios son mayores a los costos por lo que la propuesta regulatoria satisface lo establecido en el artículo 8, fracción I, 66 y 67 de la Ley de Mejora Regulatoria. Beneficios Netos = Beneficios - Costos Beneficios Netos = $15,216,114.74 - $1,661,933.22 = $13,554,181.5 Conclusión: Los beneficios son superiores a los costos.
El cumplimiento del proyecto regulatorio propuesto será a partir de la entrada en vigor un día hábil posterior de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la propuesta regulatoria es de observancia voluntaria para los sujetos regulados. A través de la Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión Reguladora de Energía, los interesados podrán realizar la solicitud mediante la cual manifiesten de manera voluntaria mediante escrito libre su intención de regularizarse, a partir de la entrada en vigor del proyecto regulatorio. Los procesos serán realizados con los recursos humanos y materiales con los que ya cuenta la comisión, es decir, no genera un gasto adicional al presupuesto asignado a esta Comisión, lo que obedece a lo establecido en Transitorio Sexto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Mediante la evaluación de las solicitudes de adhesión voluntaria del acuerdo a través de la Oficialía de Partes Electrónicas de esta Comisión, por lo permisionarios. El ordenamiento del mercado, a través de la sanción de los permisionarios por lo incumplimientos ya registrados ante esta Comisión, que permitan agilizar las facultades de supervisión y vigilancia de las actividades reguladas como lo establece el artículo 22, fracción XI de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. A través de la contabilización de la recaudación de recursos que ingresaran al erario federal, a través de la revisión del cumplimiento de la sanción impuesta a los permisionarios. Finalmente, mediante estadísticas internas de la Comisión, se podrá determinar la cantidad de solicitudes ingresadas por los Permisionarios, así como los resultados de la evaluación jurídica.
Si
Mecanismo mediante el cual se realizó la consulta#1 Formación de grupo de trabajo/comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto Se realizaron reuniones internas con la Unidad de Hidrocarburos: Dirección de Gas Natural y Petróleo, Dirección General de Gas Licuado de Petróleo y Dirección General de Petrolíferos; asimismo, con la Unidad de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de identificar el cumplimiento de las obligaciones de los Permisionarios al amparo de la Ley de Hidrocarburos y proponer un esquema de regularización que permita la continuidad de las actividades de expendio con fin específico de hidrocarburos en beneficio del interés público. La Comisión requiere la implementación de un mecanismo de regularización que permita la continuidad de las actividades de expendio de las actividades de expendio con fin específico de hidrocarburos en beneficio del interés público. |
- Regularizar a los permisionarios que no cumplen con las obligaciones que deben dar lugar en el año correspondiente a su presentación, como dictámenes y pólizas de seguros, mismos que no pueden ser reemplazados o actualizados con recargos por la naturaleza de la actividad. - Identificación de las obligaciones que cuentan con más frecuencia de incumplimientos. - Identificación de un procedimiento agilizado, salvaguardando la garantía de audiencia y el debido proceso de los permisionarios. - Sancionar el incumplimiento conforme a la Ley de Hidrocarburos, con el costo mínimo, que permita brindar oportunidades accesibles a los permisionarios, y brindar certeza y garantizar el suministro en territorio nacional.