Apartado I.- Definición del problema y objetivos generales de la regulación
México es uno de los principales productores de automóviles, ocupando el sexto lugar a nivel mundial con mayor producción y con 4.1 millones de vehículos vendidos en el año 2018 (AMIA, 2022a). Asimismo, en el 2017 el sector automotriz fue generador del 3.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y del 20.2 % del PIB manufacturero, solo por debajo de la industria alimentaria (CEPAL-GIZ, 2020). Estas cifras demuestran la gran relevancia de que México comience la transición eléctrica en el sector de la movilidad, tanto en la prestación de servicios para la población, como en la producción y exportación de automóviles.
Aunado a ello, es necesario tomar en cuenta los resultados del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, que identifica que la segunda fuente de emisión que más contribuye a las emisiones nacionales correspondió al sector transporte. Con una aportación total de emisiones del sector de 18.5 %, el autotransporte representa una contribución casi total del sector, con 136 MtCO2e, del cual la mayoría corresponde a las emisiones generadas por el uso de gasolina y diésel (INECC, 2022). Estas emisiones tienen importantes repercusiones en la salud pública, en particular en las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) es un documento de política pública, elaborado por la SEMARNAT de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 Bis, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13, fracción I del Reglamento Interior de la referida Dependencia, que identifica acciones prioritarias para la determinación de las condiciones técnicas, tecnológicas, financieras, legales, institucionales, administrativas y de incentivos que permitan realizar una transición hacia tecnología eléctrica, ordenada y equitativa, del sector transporte.
La ENME incorpora como principio central el establecimiento de metas de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, en cumplimiento con las metas nacionales y los compromisos internacionales en materia de acción climática.
Este instrumento se posiciona como una política rectora para acelerar la transición en México hacia una movilidad de bajas emisiones. Asimismo, a través de la priorización del transporte público y acciones que beneficien a la población más vulnerable, la Estrategia busca a través de sus acciones la democratización del uso de la tecnología y la adopción de un enfoque de derechos humanos e integración de la perspectiva de género. El cambio tecnológico al que se hace referencia permitirá a México abrir un nuevo capítulo para el sector transporte, maximizando los beneficios sociales y ambientales que trae consigo, desde un enfoque que prioriza el transporte público para el beneficio de la población en general.
La ENME se conforma por 4 ejes sectoriales y 4 ejes transversales. Los ejes sectoriales abordan líneas de acción específicas de los vehículos de acuerdo con el tipo de uso, reconociendo los distintos retos que puede implicar la electrificación del sector. Los ejes transversales se enfocan en aquellas acciones que, sin importar el tipo o uso de los vehículos, son necesarias de manera general para la implementación y difusión de la Estrategia, así como la penetración de la movilidad eléctrica en todos los órdenes de gobierno y sectores. Para el seguimiento plantea una serie de indicadores que permitirán evaluar la efectividad y avance de las líneas de acción.
Apartado II.- Impacto de la regulación
La ENME establece líneas de acción generales que permitirán al país conseguir una transición tecnológica ordenada y sustentable, por lo que no señala responsables directos, sino que identifica las necesidades dónde se deberán situar los esfuerzos tanto públicos como privados. En ese sentido, las metas a 2030, 2040 y 2050 permiten vislumbrar hacia dónde se deberá dirigir el país para conseguir las reducciones de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que México comprometió en la Contribución Determinada a nivel Nacional en 2022.
Por lo tanto, la ENME no genera nuevos costos de cumplimiento ya que no genera obligaciones, no se hacen más estrictas las existentes, no se modifican ni crean trámites, no se restringen derechos o se modifican definiciones que pudieran afectar a particulares.
