El POTR-SSE, alineado a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), tiene diversos objetivos: orientar en el corto, mediano y largo plazo (2040) las políticas territoriales de desarrollo urbano; armonizar los instrumentos de planeación territorial en sus diferentes escalas; encauzar la ocupación racional, justa, equitativa, inclusiva y sostenible del territorio y del acceso a equipamientos, bienes, servicios e infraestructura regional; pro- mover un enfoque centrado en los derechos humanos, la disminución de la desigualdad, la perspectiva de género, y la participación y reconocimiento de pueblos indígenas, afroamericanos y sujetos agrarios, así como fortalecer las cadenas de valor para proteger el patrimonio cultural y natural de la región, facilitando la recuperación de los ecosistemas. La región, integrada por cinco entidades, contiene uno de los macizos más grandes de México y mejor conservados del mundo. Además, destaca por ser cuna de culturas prehispánicas como la maya y la olmeca, por lo que requiere especial atención a la conservación de las ruinas existentes, patrimonio tangible y cultural de todo México. Las políticas, estrategias, lineamientos y acciones del POTR-SSE sirven, además, como guía para los instrumentos de planeación a nivel estatal y municipal en el Sur- Sureste. Ayudan al diseño de los diferentes modelos de ordena- miento territorial en sus diversas escalas, y a conformar sus estrategias y zonificaciones respectivas con el propósito de aprovechar e incrementar las ventajas competitivas del territorio, siempre en pro de la conservación y restauración del medio ambiente. La aportación principal del POTR-SSE, el Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT), propone la ocupación racional y sustentable del territorio, para generar impactos positivos en políticas de crecimiento y aprovechamiento, así como la conservación, protección y restauración de los ecosistemas. Por último, el POTR-SSE atenderá una deuda histórica con grandes territorios de la región, permitiendo a sus habitantes acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, y contribuyendo con ello a disminuir las desigualdades económicas y sociales.

No genera nuevos costos de cumplimiento ya que no genera obligaciones y no se hacen más estrictas las existentes; no se modifican ni crean trámites, tampoco se restringen derechos o se modifican definiciones que pudieran generan afectaciones a los particulares.

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