1) Adicionar y aclarar, en relación a la contratación no presencial, que: (i) en sustitución de la videoconferencia en tiempo real y en línea, podrán realizar, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una grabación que contenga imagen y sonido de conformidad con el artículo 4 del Anexo 2 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores (Disposiciones), o bien, adicionalmente a la grabación antes referida, los sujetos obligados podrán verificar la coincidencia de la información biométrica del solicitante con los registros del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea servicios de información biométrica observando lo establecido en el artículo 5 del Anexo 2 de las Disposiciones; (ii) se exceptúa a los sujetos obligados de solicitar autorización a la CNBV cuando estos se sujeten a los umbrales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del Anexo 2 y lleven a cabo el mecanismo tecnológico de identificación a que se refiere el artículo 5 de dicho Anexo. Asimismo, establecer que los sujetos obligados (iii) podrán llevar a cabo la celebración de contratos de manera no presencial con personas morales de nacionalidad mexicana; (iv) en apoyo a los migrantes, reconocer como documentos válidos de identificación personal para la apertura no presencial de cuentas: la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular; (v) aclarar la definición de geolocalización y establecer que la misma podrá amparar las diversas operaciones que realice el cliente dentro de la sesión activa en el sistema o plataforma electrónica que ofrezca el sujeto obligado para realizar operaciones no presenciales y (vi) aclarar que los sujetos obligados deberán conservar la grabación que contenga imagen y, en su caso, sonido, sin ediciones en su total duración durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo de, al menos, diez años a partir de la conclusión de la relación contractual. Lo anterior, con el objetivo de que los sujetos obligados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a través del uso de nuevas tecnologías, con base en la Guía de Identificación Digital del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como en cumplimiento a las Recomendaciones 10 y 15 de dicho grupo.

2) Establecer con base en la Recomendaciones 1 y 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la aplicación de medidas simplificadas para la celebración de contratos de bajo riesgo de forma presencial y remota limitados a niveles transaccionales inferiores a 3,000 UDIs.

3) Eliminar la obligación de que los sujetos obligados se deban sujetar al Anexo 2 en la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, establecer que los procedimientos que desarrollen para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnologías, podrán estar contenidos en algún otro documento o manual elaborado por el propio sujeto obligado, por lo que en ese sentido se aclara y establece dicha obligación.

4) Establecer que los sujetos obligados no estarán obligados a recabar el dato relativo a la geolocalización en la celebración de contratos y operaciones no presenciales, así como en la determinación de grado de riesgo, tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las Disposiciones, siempre que las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como clientes con un grado de riesgo bajo en términos de las Disposiciones.

5) Establecer que los sujetos obligados deberán tomar en cuenta la geolocalización para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse sus clientes, a efecto de que estos mitiguen de forma correcta y adecuada los riesgos a los que están expuestos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

6) Establecer que los asesores en inversiones deberán remitir a la CNBV dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año, a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que expida la CNBV, información cuantitativa sobre sus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios, así como las zonas geográficas en donde operen, con la finalidad de mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones. (Disposiciones), son las disposiciones jurídicas vigentes, directamente aplicables a la problemática materia del anteproyecto, por lo siguiente: 1) En relación con la contratación no presencial, no se reconocería que los sujetos obligados pueden ofrecer y realizar operaciones a través de nuevas tecnologías que se apeguen al régimen de PLD/FT. Por tal motivo se adiciona y aclara que: (i) en sustitución de la videoconferencia en tiempo real y en línea, los sujetos obligados podrán realizar, previa autorización de la CNBV, una grabación que contenga imagen y sonido de conformidad con el artículo 4 del Anexo 2 de las Disposiciones, o bien, adicionalmente a la grabación antes referida, los sujetos obligados podrán verificar la coincidencia de la información biométrica del solicitante con los registros del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicios de información biométrica observando lo establecido en el artículo 5 del Anexo 2 de las Disposiciones; (ii) se exceptúa a los sujetos obligados de solicitar autorización a la CNBV cuando los sujetos obligados se sujeten a los umbrales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del Anexo 2 y lleven a cabo el mecanismo tecnológico de identificación a que se refiere el artículo 5 de dicho Anexo. Asimismo, se establece que los asesores en inversiones (iii) podrán llevar a cabo la celebración de contratos de manera no presencial con personas morales de nacionalidad mexicana; (iv) en apoyo a los migrantes, se reconocen como documentos válidos de identificación personal para la apertura no presencial de cuentas: la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular; (v) se aclara la definición de geolocalización y se establece que la misma podrá amparar las diversas operaciones que realice el cliente dentro de la sesión activa en el sistema o plataforma electrónica que ofrezca el sujeto obligado para realizar operaciones no presenciales; (vi) los sujetos obligados deberán conservar la grabación que contenga imagen y, en su caso, sonido, sin ediciones en su total duración durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo de, al menos, diez años a partir de la conclusión de la relación contractual; (vii) los sujetos obligados no estarán obligadas a recabar el dato relativo a la geolocalización en la celebración de contratos y operaciones no presenciales, así como en la determinación de grado de riesgo, tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las Disposiciones, siempre que las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como clientes con un grado de riesgo bajo en términos de las Disposiciones; (viii) los sujetos obligados deberán tomar en cuenta la geolocalización para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes, a efecto de que los sujetos obligados mitiguen de forma correcta y adecuada los riesgos a los que están expuestas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; 2) No se fomentaría la inclusión financiera, ni se atenderían las Recomendaciones10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que permite la aplicación de medidas simplificadas con base en un enfoque basado en riesgo, por lo cual en los contratos considerados de bajo riesgo limitados a niveles transaccionales inferiores a 3,000 UDIs, se prevé que la captura y recepción de datos de forma remota y la validación de los mismos en los contratos antes referidos se realice de conformidad lo establecido en las Disposiciones. (3) No se eliminaría la obligación de que los sujetos obligados se deban sujetar al Anexo 2 en la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, ni se establecería que los procedimientos que desarrollen para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnologías, podrán estar contenidos en algún otro documento o manual elaborado por el propio sujeto obligado , en ese sentido, se aclara y establece dicha obligación; 4) No se atendería la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa del GAFI la cual señala que los países identifiquen riesgos mayores, estos deben asegurar que sus respectivos regímenes de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo los aborden adecuadamente; y en el sentido para determinar cómo se debe implementar el enfoque basado en riesgos, es necesario que la CNBV como autoridad supervisora, conozca la exposición al riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de los asesores en inversiones, a través de la recopilación de información adicional cuantitativa que estos proporcionen. Por lo tanto, se establece la obligación de que los asesores en inversiones remitan dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año, a través de los medios y el formato que para ello expida la CNBV, información cuantitativa sobre sus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios, así como las zonas geográficas en las que operan.

No emitir regulación alguna

No emitir la Resolución que reforma, adiciona y deroga las “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones” (Disposiciones), objeto del presente Análisis de Impacto Regulatorio, implica que se mantenga una situación en la cual el marco normativo sería insuficiente toda vez que: 1) En relación con la contratación no presencial, no se reconocería que los sujetos obligados pueden ofrecer y realizar operaciones a través de nuevas tecnologías que se apeguen al régimen de PLD/FT. Por tal motivo se adiciona y aclara que: (i) en sustitución de la videoconferencia en tiempo real y en línea, los sujetos obligados podrán realizar, previa autorización de la CNBV, una grabación que contenga imagen y sonido de conformidad con el artículo 4 del Anexo 2 de las Disposiciones, o bien, adicionalmente a la grabación antes referida, los sujetos obligados podrán verificar la coincidencia de la información biométrica del solicitante con los registros del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicios de información biométrica observando lo establecido en el artículo 5 del Anexo 2 de las Disposiciones; (ii) se exceptúa a los sujetos obligados de solicitar autorización a la CNBV cuando los sujetos obligados se sujeten a los umbrales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del Anexo 2 y lleven a cabo el mecanismo tecnológico de identificación a que se refiere el artículo 5 de dicho Anexo. Asimismo, se establece que los sujetos obligados (iii) podrán llevar a cabo la celebración de contratos de manera no presencial con personas morales de nacionalidad mexicana; (iv) en apoyo a los migrantes, se reconocen como documentos válidos de identificación personal para la apertura no presencial de cuentas: la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular; (v) se aclara la definición de geolocalización y se establece que la misma podrá amparar las diversas operaciones que realice el cliente dentro de la sesión activa en el sistema o plataforma electrónica que ofrezca el sujeto obligado para realizar operaciones no presenciales; (vi) los sujetos obligados deberán conservar la grabación que contenga imagen y, en su caso, sonido, sin ediciones en su total duración durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo de, al menos, diez años a partir de la conclusión de la relación contractual; (vii) los sujetos obligados no estarán obligadas a recabar el dato relativo a la geolocalización en la celebración de contratos y operaciones no presenciales, así como en la determinación de grado de riesgo, tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las Disposiciones, siempre que las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como clientes con un grado de riesgo bajo en términos de las Disposiciones; (viii) los sujetos obligados deberán tomar en cuenta la geolocalización para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes, a efecto de que los sujetos obligados mitiguen de forma correcta y adecuada los riesgos a los que están expuestas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 2) No se fomentaría la inclusión financiera, ni se atendería la Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que permite la aplicación de medidas simplificadas con base en un enfoque basado en riesgo, por lo cual en los contratos considerados de bajo riesgo limitados a niveles transaccionales inferiores a 3,000 UDIs, se prevé que la captura y recepción de datos de forma remota y la validación de los mismos se realice de conformidad lo establecido en las Disposiciones. (3) No se eliminaría la obligación de que los sujetos obligados se deban sujetar al Anexo 2 en la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, ni se establecería que los procedimientos que desarrollen para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnologías, podrán estar contenidos en algún otro documento o manual elaborado por el propio los sujeto obligado, por lo que en ese sentido se aclara y establece dicha obligación; 4) No se atendería la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa del GAFI la cual señala que cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deben asegurar que sus respectivos regímenes de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo los aborden adecuadamente; y en ese sentido para determinar cómo se debe implementar el enfoque basado en riesgos, es necesario que la CNBV como autoridad supervisora, conozca la exposición al riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de los asesores en inversiones, a través de la recopilación de información adicional cuantitativa que estos proporcionen. Por lo tanto, se establece la obligación de que los asesores en inversiones deberán remitir dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año, a través de los medios y el formato que para ello expida la CNBV, información cuantitativa sobre sus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios; así como las zonas geográficas en las que operen.

Esquemas de autorregulación

En caso de implementar un esquema de autorregulación en la materia en cuestión, la posibilidad de que los sujetos obligados adopten un esquema homogéneo sería de difícil consecución y verificación, independientemente del aumento de los costos de supervisión de la autoridad correspondiente. Cabe mencionar que la Ley del Mercado de Valores no prevé este esquema en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Asimismo, no se desprende beneficio alguno bajo este esquema ya que existirían irregularidades en el cumplimiento y los costos dependerían del nivel de autorregulación que se requiera, en su caso.

Esquemas voluntarios

Conforme al artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, la SHCP es la autoridad facultada para establecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Derivado de lo anterior, los sujetos obligados estarán limitados a aquellos esquemas que establezcan las disposiciones de carácter general que para dichos efectos emita la propia SHCP. A la fecha, las “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones” (Disposiciones) no contemplan que los sujetos obligados puedan adoptar un esquema voluntario respecto al sentido que trata la presente Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones, objeto del presente Análisis Impacto Regulatorio. Por lo tanto, los sujetos obligados no pueden adoptar esquemas voluntarios al respecto. Bajo este esquema no se desprende ningún beneficio cualitativo y los costos dependerían de lo que cada sujeto obligado erogue para implementar su esquema en materia de PLD. Sin embargo, dicho esquema no es viable por los motivos antes señalados.

Crea

Obligación

Indefinida

Sistemas automatizados

formato oficial

Asesores en inversiones

No aplica

Anual, Dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año.

En cumplimiento con la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa del GAFI la cual señala que cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deben de asegurar que sus respectivos regímenes de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo los aborden adecuadamente, así como para poder determinar cómo se debe de implementar el enfoque basado en riesgos, es necesario que la CNBV, como autoridad supervisora, conozca la exposición al riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de los asesores en inversiones, a través de la recopilación de información adicional cuantitativa que estos proporcionen.

Reporte de operatividad

Pendiente

Condicionan un beneficio

4ª Bis, fracción II

A efecto de reconocer el avance y presencia en la prestación de servicios financieros a través de nuevas tecnologías, atendiendo en todo momento a lo establecido por las Recomendaciones 1, 10 y 15 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), los sujetos obligados podrán optar por celebrar contratos con personas morales de nacionalidad mexicana de forma no presencial, observando los procesos de identificación y validación de datos y documentos correspondientes.

Otras

4ª Bis, párrafo quinto

Con el fin de hacer más eficiente el proceso de identificación del cliente, promover la inclusión financiera, así como para dar cumplimiento a las Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se reconocen como documentos válidos de identificación personal: la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral en el país o a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular.

Otras

13ª, último párrafo

A efecto de que los sujetos obligados mitiguen de forma correcta y adecuada los riesgos a los que están expuestas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estos deberán tomar en cuenta la geolocalización para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse sus clientes.

Establecen obligaciones

37ª Bis

En seguimiento a la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa del GAFI la cual señala que cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deben de asegurar que sus respectivos regímenes de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo los aborden adecuadamente, así como para determinar cómo se debe de implementar el enfoque basado en riesgos, se considera que es necesario que la CNBV, como autoridad supervisora, conozca la exposición al riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de los asesores en inversiones, a través de la recopilación de información adicional cuantitativa que estos proporcionen; por lo que, los sujetos obligados deberán remitir dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año, a través de los medios y el formato que para ello expida la CNBV, información cuantitativa sobre sus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios, así como las zonas geográficas en donde operan. Cabe mencionar que este trámite se está formalizando mediante el presente anteproyecto, toda vez que es información que ya entregan a la CNBV, a través de sus facultades de supervisión.

Establecen obligaciones

Anexo 2, Artículo 2, segundo párrafo

En caso de que los sujetos obligados opten por la celebración no presencial de contratos, en donde la suma de las operaciones en el transcurso de un mes calendario no exceda del equivalente en moneda nacional a 30,000 UDIS que ofrezcan los sujetos obligados a solicitantes que sean personas físicas o personas morales, todos de nacionalidad mexicana, los sujetos obligados deberán aplicar el mecanismo tecnológico de identificación referido en el artículo 4 del Anexo 2 de las Disposiciones, para lo cual deberán contar con una tecnología que permita identificar al solicitante mediante una grabación que contenga imagen y sonido, la cual deberá ser conservada sin ediciones en su total duración durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo de, al menos, diez años, a partir de la conclusión de la relación contractual y realizar una prueba de vida durante la implementación del referido mecanismo.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 4

Los sujetos obligados deberán contar con una tecnología que permita identificar al solicitante mediante una grabación que contenga imagen y sonido, para lo cual deberán: a) registrar la hora y fecha de su realización obtenidas de un servidor de tiempo protegido, b) implementar el mecanismo tecnológico de identificación a través de herramientas automatizadas que permitan su grabación y posterior reproducción, c) requerir al solicitante que muestre el documento válido de identificación que envió junto con el formulario a que se refiere la fracción III del artículo 7 del presente Anexo, tanto por el lado anverso como por el reverso, verificando que contenga los mismos datos y fotografía que el previamente enviado y d) realizar una prueba de vida al solicitante.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 5

: Los sujetos obligados deberán verificar la coincidencia de la información biométrica del solicitante, con los registros del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación de información biométrica. En caso de que dicha información biométrica sean las huellas dactilares del solicitante, los sujetos obligados deberán asegurarse que las aplicaciones o medios de que dispongan aseguren que la huella dactilar se obtenga directamente del solicitante, es decir, una prueba de huella viva, evitando el registro de huellas provenientes de impresiones en algún material que pretenda simular la huella de otra persona o de imágenes que persigan tal fin, y contar con medidas de seguridad que garanticen que la información almacenada, procesada o enviada a través de dichas aplicaciones o medios no sea conocida ni utilizada por terceros no autorizados, así como autenticar que la huella dactilar que se obtenga del solicitante que presenta alguno de los documentos válidos de identificación vigente emitido por autoridad competente, a que se refiere la 4ª Bis de las presentes Disposiciones, coincida, al menos, en un noventa por ciento con los registros de las bases de datos ya sea del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación de información biométrica.

Establecen obligaciones

: Anexo 2 Artículo 6

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos y el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación de información biométrica, no puedan responder a las solicitudes de verificación de información biométrica a que se refiere el artículo 5 del Anexo 2 por fallas técnicas o de comunicación imputables a la autoridad mexicana correspondiente, los sujetos obligados podrán, en caso de contar con la autorización correspondiente, llevar a cabo el mecanismo tecnológico de identificación del artículo 4 del Anexo 2, sujetándose a los límites correspondientes. Ahora bien, en el supuesto de que el nivel transaccional sobrepase el monto máximo establecido del mecanismo tecnológico de identificación a que se refiere el artículo 4 del Anexo 2, el sujeto obligado deberá proceder a realizar la entrevista presencial a que se refiere la 5ª de las Disposiciones o aplicar el mecanismo tecnológico de identificación previsto en el artículo 5 del Anexo 2, en caso de contar con la autorización correspondiente de este último, integrar el expediente de identificación del cliente respectivo con la totalidad de la información y documentación que corresponda, en términos de lo previsto en la 4ª o 4ª Bis de las Disposiciones, cumplir con las diversas obligaciones establecidas en las mismas e informar a sus clientes que no podrán realizar operaciones hasta que se concluya con el proceso de identificación que corresponda

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 7

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos, no será necesaria la autorización de la CNBV, cuando los sujetos obligados se sujeten a los umbrales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del presente Anexo y lleven a cabo el Mecanismo Tecnológico de Identificación a que se refiere el artículo 5 del presente Anexo; sin embargo, los sujetos obligados deberán informar de manera previa a la CNBV los productos y la fecha en la que empezarán a ofrecerlos, a través de los medios electrónicos que esta última señale.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 7

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos y el solicitante declare ser cliente del sujeto obligado, este deberá verificar como mínimo los datos de nombre completo, número de cliente y CURP, así como los demás datos que ella misma determine con el fin de corroborar contra sus propios registros que, en efecto, se trata de un cliente, y en caso de que así sea, el sujeto obligado deberá autenticarlo con un factor de autenticación categoría 3.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 7

: En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos y el sujeto obligado corrobore que el solicitante no es su cliente, deberá verificar los elementos de seguridad de alguno de los documentos válidos de identificación vigente emitido por autoridad competente, a que se refiere la 4ª Bis de las Disposiciones, a fin de detectar si presentan alteraciones o inconsistencias, para lo cual deberán contar con la tecnología necesaria para ello. En el caso de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral en el país o a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, los sujetos obligados deberán verificar a) en su caso, la coincidencia del Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) con los registros del propio Instituto y b) la coincidencia con los registros de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación de dicho documento de identificación de los apellidos paterno y materno y nombre o nombres, tal como aparezcan en la credencial para votar presentada. Tratándose del pasaporte mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país o a través de sus oficinas consulares en el extranjero, los sujetos obligados deberán verificar la coincidencia de los siguientes datos con los registros de la propia SHCP o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación respecto a dicho documento: a) el OCR, b) Apellidos paterno y materno y nombre(s), tal como aparezcan en el pasaporte mexicano y c) número de pasaporte. En caso del certificado de matrícula consular expedido por las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, los sujetos obligados deberán verificar la coincidencia de los datos siguientes con los registros de la propia SHCP o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación respecto a dicho documento: a) apellidos paterno y materno y nombre(s), tal como aparezcan en el certificado de matrícula consular, b) fecha de expedición y fecha de expiración y c) número del documento.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 7

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos, se añaden como supuestos para suspender el proceso de contratación con el solicitante cuando: (i) este no presente alguno de los documentos válidos de identificación vigente emitido por autoridad competente, a que se refiere la 4ª Bis de las Disposiciones, (ii) los datos obtenidos de estos no coincidan con los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Nacional de Población o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicio de verificación de información biométrica respecto a dicho documento de identificación, (iii) se presenten situaciones atípicas o riesgosas, o bien, el sujeto obligado tenga dudas acerca de la autenticidad del documento válido de identificación vigente.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 7

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos y el proceso de contratación se deba suspender por las causas mencionadas en la fracción VII del Artículo 7 del Anexo 2, los sujetos obligados deberán almacenar la información y documentación obtenida, por lo menos, durante 30 días naturales, con el objetivo de que, en caso de retomar los procesos de contratación, se corrobore que la información sea consistente. Adicionalmente, la mencionada información y documentación deberá ser utilizada por los sujetos obligados en los controles previstos en las Disposiciones.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 7

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos con clientes o solicitantes que sean personas morales, para efectos de la identificación de sus apoderados o representantes legales, los sujetos obligados deberán observar los mismos procedimientos señalados en el artículo 7 del Anexo 2, con la salvedad de que, para el caso de solicitantes que declaren no ser clientes, el envío del formulario a que se refiere la fracción III de este artículo, deberá hacerse mediante archivo firmado con la Firma Electrónica Avanzada de la persona moral de que se trate.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 9

En caso de que los sujetos obligados opten por llevar a cabo la celebración no presencial de contratos, al solicitar la autorización a que se refiere el Artículo 7 del Anexo 2, deberán presentar lo siguiente: (i) la infraestructura tecnológica utilizada en cada parte del proceso de identificación no presencial, especificando la función de cada componente de dicha infraestructura, incluyendo a todos los proveedores de tecnología que intervienen en la infraestructura tecnológica y, en su caso, las aplicaciones principales utilizadas para el referido proceso y su interrelación, (ii) descripción de los medios electrónicos utilizados para que los solicitantes envíen, en su caso, el formulario y documentos por un canal seguro considerando, al menos, el tipo de transmisión del dispositivo hacia el nodo que recibe la información del formulario, tales como Hyper Text Transfer Protocol Secure, o Transport Layer Security versión 1.2 o superior, (iii) nombre del prestador de servicios de certificación autorizado por la Secretaría de Economía utilizado para la conservación de la versión digital de alguno de los documentos válidos de identificación vigente emitido por autoridad competente, a que se refiere la 4ª Bis de las Disposiciones conforme a la Norma Oficial Mexicana sobre digitalización y conservación de Mensajes de Datos aplicable, (iv) diagrama de red que muestre todos los componentes de la infraestructura tecnológica que forman parte del proceso de identificación no presencial, incluyendo la segregación de redes de comunicaciones y equipos de seguridad perimetral, considerando esquemas de redundancia, (v) información detallada sobre si las imágenes de identificaciones oficiales, grabaciones e información biométrica se mantendrán en instalaciones de proveedores de servicios o del propio sujeto obligado, describiendo los controles para la gestión de acceso y mecanismos para su almacenamiento, (vi) en su caso, evidencia de que los sistemas, herramientas o mecanismos utilizados para los reconocimientos de identificación de rostro o las verificaciones de cualquier otro elemento biométrico que se utilicen, tengan el nivel de fiabilidad establecido en las Disposiciones, (vii) en su caso, información detallada y evidencias sobre las pruebas de calibración a los sistemas, herramientas o mecanismos utilizados para los reconocimientos de identificación de rostro o las verificaciones de cualquier otro elemento biométrico que se utilicen, dichas pruebas deberán realizarse conforme a los umbrales establecidos por el propio sujeto obligado, los cuales deberán contemplar los resultados de estas pruebas, y los ajustes del motor de validación derivado de ellos; (viii) en su caso, los estándares de calidad de sonido; (ix) en su caso, la descripción técnica de los factores de autenticación categoría 3 que se requerirán para corroborar que un solicitante es cliente del sujeto obligado, conforme a lo previsto en el Artículo 7 del Anexo 2, así como las características del código de un solo uso; (x) mecanismos a través de los cuales transmitirán y resguardarán de manera segura la información, datos y documentos generados en el procedimiento de identificación no presencial; (xi) mecanismos utilizados para garantizar la integridad, correcta lectura, imposibilidad de manipulación y adecuada seguridad, conservación y localización de la información, datos y documentos a que se refiere el Anexo 2; (xii) mecanismos de cifrado en los canales de comunicación utilizados en el proceso de identificación no presencial, indicando la información que será transmitida por cada uno de dichos canales; (xiii) mecanismos utilizados para la gestión de accesos a los sistemas, así como las políticas para la gestión de accesos, en las que se incluya el uso de contraseñas robustas; (xiv) políticas y procedimientos de gestión de incidentes de seguridad de la información; (xv) mecanismos o herramientas utilizadas para el monitoreo y bloqueo de contrataciones que presenten las situaciones descritas en el inciso e) de la fracción VII del artículo 7 del Anexo 2; (xvi) realizar pruebas tendientes a detectar vulnerabilidades y amenazas, así como pruebas de penetración en los diferentes componentes de la infraestructura tecnológica utilizada en el proceso, ya sea propia o de terceros, dichas pruebas de penetración deberán realizarse por un tercero independiente que cuente con personal que tenga la capacidad técnica comprobable mediante certificaciones especializadas de la industria en la materia.

Establecen obligaciones

Anexo 2 Artículo 9

Los sujetos obligados deberán proporcionar a la CNBV evidencia de la realización de las pruebas a las que se refieren las fracciones VIII y XVII del Artículo 9, antes de implementar el esquema que se les haya autorizado de conformidad con el artículo 7 del Anexo 2. Asimismo, será responsabilidad de los sujetos obligados que contraten a terceros para almacenar, procesar y transmitir información en el proceso de contratación no presencial, vigilar el cumplimiento al Artículo 9 del Anexo 2, al menos una vez al año, así como contar con la evidencia que lo sustente, la cual deberán tener a disposición de la CNBV en todo momento.

Establecen obligaciones

Tercera disposición transitoria

Los asesores en inversiones, que hayan obtenido la aprobación de la Comisión a los mecanismos de identificación no presencial en términos del Anexo 2 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los Asesores en inversiones a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento, vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la presente Resolución, tendrán un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Resolución, para presentar a dicha Comisión una nueva solicitud de autorización en apego al artículo 7, fracción I del Anexo 2 que se reforma con el presente instrumento.

Establecen obligaciones

Cuarta disposición transitoria

Los asesores en inversiones, a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones contenidas en el presente anteproyecto de Resolución contarán con: (i) cuatro meses para modificar el manual de cumplimiento y presentarlo a la Comisión, (ii) nueve meses para modificar la metodología a que hace referencia el Capítulo II Bis y (iii) dieciocho meses para actualizar los sistemas automatizados.

Establecen obligaciones

Quinta disposición transitoria

En caso de que los sujetos obligados actualicen el supuesto previsto en el artículo 7, fracción I párrafo segundo del Anexo 2 que se reforma con la presente Resolución, deberán informar a través del correo electrónico prevencion.lavado@cnbv.gob.mx y mediante escrito libre dirigido a las Direcciones Generales de Prevención de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita A y B de la Comisión la situación prevista en dicho artículo en tanto la Comisión establezca los medios electrónicos idóneos para que los sujetos obligados cumplan con lo previsto en dicho artículo.

Establecen obligaciones

Sexta disposición transitoria

: Los sujetos obligados deberán comenzar a remitir a la Comisión la información a que se refiere la 37ª Bis que se adiciona en el presente Anteproyecto, a partir de la fecha que se señale en la resolución que para tales efectos emita la Comisión.

Asesores en inversiones

Los costos que deberán asumir los sujetos obligados derivados de la implementación del régimen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) que se establece en el anteproyecto de Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones (Resolución), son aquellos que, por única ocasión, los sujetos obligados deberán observar para poder realizar sus operaciones con el público de conformidad con los preceptos establecidos en dicho ordenamiento legal. Para tales efectos, se adjunta al presente Análisis de Impacto Regulatorio la estimación de costos, así como las acciones regulatorias para dar cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria.

Asesores en inversiones Mayor inclusión financiera y, por lo tanto, aumento de las operaciones de los sujetos obligados al establecer un régimen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) que reconoce las innovaciones tecnológicas en la prestación de servicios financieros, así como la importancia de la identificación de los riesgos de LD/FT a los que se encuentran expuestos los sujetos obligados en la realización de sus operaciones acorde a las innovaciones tecnológicas. Lo anterior, sin menoscabar y cumpliendo con lo previsto en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de PLD/FT y del que México es miembro desde el año 2000. Mayor inclusión financiera y por lo tanto, aumento de las operaciones al establecer: en relación a la contratación no presencial, que: (i) en sustitución de la videoconferencia en tiempo real y en línea, podrán realizar, previa autorización de la CNBV, una grabación que contenga imagen y sonido de conformidad con el artículo 4 del Anexo 2 de las Disposiciones, o bien, adicionalmente a la grabación antes referida, los sujetos obligados podrán verificar la coincidencia de la información biométrica del solicitante con los registros del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicios de información biométrica observando lo establecido en el artículo 5 del Anexo 2 de las Disposiciones; (ii) podrán llevar a cabo la celebración de contratos de manera no presencial con personas morales de nacionalidad mexicana; (iii) en apoyo a los migrantes, se reconocen como documentos válidos de identificación personal para la apertura no presencial de cuentas: la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular. Menor carga regulatoria al establecer que: (1) se elimina la obligación de que los sujetos obligados se deban sujetar al Anexo 2 en la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, establecer que los procedimientos que desarrollen para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnologías, podrán estar contenidos en algún otro documento o manual elaborado por el propio sujeto obligado; (2) Se establecen con base en la Recomendaciones 1 y 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la aplicación de medidas simplificadas para la celebración de contratos de bajo riesgo de forma presencial y remota limitados a niveles transaccionales inferiores a 3,000 UDIs. (3) En relación con la contratación no presencial: (i) los sujetos obligados no estarán obligados a recabar el dato relativo a la geolocalización en la celebración de contratos y operaciones no presenciales, así como en la determinación de grado de riesgo, tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las Disposiciones, siempre que las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como clientes con un grado de riesgo bajo en términos de las Disposiciones; (ii) se exceptúa a los sujetos obligados de solicitar autorización a la CNBV cuando los sujetos obligados se sujeten a los umbrales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del Anexo 2 y lleven a cabo el mecanismo tecnológico de identificación a que se refiere el artículo 5 de dicho Anexo; (4) En relación con la contratación no presencial: (i) aclarar la definición de geolocalización y establecer que la misma podrá amparar las diversas operaciones que realice el cliente dentro de la sesión activa en el sistema o plataforma electrónica que ofrezca el sujeto obligado para realizar operaciones no presenciales y (ii) aclarar que los sujetos obligados deberán conservar la grabación que contenga imagen y, en su caso, sonido, sin ediciones en su total duración durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo de, al menos, diez años a partir de la conclusión de la relación contractual. Mayor certidumbre jurídica para que los sujetos obligados den cumplimiento efectivo y satisfactorio a las Disposiciones, al: (1) establecer que los sujetos obligados deberán enviar un reporte dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año, a través de los medios y el formato que para ello expida la CNBV, con información cuantitativa sobre sus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios, así como las zonas geográficas en las que operan , con la finalidad de mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Los costos monetizados (que dependen de factores como recursos humanos, técnicos y económicos) resultantes de la emisión e implementación de las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) , serán menores a los beneficios que conlleva establecer un régimen ad hoc para los sujetos obligados en materia de PLD/FT en el que se reconoce las innovaciones tecnológicas en la prestación de servicios financieros, así como la importancia de la identificación de los riesgos de LD/FT a los que se encuentran expuestos los sujetos obligados en la realización de sus operaciones acorde a las innovaciones tecnológicas. En ese sentido, se considera que los beneficios serán mayores toda vez que: (1) se adiciona y aclara, en relación a la contratación no presencial, que: (i) en sustitución de la videoconferencia en tiempo real y en línea, podrán realizar, previa autorización de la CNBV, una grabación que contenga imagen y sonido de conformidad con el artículo 4 del Anexo 2 de las Disposiciones, o bien, adicionalmente a la grabación antes referida, los sujetos obligados podrán verificar la coincidencia de la información biométrica del solicitante con los registros del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores o con los de alguna otra autoridad mexicana que provea un servicios de información biométrica observando lo establecido en el artículo 5 del Anexo 2 de las Disposiciones; (ii) se exceptúa a los sujetos obligados de solicitar autorización a la CNBV cuando los sujetos obligados se sujeten a los umbrales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del Anexo 2 y lleven a cabo el mecanismo tecnológico de identificación a que se refiere el artículo 5 de dicho Anexo. Asimismo, establecer que los sujetos obligados (iii) podrán llevar a cabo la celebración de contratos de manera no presencial con personas morales de nacionalidad mexicana; (iv) en apoyo a los migrantes, se reconocen como documentos válidos de identificación personal para la apertura no presencial de cuentas: la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, el pasaporte y el certificado de matrícula consular; (v) aclarar la definición de geolocalización y establecer que la misma podrá amparar las diversas operaciones que realice el cliente dentro de la sesión activa en el sistema o plataforma electrónica que ofrezca el sujeto obligado para realizar operaciones no presenciales y (vi) aclarar que los sujetos obligados deberán conservar la grabación que contenga imagen y, en su caso, sonido, sin ediciones en su total duración durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo de, al menos, diez años a partir de la conclusión de la relación contractual; (vii) los sujetos obligados no estarán obligados a recabar el dato relativo a la geolocalización en la celebración de contratos y operaciones no presenciales, así como en la determinación de grado de riesgo, tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las Disposiciones, siempre que las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como clientes con un grado de riesgo bajo en términos de las Disposiciones; (viii) los sujetos obligados deberán tomar en cuenta la geolocalización para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes, a efecto de que los sujetos obligados mitiguen de forma correcta y adecuada los riesgos a los que están expuestas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo lo anterior, con el objetivo de que los sujetos obligados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a través del uso de nuevas tecnologías, con base en la Guía de Identificación Digital del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como en cumplimiento a las Recomendaciones 10 y 15 de dicho grupo; (2) Se establecen con base en la Recomendaciones 1 y 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la aplicación de medidas simplificadas para la celebración de contratos de bajo riesgo de forma presencial y remota limitados a niveles transaccionales inferiores a 3,000 UDIs.(3) Se elimina la obligación de que los sujetos obligados se deban sujetar al Anexo 2 en la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se establece que los procedimientos que desarrollen para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnologías, podrán estar contenidos en algún otro documento o manual elaborado por el propio sujeto obligado , por lo que en ese sentido se aclara y establece dicha obligación; y (4) Se considera que es necesario que la CNBV, como autoridad supervisora, conozca la exposición al riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano de los asesores en inversiones, a través de la recopilación de información adicional cuantitativa que estos proporcionen; por lo que en atención a este tema, el presente anteproyecto agrega la obligación de que las asesores en inversiones remitan dentro de los últimos diez días hábiles del mes de abril de cada año, a través de los medios y el formato que para ello expida la comisión, información cuantitativa sobre sus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios, así como las zonas geográficas en las que operen Para tales efectos, se adjunta al presente Análisis de Impacto Regulatorio la estimación de los beneficios monetizados.

Consulta intra-gubernamental

Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Procuraduría Fiscal de la Federación.

En las reuniones de trabajo se discutieron los alcances y la mejor alternativa posible para que los asesores en inversiones se encuentren en posibilidad de cumplir de manera integral y satisfactoria con las obligaciones para combatir y prevenir los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, así como favorecer la política de inclusión financiera y aumentar la efectividad en el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones.

Consulta intra-gubernamental

1. Asociación Mexicana de Asesores en Inversiones A.C.(AMAI) 2. Columbus De México, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente 3. Vestfi, Asesor en Inversiones Independiente, S.A.P.I. de C.V. 4. NSC Asesores, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Se envió a revisión el proyecto con la asociación gremial y se tomaron en consideración sus comentarios.