La presente propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica. Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. La propuesta regulatoria, al constituirse como una Norma Oficial Mexicana, es de observancia general para los proveedores que presten servicios educativos en los términos señalados por el objetivo y campo de aplicación. En el presente documento, en el numeral 2, se detalla la problemática relacionada con asimetrías de información y mercados ineficientes que derivan en transacciones inequitativas. La materialización de tal situación se encuentra en las quejas que los consumidores interponen ante la Procuraduría Federal del Consumidor. La propuesta regulatoria pretende mitigar y prevenir las diferencias entre las partes involucradas en el sector regulado, es decir las quejas ya que tienen un impacto negativo tanto para consumidores como para prestadores de servicios. Con ello se espera corregir los fallos de mercado enunciados y contribuir a mejorar el nivel educativo de la población que utiliza estos servicios educativos.

En la prestación de los servicios educativos se deben de observar y aplicar las disposiciones previstas en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las Leyes de educación de las entidades federativas, Reglamentos y normatividad vigente emitidas por las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Siendo las Autoridades Educativas las competentes y encargadas de verificar su cumplimiento. Los aspectos comerciales de la prestación del servicio educativo se regirán por la Ley Federal de Protección al Consumidor, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. No obstante, este marco jurídico, por sí mismo, resulta insuficiente en atender la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento debido a que no regulan, de forma específica el sector de la presente propuesta, además que, dado el contexto presentado, no han sido capaces de mitigar la problemática descrita en el numeral 2 del presente documento. En este sentido, la propuesta regulatoria brindar acciones regulatorias eficientes para atender dicha problemática, y guarda coherencia con los principios de mejora regulatoria relacionados con buscar el máximo bienestar social al menor costo posible, debido a que mitiga erogaciones monetarias para consumidores y prestadores de servicios, lo que se demuestra en el Apartado III, subapartado D, numeral 11, en que se comprueba que los beneficios son notoriamente superiores a los costos lo que se traduce en que la regulación propuesta es una medida costo-eficiente y costo-efectiva, esto es, social y económicamente viable.

No emitir regulación alguna

La problemática descrita en el numeral 2 del presente documento evidencia una situación no deseable en el mercado de servicios educativos. Tiene un alto impacto económico tanto para consumidores como para prestadores de servicios. En este sentido, no emitir regulación más allá de corregir la problemática, significaría continuar con el mencionado impacto económico negativo para consumidores y oferentes, así como continuar con desincentivar la competitividad y el desarrollo del mercado. Por ello, no se considera como viable esta alternativa.

Esquemas de autorregulación

Actualmente no se tiene identificado algún esquema autorregulatorio en el sector objeto de la presente propuesta. En este sentido, no existe un esquema formal y sistemático que permita aseverar que existen reglas a seguir por los participantes y mecanismos que permitan el cumplimiento de dichas reglas para lograr un funcionamiento adecuado del mercado. No resulta viable la implementación de algún esquema autorregulatorio de este tipo, toda vez que existiría una alta probabilidad de que la problemática, lejos de resolverse, se pudiese agravar. Esto se puede inferir con base en los antecedentes y la evidencia empírica aportada por PROFECO.

Esquemas voluntarios

El mercado de servicios educativos evidencia las fallas identificadas en el numeral 2 del presente documento. Dichos fallos se materializan con la presentación de quejas de los consumidores. Al respecto, la implementación de un esquema voluntario no puede considerarse como una alternativa viable debido a que las diferencias entre consumidores y prestadores de servicios educativos, no se han podido resolver. Así, el sector objeto de la regulación no cuenta con un esquema de cumplimiento voluntario que garantice la resolución de conflictos, es decir, la resolución de las quejas que indican tales diferencias o asimetrías de información. El fallo de mercado identificado no ha sido corregido de forma voluntaria por los prestadores de servicios educativos. Por esta razón, no resulta factible un esquema de cumplimiento voluntario debido a que persiste la problemática identificada.

No Aplica

Establecen requisitos

Establecen requisitos Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica” busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la evaluación de la conformidad de la propuesta regulatoria estará a cargo de la Procuraduría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, así como por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, y tiene como objetivo comprobar el cumplimiento del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, por parte de los proveedores de servicios educativos. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de verificación y la constancia de cumplimiento, así como su vigencia por periodos máximos de dos años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación.

Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Capítulo 3. Disposiciones generales Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Capítulo 7. Evaluación de la conformidad

Establecen obligaciones

Establecen obligaciones Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica” busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación. Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Descripción Este capítulo establece la vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Economía, conforme a la legislación y normatividad aplicable. En el numeral 8.1 se señala que la Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el numeral 8.2 indica que la Procuraduría está facultada para dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que comprenden los servicios educativos. Justificación La incorporación de las atribuciones en materia de verificación y vigilancia, resulta muy importante para que la implementación y el seguimiento se lleve a cabo de una forma eficiente. Así mismo, brinda certeza jurídica al mercado de servicios educativos sobre la entidad responsable de tales actividades.

Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Capítulo 2. Términos y definiciones Capítulo 3. Disposiciones generales Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Capítulo 8. Verificación y vigilancia.

Establecen o modifican estándares técnicos

Establecen o modifican estándares técnicos Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación.

Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Capítulo 2. Términos y definiciones Capítulo 3. Disposiciones generales Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Capítulo 7. Evaluación de la conformidad

Establecen procedimientos de evaluación de la conformidad

Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación

Capítulo 7. Evaluación de la conformidad

Otras

Otras Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Descripción Este capítulo establece la vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Economía, conforme a la legislación y normatividad aplicable. En el numeral 8.1 se señala que la Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el numeral 8.2 indica que la Procuraduría está facultada para dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que comprenden los servicios educativos. Justificación La incorporación de las atribuciones en materia de verificación y vigilancia, resulta muy importante para que la implementación y el seguimiento se lleve a cabo de una forma eficiente. Así mismo, brinda certeza jurídica al mercado de servicios educativos sobre la entidad responsable de tales actividades. En términos de competencia, implica transparencia para que el comportamiento de los oferentes participantes en este mercado se conduzca de forma confiable lo que se traducirá en promover condiciones equitativas, así como garantizar los objetivos regulatorios. Capítulo 9. Concordancia con normas internacionales Descripción Este capítulo establece que la propuesta regulatoria no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de su elaboración. Justificación La inclusión del capítulo brinda certeza jurídica a las partes involucradas sobre el grado de concordancia que existe con alguna norma internacional, en los términos que señala el marco jurídico vigente en materia de normalización. Capítulo 10. Bibliografía Descripción El presente apartado contiene un listado del marco jurídico e instrumentos normativos que sirvieron de base en la elaboración de la presente propuesta regulatoria. Justificación La inclusión de las referencias o bibliografía, aporta certeza y transparencia a las partes interesadas y al público en general, en caso que se requiera ahondar en los temas abordados por la propuesta regulatoria.

Capítulo 2. Términos y definiciones Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Capítulo 9. Concordancia con normas internacionales Capítulo 10. Bibliografía

Las acciones regulatorias que promueven la eficiencia del mercado al establecer condiciones de equidad para los participantes son: Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación. Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Descripción Este capítulo establece la vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Economía, conforme a la legislación y normatividad aplicable. En el numeral 8.1 se señala que la Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el numeral 8.2 indica que la Procuraduría está facultada para dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que comprenden los servicios educativos. Justificación La incorporación de las atribuciones en materia de verificación y vigilancia, resulta muy importante para que la implementación y el seguimiento se lleve a cabo de una forma eficiente. Así mismo, brinda certeza jurídica al mercado de servicios educativos sobre la entidad responsable de tales actividades. En términos de competencia, implica transparencia para que el comportamiento de los oferentes participantes en este mercado se conduzca de forma confiable lo que se traducirá en promover condiciones equitativas, así como garantizar los objetivos regulatorios.

Las acciones regulatorias que promueven la eficiencia del mercado al establecer condiciones de equidad para los participantes son: Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación. Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Descripción Este capítulo establece la vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Economía, conforme a la legislación y normatividad aplicable. En el numeral 8.1 se señala que la Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el numeral 8.2 indica que la Procuraduría está facultada para dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que comprenden los servicios educativos. Justificación La incorporación de las atribuciones en materia de verificación y vigilancia, resulta muy importante para que la implementación y el seguimiento se lleve a cabo de una forma eficiente. Así mismo, brinda certeza jurídica al mercado de servicios educativos sobre la entidad responsable de tales actividades. En términos de competencia, implica transparencia para que el comportamiento de los oferentes participantes en este mercado se conduzca de forma confiable lo que se traducirá en promover condiciones equitativas, así como garantizar los objetivos regulatorios.

Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Capítulo 2. Términos y definiciones Capítulo 3. Disposiciones generales Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Capítulo 8. Verificación y vigilancia.

Las acciones regulatorias que promueven la eficiencia del mercado al establecer condiciones de equidad para los participantes son: Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación. Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Descripción Este capítulo establece la vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Economía, conforme a la legislación y normatividad aplicable. En el numeral 8.1 se señala que la Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el numeral 8.2 indica que la Procuraduría está facultada para dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que comprenden los servicios educativos. Justificación La incorporación de las atribuciones en materia de verificación y vigilancia, resulta muy importante para que la implementación y el seguimiento se lleve a cabo de una forma eficiente. Así mismo, brinda certeza jurídica al mercado de servicios educativos sobre la entidad responsable de tales actividades. En términos de competencia, implica transparencia para que el comportamiento de los oferentes participantes en este mercado se conduzca de forma confiable lo que se traducirá en promover condiciones equitativas, así como garantizar los objetivos regulatorios.

Las acciones regulatorias que promueven la eficiencia del mercado al establecer condiciones de equidad para los participantes son: Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, establece en el objetivo y campo de aplicación, las disposiciones y requisitos mínimos de carácter comercial a las que se sujetarán todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica, esto es, del nivel inicial, preescolar, primaria, y secundaria, que lo ofrezcan e impartan a cambio de una contraprestación económica, con autorización expresa de las autoridades educativas, en los diferentes niveles, modalidades y opciones educativas. También define los derechos y obligaciones de los usuarios que contraten dichos servicios, procurando la equidad en las relaciones entre particulares prestadores del servicio educativo y usuarios bajo los principios de certeza, buena fe y seguridad jurídica Asimismo, se debe salvaguardar el derecho de los usuarios con la finalidad de no afectar, por causas económicas o comerciales, la continuidad de sus estudios y la certificación de los estudios realizados. La propuesta regulatoria, al ser una norma oficial mexicana, es de observancia general para todos los particulares prestadores del servicio educativo del tipo de educación básica en la República Mexicana. Justificación La definición del objetivo y campo de aplicación es de gran relevancia ya que establece el alcance en materia de servicios educativos que pretende la regulación. En este sentido, delimita con claridad el mercado regulado y brinda certeza jurídica a las partes interesadas y al público en general. Al respecto, establece especificaciones y reglas claras para el mercado regulado lo que fomenta la competencia al establecer homogeneidad e igualdad de circunstancias. Por último, contribuye a proporcionar mayor y mejor información disponible, eliminan los riesgos de mercados asimétricos y, en términos generales, aporta mejores condiciones para consumidores y oferentes. Capítulo 2. Términos y definiciones Descripción El presente capítulo incorpora una serie de términos con sus respectivas definiciones que se utilizan a lo largo del texto que conforma la propuesta regulatoria. Justificación Para los propósitos de la propuesta, debido a su naturaleza como regulación técnica, resulta indispensable la incorporación de las definiciones de los términos utilizados. Su inclusión contribuye a una aplicación eficiente, tanto por parte de los sujetos regulados, como por las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad. En este sentido, evita una interpretación discrecional, es decir, se evitan las asimetrías de información entre las partes involucradas (y en el público en general) lo que permitirá alcanzar los objetivos regulatorios de una forma más eficiente. Capítulo 3. Disposiciones generales Descripción La propuesta regulatoria, la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2021 “Servicios educativos-disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica”, busca igualdad entre el oferente y consumidor, buscando esclarecer la información otorgada, la interpretación y los cambios repentinos que puedan beneficiar a una sola de las partes involucradas en las transacciones dentro del mercado regulado Este capítulo de la propuesta regulatoria estipula, como su nombre lo indica, las disposiciones o lineamientos generales que regirán a los prestadores de servicios educativos información o publicidad relativa a los servicios educativos que se difunda por cualquier medio o forma, debe ser veraz, clara, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al usuario por ser engañosa o abusiva, ello, en términos de lo dispuesto por dicho capítulo. Justificación Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen como objetivo evitar la mala interpretación inducida por la publicidad que pueda incidir de forma negativa (sesgo) en la elección del consumidor. Cabe señalar que toda la información que esté relacionada con la prestación de servicios deberá ser otorgada a los consumidores y regida por medio del contrato de adhesión que se ceñirán a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. En materia económica, busca mitigar el riesgo de selección adversa y su consecuente deterioro en el bienestar del consumidor. Ante dicho problema de selección adversa en la adquisición de cualquier otro bien, el consumidor podrá optar por adquirir un bien de mayor calidad o cambiar de proveedor; en ambos casos implica un nuevo desembolso monetario lo que representa tal deterioro en el bienestar. Sin embargo, en el sector educativo, el nivel de ingreso determinará una restricción para que la movilidad descrita, sobre todo en cuestión de cambiar de proveedor, se pueda materializar y, además del deterioro en el bienestar monetariamente hablando, puede incidir en un grado de deserción para cuando el consumidor cuenta con un ingreso apenas limitado destinado a la educación. En este sentido, de forma agregada, puede materializarse en un retroceso en el nivel educativo de la población. Para los propios prestadores de servicios la problemática señalada en el numeral 2 del presente documento, el presente capítulo pretende establecer condiciones de equidad en la competencia, evitar barreras a la entrada de nuevos participantes, así como evitar desembolsos innecesarios en la atención de quejas que puedan mitigarse. Por ello, el establecimiento de disposiciones generales permitirá mitigar tales problemas y contribuir a la competitividad, desarrollo y eficiencia del mercado de servicios educativos. Capítulo 4. Especificaciones, características, términos y condiciones aplicables a los particulares prestadores de servicios educativos. Descripción La propuesta regulatoria incluye en el capítulo 4 seis numerales que se refieren, en términos generales, a que los prestadores del servicio educativo deben informar una serie de elementos indispensables antes de la inscripción o reinscripción, los cobros que pueden realizar y que se realiza en moneda nacional, uniformes escolares, incumplimiento en pagos por parte de los consumidores, entre otros elementos importantes. Justificación El capítulo 4 describe los elementos esenciales para que las transacciones sean adecuadas entre oferentes y consumidores. En este sentido, contar con información completa antes de materializar una transacción, permitirá mitigar riesgos relacionados con asimetrías de información. Así, la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad de enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos. La incorporación de este apartado permite contar con claridad para las partes involucradas, es decir, mayor información y de mejor claridad. Para los consumidores implica evitar el problema de selección adversa mientras que, para los proveedores de servicios educativos, implica mitigar quejas no fundamentadas que puedan incidir de forma negativa en sus ingresos y, por consecuencia, en materia de una desventaja competitiva . En suma, el presente apartado permitirá evitar tales situaciones no deseables, ni para consumidores ni para oferentes, por lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la regulación y al buen funcionamiento del mercado. Capítulo 5. Obligaciones de los particulares prestadores del servicio educativo Descripción En el capítulo cinco de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones de los particulares prestadores de los servicios educativos. Vale la pena destacar aquellas obligaciones contenidas en el numeral 5.1, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: a) Presentar a los usuarios, por conducto de la asociación de usuarios o del grupo que represente a los mismos del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios ofrecidos para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días hábiles antes del periodo de reinscripción; b) No incrementar las colegiaturas durante el ciclo o periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación. c) No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los usuarios; d) Devolver en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones cuando el usuario de aviso respecto a que no participará en el siguiente ciclo escolar. La devolución será íntegra pen caso que se avise cuando menos dos meses antes del inicio del ciclo escolar. Cuando dicho aviso se dé con anticipación menor a la señalada, los montos sujetos a devolución serán pactados con los usuarios conforme al numeral 6.10 de la presente NOM; e) No exigir a los usuarios, que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deben ser superiores a los disponibles al usuario en el comercio en general; f) Que la participación en eventos cívicos, sociales o recreativos, organizados o promovidos por los particulares prestadores del servicio educativo, que impliquen gastos adicionales, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del usuario del servicio; y g) No exigir libros, útiles escolares y vestuario nuevo. Sólo pueden requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los útiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. Además de lo anterior, contempla obligaciones en materia de servicios, personal docente, así como en lo referente a información y publicidad de servicios educativos, todo ello contemplado en los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. Justificación La incorporación de este capítulo permite que los servicios educativos cuenten con especificaciones mínimas a fin de que sean satisfactorias. Ello permite a los consumidores y, sobre todo, a los prestadores de servicios educativos, contar con certeza sobre las especificaciones y mitigar el riesgo de quejas que puedan deteriorar el patrimonio de estos. En este sentido, supone mayor información para los competidores lo que se traduce en transferencia de conocimiento y, en términos generales, implica que se pueden alcanzar los objetivos de la regulación al contar con una mejor condición en el mercado y se evitan las asimetrías e ineficiencias identificadas. Capítulo 6. Del Contrato de Adhesión Descripción El capítulo 6 de la propuesta regulatoria incluye la información mínima que deben contener los contratos de adhesión con que deben contar con los proveedores de servicios educativos. Justificación La homologación de la información de los contratos de adhesión, en primera instancia, brindar certeza jurídica a las partes involucradas, es decir, consumidores y proveedores de servicios educativos. En este sentido, promueve las mejores prácticas y evita asimetrías en el mercado ya que todos los participantes tienen certeza sobre la información mínima indispensable para llevar a cabo una transacción comercial asociada a servicios educativos. en consecuencia, es muy importante para lograr los objetivos regulatorios y mejorar la competitividad en el mercado. Capítulo 7. Evaluación de la conformidad Descripción El capítulo 7 establece que la Evaluación de la Conformidad es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana y comprende el procedimiento de inspección. En cualquier momento y a petición de parte el particular prestador del servicio educativo puede solicitar a la Unidad de Inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de la materia, los servicios de evaluación para obtener el Dictamen de Cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. El procedimiento de evaluación de la conformidad considera la revisión documental de la prestación del servicio e información comercial señalados en la propuesta. Al respecto, describe con detalle la forma en que deberá llevarse a cabo todo el proceso que deberán atenerse tanto los sujetos regulados en la obtención del dictamen de cumplimiento, así como su vigencia por periodos de cinco años. Justificación La verificación del cumplimiento con las regulaciones técnicas es indispensable para comprobar que la implementación de la propuesta regulatoria es eficiente. En este sentido, al establecer con claridad la forma en que se lleva a cabo tal procedimiento, brinda certeza jurídica a los sujetos regulados y las entidades encargadas de la evaluación de la conformidad, evita interpretaciones discrecionales, promueve condiciones de equidad en términos de competencia y contribuye a una implementación eficiente de la regulación. Capítulo 8. Verificación y vigilancia. Descripción Este capítulo establece la vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Economía, conforme a la legislación y normatividad aplicable. En el numeral 8.1 se señala que la Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento; la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás ordenamientos legales aplicables. Asimismo, el numeral 8.2 indica que la Procuraduría está facultada para dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que comprenden los servicios educativos. Justificación La incorporación de las atribuciones en materia de verificación y vigilancia, resulta muy importante para que la implementación y el seguimiento se lleve a cabo de una forma eficiente. Así mismo, brinda certeza jurídica al mercado de servicios educativos sobre la entidad responsable de tales actividades. En términos de competencia, implica transparencia para que el comportamiento de los oferentes participantes en este mercado se conduzca de forma confiable lo que se traducirá en promover condiciones equitativas, así como garantizar los objetivos regulatorios.

La propuesta regulatoria contempla esquemas para prevenir las diferencias entre los oferentes y demandantes de servicios educativos. Al establecer con claridad y de forma homologada las bases sobre las cuales se deben prestar estos servicios, se podrá resolver los fallos de mercado identificados y se evitará el riesgo de establecer rigideces con respecto al cambio de proveedor de servicios educativos. En este sentido, la propuesta regulatoria atiende la problemática descrita al resolver las diferencias que pudieran existir entre el prestador de servicios educativos y los consumidores de los mismos, además de incentivar la competencia y el buen funcionamiento del mercado. En el Apartado III, subapartado D, numeral 11 del presente documento se detallan los beneficios netos que, al ser positivos, denotan que los beneficios son superiores a los costos, y al considerar una mejoría en la situación actual de consumidores y unidades económicas reguladas, se garantiza que la propuesta cumple con los objetivos de mejora regulatoria y se puede considerar como una medida costo-eficiente y costo-efectiva, esto es, social y económicamente factible; en otras palabras, atiende a buscar el máximo bienestar social. Por último, la evaluación de alternativas se encuentra en el numeral 4 del presente documento.

Prestadores de servicios educativos de nivel básico, en los términos que señala el objetivo y campo de aplicación de la propuesta regulatoria.

Los costos de la propuesta regulatoria se evalúan en un horizonte de cinco años y de forma acumulada ascienden a 34 millones 286 mil 348.5 pesos, lo que equivale a costos promedio anuales por 6 millones 857 mil 269.7 pesos. En la Tabla 29 se muestran los costos totales que son la suma de los costos relacionados con contratos de adhesión y por el cumplimiento. El desembolso por contratos de adhesión se realiza por una sola ocasión en el horizonte evaluado, en tanto que los costos de cumplimiento se desembolsan cada cinco años . Tabla 29 Costos totales de la propuesta regulatoria Periodo Contratos de adhesión Cumplimiento Total 1 13,189,178.5 21,097,170.0 34,286,348.5 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 Total 34,286,348.5 Promedio 6,857,269.7 Fuente: elaboración propia Para cumplir con la regulación, los centros educativos deberán presentar ante el Registro Público de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor, sus contratos de adhesión. Al respecto, existen dos tipos: contratos tipo y no tipo. La diferencia entre ellos radica en que el primero es un contrato general elaborado por PROFECO para que los prestadores de servicios educativos puedan hacer uso de ellos. Los segundos, son elaborados por los centros educativos, de acuerdo a las características particulares de sus servicios, y son presentados ante PROFECO para su revisión, y en su caso, aprobación. Basta con registrar una de las dos modalidades para dar cumplimiento con la regulación. En la Tabla 30 se muestran los montos por registrar los contratos de adhesión mencionados que consideran un monto promedio (con base en los dos tipos que se mencionaron) por 926.50 pesos, más costos administrativos por 30 pesos, lo que representa un costo unitario de 956.50 pesos que implicaría para cada unidad económica el registro del contrato de adhesión. Tabla 30 Costos unitarios del registro de contratos de adhesión Tipo de costo Monto Contrato de adhesión tipo 884.00 Contrato de adhesión no tipo 969.00 Promedio 926.50 Costo administrativos 30.00 Total 956.50 Fuente: elaboración propia con datos de Profeco Para agregar los costos del registro de contratos de adhesión, se consideran las 13 mil 789 unidades económicas de que se tiene registro en el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicha cantidad de unidades económicas, multiplicadas por los costos unitarios del registro del contrato de adhesión, arrojan un monto total por 13 millones 189 mil 178.50 pesos que se detalla en la Tabla 31 Tabla 31 Costos de contratos de adhesión Nivel educativo U. Económicas Costo Total Escuela de educación pre escolar 9,612 956.50 9,193,878.00 Escuela de educación primaria 3,232 956.50 3,091,408.00 Escuela de educación secundaria técnica 92 956.50 87,998.00 Escuelas de educación secundaria general 853 956.50 815,894.50 Total 13,789 3,826.00 13,189,178.50 Fuente: elaboración propia Por último, los costos de cumplimiento se refieren a la obtención del dictamen de cumplimiento por parte de una unidad de inspección . De acuerdo con las tarifas vigentes, los costos del dictamen de cumplimiento se encuentran en el orden de 1,500 pesos; se consideran además 30 pesos de costos administrativos lo que implica un costo unitario por 1,530 pesos. Este costo unitario, multiplicado por las 13 mil 789 unidades económicas, representa un costo agregado por 21 millones 97 mil 170 pesos y se realizará con una frecuencia de cinco años. Lo anterior se detalla en la Tabla 32. Tabla 32 Costos de cumplimiento de la propuesta regulatoria Concepto Cantidad Dictamen de cumplimiento 1,500 Costos administrativos 30 Subtotal 1,530 Unidades económicas 13,789 Total 21,097,170 Fuente: elaboración propia, con base en datos de DENUE y del mercado de la evaluación de la conformidad Con lo expuesto en el presente apartado se da cumplimiento con la identificación y cuantificación de los costos que representa la propuesta regulatoria.  

Consumidores y prestadores de servicios educativos de nivel básico.

Los beneficios identificados se refieren a la mitigación de la problemática identificada en el numeral 2 del presente documento. Se tienen beneficios para consumidores y proveedores de servicios educativos del orden de 18.14 millones de pesos y 14.5 millones de pesos respectivamente, esto es, unos 32 millones 635 mil 466 pesos anuales. De forma acumulada representan 163 millones 177 mil 331 pesos. En la Tabla 33 se muestra el detalle de lo expuesto. Tabla 33 Beneficios agregados de la propuesta regulatoria Periodo Consumidores Proveedores Total 1 18,136,466 14,499,000 32,635,466 2 18,136,466 14,499,000 32,635,466 3 18,136,466 14,499,000 32,635,466 4 18,136,466 14,499,000 32,635,466 5 18,136,466 14,499,000 32,635,466 Total 90,682,331 72,495,000 163,177,331 Fuente: elaboración propia Para el caso de los consumidores, el impacto económico de las quejas detalladas representa un deterioro en el bienestar de estos agentes económicos. Debido a que la implementación de la propuesta regulatoria constituye una variable binaria en cuanto a la resolución de la problemática, se podrían mitigar las quejas interpuestas ante PROFECO. En la Tabla 34 se muestra la estimación de los beneficios, que se obtuvieron con base en la cantidad de quejas por nivel educativo y el precio ponderado correspondiente. Por ejemplo, en el nivel primaria, durante 2019 se registraron 288 quejas y el precio de los servicios asociados es de 51 mil 324.28 pesos anuales, lo que representa que, de mitigarse, se aportarían beneficios por 14 millones 781 mil 393 pesos de este nivel educativo. La suma de los beneficios de los niveles educativos regulados representa beneficios por 18 millones 136 mil 466.22 pesos . Tabla 34 Beneficios por mitigación de quejas para los consumidores Nivel educativo Quejas Precio ponderado Beneficios Preescolar 52 40,282.65 2,094,697.55 Primaria 288 51,324.28 14,781,393.13 Secundaria 18 70,020.86 1,260,375.54 Total 358 18,136,466.22 Fuente: elaboración propia Para los prestadores de servicios educativos, la implementación de la propuesta regulatoria, también representan beneficios. Estos beneficios se encuentran dados por el ahorro en el desembolso por la asignación de un especialista para resolver dichas quejas. De acuerdo con la información histórica de las quejas presentadas ante Profeco, el tiempo mínimo promedio para resolver una queja es de 5.87 meses (ver VII.1 Información estadística adicional), tiempo que requeriría los servicios de un profesional en derecho. De acuerdo con el mercado laboral actual, el sueldo medio mensual se ubica en unos 13 mil 500 pesos . El sueldo medio, multiplicado por el tiempo que, para este caso se establece un escenario de solo tres meses (casi la mitad del tiempo reportado por PROFECO), representa un monto mínimo por 40 mil 500 pesos que cada queja interpuesta les representa a cada unidad económica (ver Tabla 35). Tabla 35 Monto unitario mínimo por queja presentada Concepto Cantidad Sueldo medio de profesional en derecho 13,500.0 Meses promedio mínimos 3.00 Total 40,500.00 Fuente: elaboración propia con datos de Profeco y del mercado laboral De esta forma, la implementación de la regulación implicaría la mitigación de las quejas y que los sujetos regulados no deban realizar desembolsos del orden de 14 millones 499 mil pesos anuales por concepto de resolver las quejas. En la Tabla 36 se muestran los beneficios por la mitigación de quejas para los prestadores de servicios educativos. Tabla 36 Beneficios por mitigación de quejas para los prestadores de servicios educativos Nivel educativo Quejas Sueldos Total Preescolar 52 40,500 2,106,000 Primaria 288 40,500 11,664,000 Secundaria 18 40,500 729,000 Total 358 14,499,000 Fuente: elaboración propia con datos de Profeco y del mercado laboral Con lo expuesto en el presente apartado, se da por atendido la identificación y cuantificación de los beneficios de la propuesta regulatoria.

Formación de grupo de trabajo/comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto

El Comité Consultivo Nacional Normalización de la Secretaria de Economía (CCONNSE), es el responsable de la elaboración de la presente propuesta regulatoria en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuyo propósito es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a los padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la elaboración, revisión y análisis de la presente propuesta de regulación, instruyó la creación un Grupo de Trabajo en el cual participaron las siguientes instituciones y dependencias: • Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, “Justo Sierra”, A.C. (ANIEP) • Alianza de Maestros A.C. • Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborables (CONOCER) o Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo • Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVITUR) o Comisión de Normalización • Centro Educativo Salomé Chaparro A.C. • Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad, A.C. (CEIDIC) • Colegio Cristóbal Colón • Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) • Confederación Patronal de la República (COPARMEX) Ciudad de México • Confederación Patronal de la República (COPARMEX) Sonora Norte • Federación de Escuelas Particulares del D.F, A. C. • Federación de Escuelas Particulares del Estado del Norte de Sonora • Federación de Escuelas Privadas del Norte de Tamaulipas en Nuevo Laredo Federación de Escuelas Particulares del Estado de Querétaro A.C. • IESCA • IT Lawyers. SC • Procuraduría Federal del Consumidor o Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza o Subprocuraduría de Servicios Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento Dirección General de Quejas y Conciliación Dirección General de Procedimientos • Secretaría de Educación Pública o Subsecretaria de Educación Básica Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia • Secretaría de Economía o Dirección General de Normas

Las propuestas tanto técnicas como editoriales de los integrantes del grupo de trabajo quedaron plasmadas en el documento que constituye la propuesta regulatoria.