El instrumento claramente va mucho más allá de una política y, además de ir por encima de varias leyes y reglamentos vigentes, tendrá impactos en todos los proyectos renovables en operación, en pruebas y en construcción. Lo anterior, porque exige un nivel de requerimientos vinculante a todos ellos, no previsto en el marco vigente, y genera limitaciones a su operación que se traducen en una clara expropiación de valor a las inversiones. Los 169 activos solares y eólicos que serán impactados suman casi 25 mil millones de dólares de inversión en 25 estados del país y representan casi 78,000 empleos directos en la manufactura, construcción, operación y mantenimiento de los mismos.