Comentarios Generales En término generales, la MIR hace un trabajo bastante malo en cuantificar el impacto de esta regulación. Entre otras cosas, la OCDE recomienda (ver. Pg. 68, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf ) que para definir el problema de la regulación se contesten, entro otras, las siguientes preguntas: ¿Quién es afectado por la problemática? Según la sección 2 del apartado I, parece que el afectado es el gobierno ya que las autoridades financieras “no cuentan con facultades de supervisión por lo que no existe algún ente protector de la estabilidad del sistema financiero ni los intereses de los usuarios de este sector”. La MIR no hace referencia a la existencia de algún otro afectado y, por lo tanto, no está claro qué problemática se quiere atender. ¿Se cuenta con evidencia suficiente de que existe un problema? Al respecto, la MIR no hace referencia a ningún tipo de evidencia de la existencia de un problema. ¿Está claro el alcance del problema o se cuenta solo con información anecdótica? No está claro el alcance del problema y se cuenta solo con información anecdótica, principalmente el problema consistente en “la inexistencia de un marco jurídico específico”. Asimismo, no se presenta evidencia que en la actualidad se usen estas tecnologías para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Se trata de un problema menor o de un riesgo significativo? Según la sección 2 del apartado I, “no existe algún ente protector de la estabilidad del sistema financiero”. Sin embargo, no se incluye ningún tipo de evidencia de que las operaciones reguladas en el anteproyecto sean de tal cantidad que signifiquen un riesgo significativo. De hecho, según información pública, el valor del mercado entero de crowdfunding en México durante el 2017 fue de US$21 millones, lo que resulta un monto que no arriesga la “estabilidad del sistema financiero” (ver https://www.statista.com/outlook/335/116/crowdfunding/mexico#). Se debe considerar que el problema (en caso de que exista) es menor. Por último, la OCDE recomienda que se realice una evaluación más profunda en materia de competencia económica en caso de que la regulación limite el número o variedad de proveedores. Según la OCDE, es posible que esto suceda cuando se establecen (i) procesos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para operar, (ii) limita la capacidad de ciertos tipos de proveedores para prestar un servicio u ofrecer un bien, (iii) eleva de forma significativa el costo de entrada o de salida para un proveedor. Con respecto al (i), el anteproyecto prevé la necesidad de una autorización gubernamental para operar. Con respecto al (ii), limita la capacidad de los proveedores al establecer de forma limitativa los tipos de servicios que pueden ofrecer (ver, por ejemplo, Artículos 19 y 25). Con respecto al (iii), eleva de forma significativa el costo de entrada, puesto que el Artículo 39 establece diversos requisitos operativos, de gobierno corporativo, contables, y de infraestructura cuyo cumplimiento requiere de inversión previa y, por consiguiente, opera como una barrera de entrada. Es evidente que la regulación opera como una barrera a la libre competencia y, por lo tanto, se debería optar por estudiar de forma más rigurosa el impacto que tendrá en la competencia de esta industria. Comentarios Particulares Con respecto a la pregunta 1.1.#1 del apartado I de la MIR, es incorrecto que no existe un marco regulatorio suficiente para dar certidumbre jurídica en esta industria. Lo previsto en el Código Civil Federal y el Código de Comercio ya establecen el principio de libertad contractual, con respecto al cual las personas pueden organizar las operaciones de la manera que ellas crean más eficiente. Las operaciones llevadas a cabo vía internet pueden ser litigadas como cualquier otro contrato, sin que sea necesario establecer qué tipo de operaciones pueden o no ser llevadas a cabo (como lo hace el anteproyecto). Con respecto a la pregunta 1.1.#2 del apartado I de la MIR, resulta poco creíble que esta ley resulte en una mayor inclusión financiera. Al revés, mediante la exigencia de una autorización gubernamental y el incremento en los costos de operación de estas empresas causará, necesariamente, (i) un incremento en las tasas de interés de los créditos colectivos, y (ii) que exista un menor número de proveedores de este tipo de servicios. Estos efectos son contrarios al objetivo de la inclusión financiera. Con respecto a la pregunta 1.1.#3 del apartado I de la MIR, es claro que el redactor del proyecto no conoce la industria regulada y, por consiguiente, es altamente improbable que el esquema “flexible” de los Modelos Novedosos pueda funcionar. Intentar arrancar un start-up cuyo primer paso sea recibir una autorización gubernamental que acredite que la idea es un “Modelo Novedoso” es virtualmente imposible. Los inversionistas en start-ups esperan que el capital inyectado sea utilizado para la creación del producto y para su inserción al mercado, no para pagar gastos relacionados con la obtención de autorizaciones gubernamentales. En esencia, este anteproyecto espera que los emprendedores busquen financiamiento sin que éstos puedan garantizar que la autoridad autorizará su Modelo Novedoso. Con respecto a la pregunta 1.1.#4 del apartado I de la MIR, es extraño que el objetivo de la ley sea “reducir los costos en los productos y servicios financieros” y que, por otra parte, incremente la carga regulatoria. Como cualquier persona podría entender, una mayor carga regulatoria conlleva un mayor gasto en la operación del negocio y, por consecuencia lógica, un mayor costo del servicio o producto. Con respecto a la pregunta 2 del apartado I de la MIR, no queda claro que este anteproyecto genera incentivos para la incorporación de nuevos participantes. Al revés, genera desincentivos al convertirse en un sector altamente regulado con una barrera de entrada adicional. Por otra parte, la aseveración de que las “instituciones tecnológicas no pueden desarrollarse adecuadamente dada la incertidumbre jurídica que produce esta ausencia normativa” carece de cualquier fundamento. Si acaso, la inexistencia de regulaciones y cargas regulatorias genera incentivos para la innovación de nuevos productos y servicios. La existencia de diversas empresas que han comenzado a desarrollarse en esta industria no regulada son evidencia de lo anterior. Asimismo, carece de sustento la aseveración de que “se prestarán mayores servicios financieros, con menores costos de transacción, abriendo el mercado a nuevos participantes”. Si acaso, el mercado se cerrará en virtud de las cargas regulatorias y la exigencia de permisos gubernamentales otorgados a discreción de la autoridad, como lo prevé el anteproyecto. Con respecto a la Alternativa #4 del apartado II, no se cita ningún fundamento o evidencia para acreditar que los usuarios se quejan de la “incertidumbre jurídica” actual. El incremento en las empresas de este sector es evidencia de que existe mayor demanda, lo cual evidencia que no existe el problema de la “incertidumbre jurídica”. Con respecto al problema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, este problema podría atenderse mediante reformas a otras leyes como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita u otras. Con respecto a la pregunta 10.4 del apartado III, es absurdo pensar que el requisito de autorización gubernamental “promueven la eficiencia del mercado dado que filtran a los oferentes en razón del cumplimiento de requisitos mínimos”. ¿Ese es el rol de las autoridades gubernamentales? ¿Por qué creen que la CNBV y otras autoridades podrían filtrar a los oferentes de mejor manera que, como hasta ahora, lo hace la libre oferta y demanda de productos y servicios? Me inclino a pensar que no. Con respecto a la pregunta 12 del apartado III, la MIR señala que el marco regulatorio “se traduce en mayor confianza de los consumidores”. Esta aseveración carece de sustento alguno. Al respecto, existe evidencia de que (i) más de 30% de los consumidores de servicios financieros no utiliza el servicio de banca por celular ya que tiene desconfianza en el mismo, (ii) más de 20% de los consumidores de servicios financieros no utiliza el servicio de banca por internet ya que tiene desconfianza en el mismo, y (iii) más de 23% de los consumidores de servicios financieros no utiliza las tarjetas de débito ya que tiene desconfianza en las mismas. (Ver Encuesta Nacional de Inclusión Financiero 2015 en: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf) Como se puede observar, el nivel de desconfianza en los servicios financieros es bastante alto si consideramos que éstos no son novedosos y han existido desde hace muchos años. Si la participación de las autoridades en este sector no ha logrado que exista confianza en productos convencionales, no existe razón para creer que su participación en nuevas tecnologías aumentará la confianza de los consumidores. Con respecto al apartado “Describa de manera general los beneficios que implica la regulación propuesta” de la pregunta 12 del apartado III, la respuesta presentada en la MIR es bastante mala. Según la MIR el beneficio de la regulación es, precisamente, la regulación. Así nada más, sin fundamento o evidencia alguna. Esta respuesta contraría lo recomendado por la OCDE en la descripción de objetivos, puesto que la OCDE recomienda que “Los objetivos de política pública deben estar expresados en términos de fines, no de los medios por los cuales se alcanzarán”. (ver pg. 69, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf= El único beneficio patente en el anteproyecto es que se autoriza el financiamiento colectivo de capital, mismo que por el momento se encuentra restringido a las ofertas privadas que cumplan con lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores. Por lo demás, no se presenta evidencia alguna de cualquier otro beneficio. Con respecto a la pregunta 13 del apartado III, las justificaciones son bastante dudosas si se considera que la MIR no incluye un estimado de los costos necesarios para cumplir con el esquema regulatorio propuesto. A los derechos de registro ante la CNBV, habría que agregar el costo de los abogados, contadores y oficiales de cumplimiento que se tendrían que contratar para cumplir con la regulación. La MIR no hace ningún intento de cuantificar estos costos. Con respecto a la pregunta 14 del apartado III, se debe añadir que la regulación impactará de forma importante a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo anterior ya que el artículo 37 del anteproyecto establece que para solicitar autorización de la CNBV el solicitante deberá contar con la infraestructura y los controles necesarios, incluyendo oficinas, sistemas operativos, contables y de seguridad. En otras palabras, el anteproyecto exige que primero se realice la inversión y, posteriormente, se pida la autorización. En efecto, el éxito de la inversión realizada no dependerá del éxito del producto o servicio, sino en una autorización gubernamental que, según el propio anteproyecto, será otorgada de forma discrecional. El Diagnóstico 2016 del Fondo Nacional Emprendedor emitido por el INADEM, encontró que las micro, pequeñas y medianas empresas carecen de acceso a capital (ver https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/Diagno%CC%81stico_FNE-2016.pdf). Como la regulación propone que los solicitantes inviertan capital para posteriormente pedir autorización, será muy difícil que las micro, pequeñas y medianas empresas entren a este mercado, si éstas tienen dificultades para acceder a capital desde un principio.