El anteproyecto de reforma planteado por la autoridad debe considerarse de alto impacto, no de impacto moderado como equivocadamente lo están sometiendo ante la CONAMER, ya que tiene repercusiones importantes en el sector transporte y afecta a todas las empresas transportistas y considerando que el examen médico es un requisito para la obtención de una Licencia Federal se debe considerar el universo de usuarios que ronda en aproximadamente 1 un millón de personas, quienes serían afectadas con estas modificaciones, ya que se hacen más estrictos los requisitos, se limita la libre participación del mercado y se restringen derechos anteriormente consolidados, lo que va provocar un desequilibrio en el sector económico del transporte, por lo que dicha reforma debe considerar las opiniones cuando menos de las camaras de transporte y de la sociedad en general en un lapso de tiempo más amplio en el que se discutan los verdaderos costo beneficios del proyecto, no los que la autoridad consideró erronamente en esta reforma que plantea. el artículo 49 del reglamento vigente, establece que una autorización para prestar el servicio para realizar el examen psicofísico integral tiene una duración de 5 años y la reforma pretende que dicha duración se reduzca a 2 años, eso va en perjuicio del ciudadano empresario inversionista ya que su empresa no tendrá un futuro estable y no tendrá incentivos para prestar un servicio de calidad y contar con el equipamiento e infraestructura de última generación, eso en perjuicio de los transportistas que se practican el examen medico. Lo anterior va provocar una merma economica en los mercados y baja calidad de servicios. El artículo 50 del Reglamento vigente, establece que la tarifa que se aplica en la prestación del servicio de examen médico es libre, es decir el médico autorizado tiene libertad para establecer su propia tarifa, la cual la puede aumentar o disminuir, ésto en razón de la oferta y la demanda, fundamentos básicos de la libre competencia y concurrencia económica, sin embargo el proyecto de reforma pretende que ahora la autoridad tenga que aprobar dichas tarifas, lo cual constituye provocaría fallas en el mercado, provocando un desequilibrio en un sector que lleva años funcionando adecuamente regulandose conforme a la oferta y la demanda.