La regulación propuesta tiene el objetivo general de dotar de mayor seguridad jurídica en las relaciones de consumo tanto a los consumidores como a los proveedores, a través de la implementación de mecanismos eficaces para que, por una parte, se garanticen, promuevan y protejan los derechos del consumidor, y por la otra, se otorgue certeza a los proveedores en cuanto a la forma en la que deben dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y así evitar ser sancionados por su inobservancia. Para efecto de lo anterior, en la propuesta regulatoria que se presenta, se incluyen tres nuevas figuras: 1. Alertas y llamados a revisión; 2. Políticas de compensación por demoras y retrasos de vuelos; y 3. La revisión voluntaria de la publicidad que sometan los proveedores a esta Procuraduría, previo a su difusión. Con la inclusión de la nueva figura de alertas y llamados a revisión, los consumidores podrán identificar un bien o producto defectuoso o dañino que pueda ser riesgoso para su vida, salud o economía. Además, ante el problema de información asimétrica identificado, el consumidor afectado contará con un mecanismo que le permita la posibilidad de obtener la reposición, reparación, o compensación del bien dañado. Asimismo, la regulación establece una herramienta de señalización con la que identifica productos defectuosos para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones de consumo, con base en información veraz, comprobable y clara. Por el lado de las externalidades, la regulación implementa mecanismos para que los proveedores restituyan a los consumidores afectados por un bien, producto defectuoso o dañino, o por un servicio que no cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables, a fin de proteger los derechos del consumidor. Por su parte, con la figura de las políticas de compensación por demoras y retrasos de vuelos, los consumidores podrán conocer y hacer uso de los mecanismos para ejercer sus derechos ante las demoras y retrasos de vuelos, evitando externalidades en su perjuicio. Con el diagnóstico previo de una publicidad, se podrá evitar un riesgo potencial que afecte a los consumidores derivado de una publicidad engañosa o confusa, favoreciendo de esta manera los derechos de los gobernados, así como corrigiendo fallas de mercado. Adicionalmente, los proveedores también serán beneficiados al tener certeza jurídica en cuanto a las acciones que deben realizar ante la Procuraduría para la reposición del bien o producto, o por el retraso o demora de algún vuelo, evitando con ello abusos incluso de algunos consumidores que pudieran exigir un derecho que no les corresponde. Además, al someter su publicidad a un diagnóstico previo de la Procuraduría, se evitará la difusión de una publicidad engañosa y abusiva, que pueda ser materia de un procedimiento y sanción, y genere una pérdida económica para su industria. Cabe precisar que con la presente propuesta regulatoria se busca dar cumplimiento al Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018, a fin de reglamentar las nuevas disposiciones normativas de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y establecer los mecanismos a través de los cuales se materializarán las nuevas figuras. En este sentido, con la regulación propuesta se busca disminuir la asimetría de derechos existentes entre consumidores y proveedores en las relaciones de consumo, a través de la ejecución de mecanismos que permitan garantizar la existencia de certeza y seguridad jurídica entre las partes, así como relaciones de consumo más sanas. Finalmente, con esta propuesta de reglamento se armoniza el marco jurídico en materia de protección al consumidor, respecto de las disposiciones legales que han sido emitidas o actualizadas recientemente, como es el caso de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil.

La Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, no resultan suficientes debido a la generalidad que caracteriza a las disposiciones legales, lo que puede obstaculizar el debido ejercicio de los derechos a los gobernados y comprometer la debida vigilancia por parte de la autoridad. En este sentido, es necesario que las figuras incorporadas en el presente anteproyecto, se regulen de manera más específica en el mismo. Para el caso de la emisión de alertas, esta Procuraduría cuenta con el “Protocolo de acción en materia de gestión de alertas y seguridad de producto”, de carácter interno aunque ha sido aceptado por los proveedores para la emisión de alertas y, cuyo objetivo general es conocer los pasos para emitir o publicar una alerta rápida; sin embargo, este instrumento resulta insuficiente para dar sustento a los actos administrativos que emita la Procuraduría, pues para tales efectos y de acuerdo con el principio de legalidad, todos los actos que emita cualquier autoridad deben estar fundados y motivados, por lo que el instrumento jurídico idóneo para cumplir con este mandato es la presente propuesta regulatoria. Ésta tiene como finalidad reglamentar lo ya dispuesto por la ley, cumpliendo de esta manera con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se dará sustento a los actos que emita la Procuraduría por medio de un ordenamiento de jerarquía superior al Protocolo existente, que además tendrá el carácter de vinculante para los gobernados y no sólo para los servidores públicos, como hasta ahora sucede con el mencionado Protocolo. Ahora bien, con base en la reforma del 11 de enero de 2018 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se implementó el siguiente sitio Web: https://www.gob.mx/profeco/documentos/diagnostico-publicitario-copy-advice?state=published Mediante éste, la Procuraduría Federal del Consumidor pone a disposición el servicio de diagnóstico publicitario, y de esta manera se revisa la publicidad de los proveedores antes de que se difunda en medios de comunicación, emitiendo una opinión no vinculante. De igual manera, dicho mecanismo resulta insuficiente para la operatividad del servicio de diagnóstico publicitario, ya que es necesario señalar especificaciones que estén sustentadas en un instrumento jurídico que brinde mayor certeza jurídica a los particulares, como lo es la presente propuesta regulatoria.

No emitir regulación alguna

En caso de que no se emitiera regulación alguna, no se tendría la fuerza coercitiva, ni el mecanismo mediante el cual habrá de cumplirse con la obligación, para que a través de su observancia, se cumplan debidamente las disposiciones mandatadas por la ley. Por ello, en el supuesto de no emitir regulación alguna al respecto, no hay certeza de que los proveedores cumplan con lo previsto en la Ley, y en consecuencia, que se afecte de manera sistemática los derechos de los consumidores, quienes son la parte más vulnerable en la relación de consumo. Cabe precisar que no se puede dejar al arbitrio de los proveedores el cumplimiento de una norma jurídica, aunado a que derivado de la aprobación y publicación de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la elaboración del Reglamento de dicha ley, se estableció como una obligación en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma a Ley, por lo que de no cumplir con el mismo se estaría incurriendo en un incumplimiento a un mandato legislativo. En materia de las tres figuras que se proponen (alertas y llamados a revisión, registro de políticas de compensación por demoras y retrasos, y revisión voluntaria de la publicidad) es necesario emitir una regulación, toda vez que es preciso establecer un procedimiento específico mediante el cual se lograrán materializar. El anteproyecto presentado prevé dicho procedimiento, lo que a su vez constituye una ventaja tanto para proveedores como consumidores, dado que, por un lado, los consumidores podrán identificar un bien o producto o bien defectuoso o dañino que sea peligroso para su vida, salud, seguridad o economía; también podrán conocer la manera de ejercer sus derechos ante las demoras y retrasos de vuelos, e inclusive, se podrá evitar un riesgo potencial que afecte su vida, salud, seguridad o economía derivado de una publicidad engañosa o confusa. Por otro lado, los proveedores también serán beneficiados al tener certeza jurídica en cuanto a las acciones que deben realizar ante la Procuraduría para la reposición del bien o producto, o por el retraso o demora de algún vuelo, evitando con ello abusos incluso de algunos consumidores que pudieran exigir un derecho que no les corresponde. Además, al someter al someter su publicidad a un diagnóstico previo de la Procuraduría, se evitará la difusión de una publicidad engañosa y abusiva, que pueda ser materia de un procedimiento y sanción, y genere una pérdida económica para su industria. Cabe precisar que toda vez que las nuevas figuras propuestas tienen como objetivo primordial la prevención de alguna afectación en la economía, salud y seguridad de los consumidores, otorgar certeza en cuanto a la manera en la que los proveedores serán compensados ante retrasos por demoras o cancelaciones de vuelos, y prever una posible afectación por una publicidad engañosa o abusiva, es fundamental que se encuentren previstas en un ordenamiento jurídico reglamentario, además de que derivado de la aprobación y publicación de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se estableció como una obligación en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma a Ley, la reforma a su reglamento, por lo que de no cumplir con el Transitorio se estaría incurriendo en un incumplimiento a un mandato legislativo. Por el contrario, una de las grandes desventajas de la no emisión de la regulación propuesta, la constituye la incertidumbre jurídica en la que se dejaría a los gobernados, quienes no tendrían certeza de sus derechos y la manera de ejercerlos. De ahí que el desconocimiento de sus derechos podría tener como consecuencia la comisión de abusos por parte de los proveedores; asimismo, la no emisión de la regulación podría generar un perjuicio a los proveedores al tener incertidumbre jurídica respecto de las acciones que debe realizar ante la Procuraduría para la reposición del bien o producto o por el retraso o demora de algún vuelo, además de que, al no contar con la posibilidad de someter su publicidad a un diagnóstico previo de la Procuraduría, los proveedores podría ser sujetos de un procedimiento o sanción, lo cual redundaría en pérdidas económicas a sus empresas e industria. Finalmente, la no emisión de la propuesta regulatoria generaría una responsabilidad para la Procuraduría, ante el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma a Ley Federal de Protección al Consumidor.

No emitir regulación alguna

Operar con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, no resulta viable en virtud de que las Leyes no poseen la especificidad necesaria para garantizar que, de manera uniforme, se atiendan, resuelvan y señalen los eventos de compraventa en los que el bien o servicio comercializado se encuentre defectuoso o dañado, o bien, en la manera en la que se compensará a un consumidor por la demora o retraso en algún vuelo. Por ello, se considera que esta posibilidad obstaculizaría significativamente a la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión y vigilancia, en perjuicio de los derechos de los consumidores, permitiendo la generación de externalidades, así como la presencia de información asimétrica en beneficio de los proveedores

Otro tipo de regulación

La no emisión de la regulación de las alertas y llamados a revisión dejaría a los consumidores en estado de indefensión, vulnerando sus derechos, como lo son su derecho a la protección, el derecho a elegir, el derecho a la seguridad y calidad, su derecho a la compensación y el derecho a la información. Todos éstos, derechos que tutela nuestra Carta Magna en su artículo 28, mismo que establece lo siguiente: “La ley protegerá a los consumidores y proporcionará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”. En ese tenor, la emisión de las alertas tiene por objeto hacer del conocimiento de la población en general aquellos productos que pueden representar un riesgo para la vida, la salud y seguridad de los consumidores, para lo cual se han intensificado esfuerzos a fin de detectar este tipo de productos, no sólo de las visitas de verificación que se realizan o por medio del intercambio de información con diversas agencias de protección al consumidor, sino mediante el rastreo de productos mediante los diversos portales de internet con la finalidad de detectar productos riesgosos, para que, en su momento, se solicite a los proveedores o fabricantes de los mismos en nuestro país, proporcionen información sobre los mismos, a efecto de determinar la viabilidad de emitir una alerta. No es posible emitir un instrumento distinto al Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en virtud de que la Ley es muy expresa, en sus artículos Cuarto y Quinto Transitorios, respecto a la obligación de emitir el presente instrumento, en los términos y alcance que prevé el anteproyecto de referencia. Adicionalmente, es indispensable reglamentar las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que la ley únicamente prevé generalidades, las cuales deben plantearse en un procedimiento que no puede establecerse en la ley, sino en ordenamiento secundario como un reglamento. De lo contrario sería imposible materializar y operar las nuevas figuras previstas en la ley. Además, aún y cuando se puede hacer uso de algunas disposiciones en normas oficiales mexicanas, de lineamientos u otros instrumentos jurídicos que se previeron, el Reglamento de la Ley constituye un instrumento imprescindible en el marco normativo de la Institución ya que hay señalamientos expresos en la LFPC que remiten al mismo. Cabe aclarar, incluso, que conforme a la estructura y contenido de la propuesta regulatoria, también se considera la emisión de lineamientos o criterios complementarios, derivados de las disposiciones de la ley y del mismo Reglamento propuesto.

Esquemas voluntarios

Permitir a los proveedores que motu proprio realicen la compensación, reposición o reparación de los bienes o servicios que por cualquier motivo hayan sido comercializados con algún daño o defecto, puede comprometer la efectividad con la que se atienden y resuelven este tipo de situaciones en México, lo cual repercute en el ejercicio de los derechos de los consumidores. Ahora bien, en caso de permitir que los proveedores continúen incumpliendo con lo ofertado en sus vuelos, sin que su incumplimiento sea sancionable o tenga alguna consecuencia, hace más visible la relación asimétrica entre los proveedores y consumidores, y que incluso, se merme la calidad de los servicios, perpetuando las fallas de mercados en las relaciones de consumo.

Población, grupo industria potencialmente afectada.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Sí aplica

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Otros riesgos o afectaciones potenciales (especifique)

Consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor tiene como objetivo empoderar al consumidor, mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable. Para lograr lo anterior, es necesario implementar tres acciones regulatorias de vital importancia: la emisión de alertas y llamados a revisión, la realización del diagnóstico publicitario previo a su emisión, y el resarcimiento a los consumidores ante los retrasos, demoras o cancelaciones de vuelos. Alertas o llamados a revisión La Procuraduría emite alertas como medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores. De igual forma, da a conocer las alertas de otras autoridades sobre productos defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, y ordena el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o daños que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados. En consecuencia, la Procuraduría requiere al proveedor para que remita la información que obre en sus archivos o bases de datos, tales como: el número de consumidores notificados, la cantidad de productos o servicios involucrados y su distribución geográfica, las acciones, plazos, calendarios, programas de mantenimiento o de pago, cartas compromiso, presupuestos o cualquier otra medida dirigida a cumplirlas, y tiene la potestad de supervisar la disposición de los productos o servicios involucrados y los avances en la atención a los consumidores. Diagnóstico publicitario Por otra parte, en materia publicitaria, se advierte que en muchas ocasiones la publicidad de bienes o productos puede ser engañosa, lo que induce al consumidor a error o confusión, respecto de las características y calidad de los productos o servicios. El diagnóstico publicitario es una herramienta preventiva mediante la cual se analiza, previo a su difusión por cualquier medio, la publicidad sometida a consulta por parte de los proveedores, emitiéndole una opinión no vinculante para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de publicidad. Registro de políticas de compensación al pasajero por cancelación o retrasos de vuelos Otro aspecto relevante en la categoría “consumidores o economía”, es la relativa a la problemática que originaban los retrasos o cancelaciones de vuelos imputables a las aerolíneas, lo que implicaba que los consumidores no fueran compensados o retribuidos por dichos retrasos o demoras. Por esta razón, las reformas a la Ley de Aviación Civil publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2017, hacen explícitos los derechos y obligaciones de los pasajeros, además de establecer la obligación de los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte aéreo, de registrar sus políticas de compensación y/o indemnización en favor de los consumidores. El registro que por virtud de este mandato estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, garantizará en primera instancia el derecho a la información de los consumidores, así como los estándares mínimos de compensación y/o indemnización en caso de cancelaciones o retrasos que sean imputables a los concesionarios, resultando de ello, una mayor certeza, confiabilidad y equidad en la contratación de este servicio. En suma, la Procuraduría Federal del Consumidor fortalece la protección de los derechos e intereses, la vida, la salud, la seguridad y la economía de los consumidores en todo el territorio nacional, intensificando esfuerzos por medio del intercambio de información con diversas agencias de protección al consumidor.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Con la presente regulación se espera fortalecer los mecanismos para garantizar y velar que los derechos de los consumidores sean respetados a través de instrumentos coercitivos que aseguren el cumplimiento de sus derechos. En este sentido, se espera una modificación positiva en el comportamiento de los proveedores, fomentando una mejor competencia entre ellos y de esa manera, corregir fallas en los mercados, lo que se refleja en una disminución de la asimetría existente entre los proveedores y consumidores. Asimismo, la precisión de los preceptos de la ley que pretende el anteproyecto, propiciará una mejor interpretación y aplicación de la misma, con ello, los consumidores podrán conocer mejor sus derechos y ejercerlos ante la Procuraduría.

Alertas o llamados a revisión La importancia de fortalecer la protección de los derechos e intereses, la vida, la salud, la seguridad y la economía de los consumidores en México, como lo señala la Ley Federal de Protección al Consumidor, es vital. Su objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; así como contar con la información clara y adecuada sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos. Además de lo anterior, es necesario destacar que la seguridad de productos es un desafío interinstitucional, ya que excede el alcance de las competencias de las agencias de protección al consumidor y deben necesariamente enfocarse desde una perspectiva sistemática e interdisciplinaria que involucre todas las instituciones nacionales con cometidos relacionados a la seguridad de los productos, incluyendo a las autoridades de vigilancia en materia sanitaria, de metrología, de aduanas, entre otros. Por otro lado, trata de un reto internacional, frente al cual los países no pueden hacer frente de forma aislada, sino que buscan la cooperación a nivel subregional, hemisférico y global. La necesidad de acción colaborativa crece a medida que los mercados más desarrollados fortalecen la cooperación para evitar el ingreso de productos inseguros a sus territorios, provocando que dichos productos sean desviados a mercados con niveles de protección más bajo y de menor coordinación interinstitucional. En este escenario, en noviembre del 2010, a través del Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM), se implementó la Red de Alerta Rápida, como una plataforma que en México informa a los consumidores sobre productos que pudieran poner en riesgo su integridad física, su economía e incluso, su vida. Por lo tanto, permite el intercambio ágil de información entre las autoridades competentes en materia de control comercial y sanitario de productos, servicios y alimentos en el mercado mexicano e internacional. Por tal razón, resulta necesario que dicha regulación quede establecida en el reglamento propuesto, ya que estas herramientas se consolidarán como un mecanismo eficiente y eficaz en beneficio de los consumidores, esencialmente cuando se trate de un producto que pone en riesgo su vida, su salud, su seguridad o su economía. Diagnóstico publicitario Con relación al diagnóstico publicitario, la comparación entre las cifras arrojadas antes de la reforma y las arrojadas posterior a la misma, evidencia que los proveedores se acercan a la Procuraduría para solicitar este servicio y prever que la publicidad que emitan no sea engañosa ni abusiva en perjuicio de los consumidores. En el mismo orden de ideas, la cantidad de procedimientos por infracciones a la ley (PIL’s) por publicidad engañosa refleja una disminución a partir de la reforma, lo cual es inversamente proporcional al número de solicitudes de diagnóstico publicitario, ya que mientras más solicitudes de diagnóstico se realizaron, los PIL´s disminuyeron. Lo anterior, debido a que la publicidad que difunden los proveedores es apegada a lo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que beneficia a ambas partes: a los consumidores se les asegura que no recibirán publicidad engañosa y abusiva, mientras que a los proveedores que no serán sujetos a un procedimiento administrativo que culminará en una sanción. Por tales motivos, es necesario incorporar el procedimiento correspondiente en la propuesta regulatoria a fin de contar con los elementos suficientes para la adecuada protección al consumidor. Registro de políticas de compensación al pasajero por cancelación o retrasos de vuelos Con relación al sector aerolíneas se presentó un incremento en el número de quejas interpuestas por los consumidores, por lo que puede advertirse que éstos conocen sus derechos y los hacen valer; es importante recalcar que, del total de 2,045 quejas por demoras, cancelaciones y retrasos en vuelos, el porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio es de un 81%, con un monto recuperado de $4´115,784.50 a favor de los consumidores. En este sentido, entre el 27 de junio y el mes de diciembre de 2017, el porcentaje de conciliación fue del 78%; durante el ejercicio 2018 el porcentaje de conciliación fue del 81% y, finalmente, del 1 de enero al 30 de junio de 2019 el porcentaje de conciliación fue del 84%, de ahí la importancia de la regulación del registro de políticas de compensación al pasajero por cancelación o retrasos de vuelos. Para concluir, la relevancia de las tres regulaciones anteriormente descritas, como son la emisión de alertas y llamados a revisión, la realización del diagnóstico publicitario previo a su emisión y el resarcimiento a los consumidores ante los retrasos, demoras o cancelaciones de vuelos, son fundamentales para la promoción de un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, que se traduzca en una efectiva protección a los derechos del consumidor.  

No Aplica

Crea

Establecen requisitos

indefinida

medios escritos

▪ Escrito libre o formato de aviso para la emisión de alertas o llamados a revisión ▪ En caso de personas físicas, identificación oficial vigente ▪ En caso de personas morales, acta constitutiva; poder notarial e identificación oficial vigente del apoderado

Indeterminada

No

no aplica

De acuerdo con el artículo 70, fracción I del RLFPC, uno de los supuestos para la procedencia de la emisión de las alertas o llamados a revisión es la notificación voluntaria e inmediata por parte de los proveedores a la Procuraduría, al detectar que los productos afectan o pueden afectar la vida, seguridad o economía de los consumidores, debiendo éstos aportar las características físicas y técnicas del producto, así como imágenes para la identificación clara e indubitable del bien, producto o servicio reportado sobre el que se emitirá la alerta o el llamado a revisión. Asimismo, se establece la obligación del proveedor de informar a la Procuraduría las medidas adicionales que adoptará para hacer del conocimiento del consumidor la situación notificada, así como los medios de contacto y atención al consumidor y el procedimiento a seguir para la reparación o sustitución total o parcial del producto, bien o servicio con las mismas o similares características, además de la bonificación o compensación a la que tiene derecho el consumidor. Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC

Aviso de los proveedores para la emisión de alertas o llamados a revisión

Crea

Establecen requisitos

6 meses

Medios escritos

Escrito libre o en su caso, formato de solicitud de registro o modificación de políticas de compensación ▪ Proyecto de políticas de compensación ▪ Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en su caso alta de hacienda ▪ Acta constitutiva de la sociedad ▪ Poder notarial otorgado al representante legal ▪ Identificación oficial vigente de apoderado

indeterminada

Si

Treinta días hábiles para emitir respuesta a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de políticas de compensación.

✔ Derivado del Decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de junio de 2017, el cual es de observancia obligatoria para las aerolíneas desde el 8 de noviembre de 2017, de conformidad con el último párrafo del inciso a), fracción V, del artículo 47 BIS, las mismas registrarán sus políticas de compensación, en las que se establece la forma en que las aerolíneas compensarán o indemnizarán a los pasajeros cuando el retraso o demora sea imputable a la misma, para lo cual se requiere de un trámite para que los proveedores cumplan con esta obligación de registro prevista en la LAC. Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC.

Inscripción en el Registro de Políticas de Compensación por Demoras y Retrasos de Vuelos atribuibles a los Concesionarios o Permisionarios del Transporte Aéreo de pasajeros

Crea

Establecen requisitos

indeterminada

Medios escritos

Formato de solicitud de diagnóstico publicitario ▪ Proyecto de pauta publicitaria inédita, completa y en idioma en español ▪ Medios en que serán difundidos ▪ Copia de identificación oficial del que suscribe ▪ Poder notarial otorgado al representante legal (en caso de ser persona moral)

indeterminada

No

no aplica

✔ En el caso de que los proveedores requieran orientación para sus pautas publicitarias, la Procuraduría puede realizar un diagnóstico publicitario a solicitud del proveedor, por medio del cual se revisa la publicidad antes de que se difunda en medios de comunicación, emitiendo una opinión no vinculante (es decir, no se trata de un permiso, autorización o visto bueno) que ayudará a que los proveedores cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y con las normas aplicables, lo anterior de conformidad con los artículos 30 y 31 del RLFPC. Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC

✔ Solicitud de diagnóstico publicitario

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC

No se puede estimar un costo unitario

2018

Industria y consumidores de los sectores alimentario, comercio, tecnologías de la información y comunicaciones.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Proveedores de bienes, productos o servicios.

El trámite actual es gratuito, solamente se considera el gasto de aproximadamente $25.00, correspondiente al dispositivo magnético (CD), por medio del cual el proveedor entregue la pauta comercial a analizar y de $2.00 del costo de la copia simple de identificación que se le requiere, haciendo un total de $27.00.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Al tratarse de opiniones únicas sobre las pautas comerciales que se presenten, los gastos que debe realizar el proveedor por cada solicitud de Diagnóstico Publicitario que presente, están estimados en $27.00, por lo que haciendo un supuesto de que solicite un proveedor 5 opiniones por año, el costo anual ascendería aproximadamente a $135.00.

Si bien el trámite de Diagnóstico Publicitario (Copy Advice) es gratuito, se puede determinar el costo aproximado de $25.00 por el dispositivo magnético (CD) en donde se entrega el material a analizar por parte del proveedor, más $2.00 de la copia simple que se le requiere, haciendo un total de $27.00. No obstante lo anterior, hay que considerar la inversión que realizan los proveedores de bienes, productos o servicios sobre la publicidad que diseñan.

2019

Proveedores de bienes, productos o servicios.

Si bien la opinión de diagnóstico es gratuita, el proveedor únicamente deberá realizar los gastos del dispositivo magnético (CD), donde entrega la pauta comercial de aproximadamente $25.00, más $2.00 de la copia simple de la identificación que se le solicita adjunte a la solicitud que presenta a la Profeco.

Proveedores de bienes, productos o servicios.

El trámite actual es gratuito, solamente se considera el gasto de aproximadamente $25.00, correspondiente al dispositivo magnético (CD), por medio del cual el proveedor entregue la pauta comercial a analizar y de $2.00 del costo de la copia simple de identificación que se le requiere, haciendo un total de $27.00.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

Al tratarse de opiniones únicas sobre las pautas comerciales que se presenten, los gastos que debe realizar el proveedor por cada solicitud de Diagnóstico Publicitario que presente, están estimados en $27.00, por lo que haciendo un supuesto de que solicite un proveedor 5 opiniones por año, el costo anual ascendería aproximadamente a $135.00.

No se puede estimar un costo unitario, se apuntan cifras agregadas.

2018

Particulares, aerolíneas y PROFECO

Los costos de la regulación son los equivalentes a producir y difundir información relativa a los derechos de los pasajeros de avión, por parte de los proveedores de los bienes y servicios, y los correspondientes a la Procuraduría. Particulares: Para los consumidores, tiene el único costo de acceder a esta información, el consumidor puede revisar la información por medios impresos o por medios digitales a través de un dispositivo móvil o una computadora. Para éste, existe el costo del servicio de internet, ya sea que acuda a un café internet, contrate el servicio referido en su hogar o en su dispositivo móvil. Según la ENDUTIH 2018 (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y el uso de Tecnologías de Información), de 74.3 millones de usuarios de internet en México, el 86.9% lo utilizó para obtener información. Aerolíneas: Los costos en que incurren las aerolíneas son los beneficios monetarios que entregan al consumidor como forma de compensación por demoras o cancelaciones de vuelos, derivados del cumplimiento a sus obligaciones legales como proveedores y del respeto a los derechos de los consumidores. PROFECO: Los costos en que incurre la Procuraduría son los equivalentes a los materiales de difusión como volantes, carteles, stands y también los costos de difusión de la información en redes sociales y medios digitales.

Población usuaria de líneas aéreas en territorio nacional que han sufrido afectaciones por demoras en sus vuelos, la cual ascendió, en 2018, a 10,119,200 pasajeros.

$26,248,400.98 (calculado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, 2ª quincena de julio 2018=100 y se deflacta con el dato diciembre 2018=1.0302).

Particulares: No se cuenta con información monetizada del gasto en internet en fuentes oficiales pero el gasto varía según el tipo de dispositivo que se utilice para los fines de obtener información. PROFECO: No se cuenta con información monetizada de los costos. Aerolíneas: El costo monetizado en el ejercicio 2018 fue de $27,042,102.96

$27,041,102.96

No es calculable el beneficio unitario debido a que manejan cifras aproximadas.

2017

Industria, los consumidores y la población en general.

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en el apartado correspondiente a esta pregunta.

124,041,731 de habitantes (Fuente: CONAPO. Proyecciones. Población a mitad de año 2017).

Actualmente el servicio de alertas o llamados a revisión es gratuito.

No se cuenta con información monetizada de los costos.

1,629.4902 millones de pesos en accidentes viales, (calculado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, 2da. quincena de julio 2018=100 y se deflacta con el dato diciembre 2017=0.9827) de los cuales son atribuibles al vehículo el 7.4%. Lo anterior da un total de 120.58 millones de pesos. Suponiendo que con las alertas se puede disminuir en 1% esta cifra anual, el beneficio anual, solo en el rubro de automóviles, sería de 1.2 millones de pesos.

La regulación del diagnóstico publicitario facilitará y garantizará la relación estrecha entre consumidor-proveedor, en virtud de que este trámite ante la Profeco garantizará el derecho de la población a tener información veraz, oportuna y comprobable respecto a la comercialización de bienes, productos o servicios ofrecidos por los proveedores, a través de cualquier medio publicitario. En ese sentido, el diagnóstico publicitario es un mecanismo preventivo tanto para el proveedor como para la sociedad, en razón de que, evitará las prácticas comerciales engañosas y erradicará la utilización de estrategias de venta y publicidad que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre el servicio ofrecido, y con ello, se evitará el engaño y el error de consumo, en especial de la población vulnerable. En concordancia con lo anterior, se reducirán los procedimientos por infracciones al artículo 32 de la LFPC, mismo que prohíbe la utilización de publicidad engañosa, así como la imposición de sanciones a los proveedores infractores de la ley.

2019

Proveedores de bienes, productos o servicios; consumidores de bienes, productos o servicios que reciben la publicidad a través de televisión, radio, internet y medios impresos.

El establecimiento obligatorio del Diagnóstico Publicitario (Copy Advice), beneficia por una parte a los proveedores que publicitan las características, beneficios o propiedades que tienen los bienes, productos o servicios que comercializan, al contar con una opinión en la que se establezca si se cumple o no con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la normativa vigente aplicable al caso concreto. Por otra parte, los consumidores resultan beneficiados, ya que al ser el principal objetivo de la publicidad que realiza el proveedor de bienes, productos o servicios, estaría ante una publicidad que cumple con lo establecido en la normativa vigente y se evitarían daños o engaños al momento de comprar. No obstante lo anterior, tomando como ejemplo la publicidad que se emite a través de los medios de comunicación masivos, se debe tomar en cuenta que la población beneficiada puede ser aproximadamente de 125’000,000 habitantes.

Proveedores de Bienes, productos o servicios, población consumidora de bienes, productos o servicios.

Actualmente el servicio de Diagnóstico Publicitario es gratuito.

Actualmente el servicio de Diagnóstico Publicitario es gratuito.

Para el caso de los proveedores, el beneficio anual sobre su publicidad será exponencial, considerando que para 2018 en México el gasto en publicidad ascendió a 4,21 mil millones de dólares, convirtiéndose así en el tercer mercado publicitario más grande de América Latina, de acuerdo a un estudio publicado por el portal Merca2.0.

No se calcula beneficio unitario, se apuntan cifras agregadas.

2018

Particulares, Aerolíneas, PROFECO

Los beneficios de la regulación se refieren a las mejoras que experimentarán los actores involucrados, gracias a la implementación de la normatividad en cuestión. Particulares: El beneficio al particular son las indemnizaciones aplicables por retrasos y cancelaciones en vuelos. Aerolíneas: El beneficio de las aerolíneas es que al difundirse la información normativa pueden prever y gestionar mejor sus incidencias, así como ahorrar costos. PROFECO: Disminución de quejas en el rubro del servicio de aerolíneas.

Población usuaria de líneas aéreas en territorio nacional que ha sufrido afectaciones por demoras en sus vuelos la cual asciende a 10,119,200

$26,248,400.98 (calculado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, 2ª quincena de julio 2018=100 y se deflacta con el dato diciembre 2018=1.0302)

Particulares: Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el año 2018, se recuperaron montos por procedimiento conciliatorio que ascienden a $2,073,664.59, además del monto por conciliaciones exprés por un total de $24,967,438.10, lo cual suma $27,041,102.96 en beneficio de los consumidores. Aerolíneas: No se cuenta con la estimación monetizada, sin embargo, se estiman beneficios que se verán reflejados en la calidad del servicio ofrecido por estas empresas. PROFECO: No se cuenta con la información monetizada, sin embargo, la regulación implicará beneficios para la administración interna de la Procuraduría toda vez que se calcula que el número de quejas presentadas ante la institución disminuirá considerablemente.

$27,041,102.96.

Formación de grupo de trabajo/comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto

● Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMDA) ● Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ● Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ● Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) ● Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO) ● Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Ver documento anexo denominado: Calculadora de Impacto regulatorio FORMULARIO PARTE 2 RLFPC, en la pregunta correspondiente y archivo denominado Anexo 2.