El Acuerdo, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de Negociación. Este instrumento jurídico, pionero en materia de protección ambiental, también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el Acuerdo se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y se establecen mecanismos para ponerlos en marcha. A través de la transparencia, la apertura y la participación, el Acuerdo contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región. Al vincular los marcos mundiales y nacionales en los temas que prevé, el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo, y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Asimismo, el Acuerdo tiene como objetivo luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.